Todavía no ha llegado el 11 de noviembre y el Ayuntamiento de Santander ya cuenta con que, para que la adjudicataria provisional de la contrata de recogida de residuos, Cepsa, puede hacer su trabajo, será necesario contratar a más de los 275 trabajadores que ahora tiene Ascan, concesionario cuyo contrato acaba de ser resuelto por el Consistorio. Asimismo, Cespa, que ya ha alquilado tres aljibes y tres camiones lavacontenedores, de los que no disponía el anterior adjudicatario, puede tener que acabar alquilando más vehículos si Ascan no le cede los que ha estado utilizando hasta ahora.
“Habrá que contratar a más gente -ha manifestado este martes el portavoz del equipo de gobierno, Javier Ceruti (Cs)-. Mi sensación es que la plantilla no cumple el número exigido”.
El Ayuntamiento, asimismo, no acepta de partida la petición de tres millones de euros que le hace Ascan para disponer del material rodante con que efectuar la recogida de residuos. Dicha cantidad corresponde con la amortización residual de los camiones hasta la conclusión del contrato, que estaba prevista en 2013. Para el Ayuntamiento, primero ha de evaluarse si tiene derecho a ser compensado antes de proceder a hacerlo, es decir, primero calcular los daños y perjuicios, tal y como recomienda en su dictamen el Consejo de Estado.
Al portavoz del gobierno local le consta que “muchas máquinas no funcionan”, lo cual ha sido causa del deterioro del servicio, entre otras, ya que era precisamente la compra y disposición de maquinaria la manera de compensar la reducción de plantilla (inicialmente la concesionaria disponía de 350 trabajadores). Por ello se ha previsto que Cespa asuma el alquiler de la maquinaria si Ascan no la entrega, lo cual, junto con el incremento de personal, supondría un sobrecoste de la contrata (se le ha adjudicado por 16.5 millones de euros anuales), tal y como ya augura la oposición socialista.
Respaldo técnico
Ceruti ha dicho que el equipo de gobierno está muy tranquilo ante los ataques que ha recibido del exconcesionario, en el sentido de que presuntamente la Junta de Gobierno Local hubiera podido cometer prevaricación. Según ha dicho, las decisiones tomadas, tanto la resolución del contrato de Ascan como la elección de Cespa para la recogida de la basura de manera transitoria hasta que se seleccione nuevo concesionario, se han adoptado siguiendo las recomendaciones de los servicios técnicos. Además, ha añadido, el Consejo de Estado ha considerado que no había más opción que la resolución del contrato a la vista de los incumplimientos de Ascan en la gestión del servicio.
Ceruti se ha mostrado solidario con los dos técnicos y el alto cargo querellados por Ascan -contra el interventor municipal, Ignacio Gómez Álvarez; la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez Fernández; y la jefa del Departamento de Desarrollo Sostenible, Julia Benito- y ha considerado que sigue siendo más necesaria que nunca la convocatoria de una comisión de investigación sobre lo ocurrido, toda vez que Ascan ha reconocido que la ciudad está sucia. En dicha comisión habría que averiguar “quién chantajeó a la concesionaria y le obligó a presentar una oferta a la baja” porque, según el argumento de la UTE, “solo caben dos circunstancias: o concurrió sabiendo que no iba a cumplir lo que prometía o fue obligada a concurrir por alguien y nos gustaría saber quién”.
Ceruti, ha afirmado que para él “sería un honor estar querellado junto al interventor” por su actuación en el contrato de basuras, que ha llevado a su resolución por incumplimientos graves por parte de la anterior adjudicataria, la UTE Ascan-Geaser. En este sentido se ha referido a la “injusticia extraordinaria” que en su opinión ha sufrido el interventor con la querella, pues “hizo lo que debía”, al advertir en un informe de los incumplimientos del contrato.
“Cumplió con su deber y ahora está querellado”, ha señalado el edil, que ha sufrido esta “amenaza” como miembro de la Junta de Gobierno local. “Nosotros hacemos lo que creemos que es justo y después que los tribunales decidan. Pero no podemos condicionar nuestra actividad al miedo a pasar apuros judiciales”, ha sostenido. “El interventor no condicionó su obligación al miedo de sufrir una querella y nosotros no lo vamos a hacer tampoco”, ha subrayado.
Parques y Jardines y Aqualia
También, el edil ha rechazado las comparaciones de Ascan con lo sucedido con los contratos de Parques y Jardines y de Agua, porque la situación es diferente. “Si Ascan-Geaser hubiera cumplido sus condiciones, hubiera llegado el vencimiento del plazo y aún no estuviera licitado el siguiente contrato, hubieran seguido ellos, como en Parques y Jardines, pero las circunstancias son completamente diferentes” porque tiene sentencias en contra por incumplimientos graves y un informe del Consejo de Estado “que dice que debemos resolver el contrato”.
Tampoco la comparación con Aqualia es oportuna, ha considerado. Con respecto al plan de reequilibro financiero de Aqualia, Ceruti ha recordado que la concesionaria del Servicio de Agua vio congeladas las tarifas para que su relación con el Ayuntamiento de Santander volviera a una situación de equilibrio, por lo que pudo seguir prestando mientras tanto el servicio.