El choque entre bañistas y surfistas en las playas cántabras sigue sin solución pese a las tasas y la regulación a las escuelas

A pesar de que la tradición surfera en Cantabria se remonta a los años 60, no fue hasta hace unos 15 años cuando los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos costeros se animaron a promocionarlo. A partir de ese momento, el surf comenzó a copar apariciones en los medios de comunicación y la gente empezó a conocer un deporte que pese a que se practicaba, continuaba siendo un gran desconocido para muchos. En aquel momento Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi comenzaron a recibir un turismo diferente que generó la aparición de decenas de escuelas de surf, así como de personas que viajaban por el Cantábrico probando sus playas.

Al ir haciéndose cada vez más llamativo el número de tablas en el mar, cada vez fue quedando menos espacio para los bañistas y estos comenzaron a quejarse de los peligros que podía suponer recibir el golpe de una tabla o tener un accidente. Sin embargo, aquellos que llevaban años practicando este deporte en sus playas observaban estupefactos cómo el verdadero peligro no provenía del surf, “sino de la inexperiencia”, y defendieron el valor de las escuelas y de aprender el deporte para evitar imprudencias.

Entre tanto, las escuelas siguieron creciendo como la espuma, y aunque en un principio sus propietarios eran personas ligadas al surf y con amplia experiencia, al ver la oportunidad muchos empresarios decidieron introducirse en un mundo desconocido pero que vieron rentable.

Por este motivo y al ver que el negocio del surf no dejaba de aumentar incontrolablemente, la Demarcación de Costas tomó la decisión hace cinco años de instaurar unas medidas que buscaban controlar el uso del espacio marítimo por parte de las escuelas. Dichas medidas también involucraron a los ayuntamientos, de hecho, fueron ellos los que decidieron el número de licencias concedidas a las escuelas y los que limitaron los espacios dedicados al surf y a los bañistas. No obstante, también se pasó a cobrar una tasa por cada tabla que entrase al agua y se puso un ratio máximo de ocho alumnos por monitor.

Arjuna Zapatero es el propietario de Surf Buena Onda, en San Vicente de la Barquera, donde además de las normas generales se ha establecido un máximo de alumnos en el agua a la vez. “El primer año nos afectó mucho porque pusieron un máximo de 30 alumnos cuando llevábamos 20 años trabajando con más, pero hicimos unas alegaciones y ya nos lo han ampliado a 50”, asevera el surfista.

Sin embargo, y a pesar de que Zapatero confiesa que era “necesario” regular el número de escuelas y considera que la norma ha sido “efectiva” para frenar el crecimiento, cree que lo demás se ha centrado “demasiado” en lo económico mientras siguen sin controlar las profesionalidad de los profesores: “Hay empresas que hacen del surf algo lúdico sin ser escuelas. Hacen acampadas y venden la palabra 'surf' como reclamo, pero no hay titulaciones”, insiste.

Por otro lado, David 'Capi' García es el dueño de la Escuela Cántabra de Surf, en Somo, y en su caso, que las escuelas saliesen a licitación pública no le pareció buena idea: “Llevo 32 años en esto y empecé desde abajo sin dar ningún tipo de problema. Y ahora que tengo una escuela con una inversión de millones de euros dependo de tener la licencia municipal”, sostiene. Asimismo, apunta a que si las administraciones hubieran hecho “más caso” a las escuelas cuando la burbuja comenzó a hincharse “hubiesen atajado este problema mucho antes”.

Así todo, Capi coincide con Arjuna en que da la sensación de que la norma se ha puesto en marcha con fines “principalmente recaudatorios” y ambos señalan que no tienen la sensación de que con ese dinero se esté dotando de más servicios a los surfistas: “Podrían hacer vestuarios, duchas, o simplemente poner socorristas todo el año. A mí no me importa que me que me quiten lo que me tengan que quitar pero que vaya a alguna parte”, advierte Capi.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio para la Transición Ecológica como representación de la Demarcación de Costas y solo ha respondido a una de las cuestiones planteadas. Esta era si planean determinar cuántas tablas de surf entran en el agua: “No es atribución de este Ministerio dado que no incide en la protección de las aguas y el medio marino”, han indicado.

Los socorristas y la “falta de autoridad”

De igual forma, sobre la efectividad de la regulación, ambos profesores y surfistas profesionales cuentan cómo en las playas no ha habido la descongestión que se buscaba debido a la moda de un deporte que las propias administraciones “se han esforzado en popularizar”, y los dos achacan a haber empleado poca lógica en que los surfistas externos a los centros no tengan que cumplir ninguna norma.

Precisamente, la zona de las escuelas y la de los bañistas está separada y, según cuenta Arjuna, hay ocasiones, sobre todo en verano, en las que los bañistas “incumplen su parte y tienes que ponerte tú a bregar con ellos”. Además, señala que también los surfistas ajenos a las escuelas a veces ponen en riesgo a los bañistas e incluso a ellos mismos: “Todo el mundo ahora se puede comprar una tabla y aquí no hay señalizaciones. El surf no es como la nieve, donde si no tienes nivel no se te ocurre meterte en una pista negra. Allí también hay mediadores que controlan que nadie esté donde no debe. En la playa lo que pasa es que la gente se mete en el agua, y si les cuestionas algo te dicen que es un espacio de todos”, argumenta.

Capi comparte la opinión de su compañero y añade que el problema de masificación “no se va a parar con las escuelas”: “Se venden muchísimas tablas a gente que no ha hecho surf en su vida, y esa gente es la que se mete en el agua y genera problemas. ¿No será mejor ir a una escuela profesional y que te enseñen el mar, las corrientes, los vientos, las normas de seguridad o cómo no entorpecer a otros surfistas? Somos profesionales y deberíamos tener más libertad para movernos”, indica Capi.

Así pues, tanto para Arjuna como para Capi, una de las soluciones sería dar más autoridad a los socorristas y que estos estén ahí durante todo el año: “En países como Francia delimitan una zona y la gente lo acata. Vivimos en playas donde hay olas y donde hay una tradición surfística. Los surfistas estamos durante todo el año, pero cuando vienen los turistas en verano, molestamos”, concluye Capi.

De igual manera, Arjuna reitera la importancia de que los socorristas tengan la capacidad de multar: “Son los que tienen que regular quién tiene nivel y quién no para estar en según qué zonas. Creo que a la Administración se le ha ido de las manos. Somos la playa de España y de Europa y hay mucha masificación. Se está poniendo peligroso y la gente de aquí no quiere surfear en verano. Estamos vendiendo nuestro patrimonio pero sin nada a cambio porque nadie contribuye al bienestar del entorno”, finaliza Arjuna.