Cómo combatir la despoblación: la tarea pendiente de las zonas rurales

Los gobiernos, las diputaciones o incluso los propios habitantes. Todos conocen los problemas a los que se está enfrentando España desde que en el siglo pasado los habitantes de los pueblos pequeños comenzaron a desplazarse a las ciudades. Frenar ese despoblamiento se ha convertido en cuestión de vida o muerte para muchas zonas rurales. Algunos organismos públicos están tratando de adoptar medidas, pero de momento no están resultando todo lo eficaces que desearían.

Olmeda de la Cuesta, un pueblo de Cuenca, representa una propuesta pionera. En 2013, el Ayuntamiento decidió vender 15 solares por valor de 2.000 euros e incluso por 200. Esta medida, que en un primer momento atrajo a los posibles compradores, no consiguió dar sus frutos, ya que a la hora de contabilizar los habitantes en el patrón municipal los cambios han sido mínimos. El resultado no fue del todo satisfactorio debido a que algunos de los compradores fueron vecinos del propio pueblo y otros, personas que buscaban una segunda residencia para pasar los fines de semana. En conclusión, el pueblo consiguió atraer turismo y darse a conocer, pero no aumentó su población.

El catedrático en Sociología Juan Carlos Zubieta cree que este tipo de medidas económicas “no ayudan demasiado, ya que deben ser más globales y centrarse en el desarrollo económico, social y cultural de la región”.

El catedrático de Geografía Humana Pedro Reques tiene una opinión muy aproximada a la del sociólogo: “Se están fomentando mucho esos apoyos económicos, que pueden ser necesarios pero no suficientes”. “No creo que dar dinero sea tan necesario como fomentar el empleo”, recalca.

Otras propuestas

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estableció el pasado año un paquete de 78 medidas para luchar contra la despoblación en España. La mayor parte de ellas hacen referencia a la necesidad de generar actividad económica y empleo, principales problemas de estos pueblos. Atajar la brecha tecnológica o dar ayudas especiales a la natalidad son dos de las medidas más demandadas. Además, económicamente despuntan las ayudas a la contratación, así como las subvenciones para la rehabilitación de viviendas.

Por su parte, Aragón presentó en octubre del año pasado su Directriz de Política Demográfica y Contra la Despoblación después de 20 meses de trabajo y 380 acciones concretas establecidas en 15 ejes de acción. La mejora de los servicios básicos y equipamientos, así como las ayudas a la movilidad, son dos de las medidas más costosas, pero destacables dentro de un programa “cuidado” que, según sus precursores, “de llevarse a cabo podría tener un éxito rotundo”.

Asturias es la comunidad autónoma con mayores problemas de despoblación y ha sido una de las que más rápido se ha movido para evitar que sus zonas rurales queden vacías. En diciembre del año pasado establecieron una subvención de 25.000 euros para jóvenes que decidan abrir un negocio en la zona rural con el compromiso de mantener la actividad de este durante al menos cinco años.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció en abril que se destinarían 130 millones de euros a la Estrategia para Revitalizar los Municipios Rurales y evitar el despoblamiento de los 78 municipios madrileños con menos de 2.500 habitantes. Por su parte, el Consejo de Gobierno de Castilla La Mancha anunció en 2017 que invertirían 490 millones de euros de fondos estructurales para atajar problemas estructurales como la despoblación o la tasa de desempleo.

El Gobierno estatal también marcó el pasado mes de mayo una hoja de ruta para combatir este despoblamiento masivo a través de ayudas económicas a jóvenes así como incentivos a emprendedores en pueblos pequeños. Por otro lado, la tarifa plana a autónomos que permite pagar 50 euros se prolongaría a dos años en lugar de uno para aquellos emprendedores que tengan su negocio y vivan en un municipio con menos de 5.000 habitantes. Pese a que aun no se han comenzado a aplicar estas medidas, la dotación económica de los Presupuestos Generales del Estado para esta problemática es de 1.443 millones de euros.

Respecto a los resultados de las medidas que han sido llevadas a la práctica, ningún ayuntamiento, gobierno local o estatal ha dado a conocer si se ha dado algún resultado satisfactorio o de crecimiento de la población después de la inversión económica. Esto podría deberse a la dificultad de paralizar este abrupto cambio demográfico y, recordando las palabras del Catedrático en Geografía Humana de la Universidad de Cantabria Pedro Reques, puede que se esté actuando en balde. “Creo que este modelo demográfico territorial es hijo de su momento histórico, por lo que el tema de la despoblación rural es poco reversible precisamente por ser consecuencia de procesos históricos de larga duración”.

Reques señala así la posibilidad de que esas medidas no están dando los resultados esperados por no estar adecuadas a las necesidades reales de esos lugares en proceso de despoblación. Lo que sí es cierto es que, analizando los resultados cuantitativos, ninguna de estas medidas -aplicadas o no- está dando sus frutos. Según el INE, esos lugares que se encontraban en pleno despoblamiento continúan estándolo y cada vez de forma más acusada mientras desde los organismos públicos se debaten estos paquetes de posibles soluciones.

Sin embargo, los españoles ya tendríamos un espejo en el que mirarnos gracias a Escocia, un territorio en el que ocurría exactamente lo mismo que en España pero con la diferencia de que allí sí que se ha conseguido frenar.

El exitoso caso escocés

Las Tierras Altas y las Islas de Escocia tenían como objetivo recuperar una amplia zona rural con grandes desventajas tanto demográficas como naturales. La principal característica de este modelo es que el encargado de combatir el problema es un organismo autónomo y despolitizado, lo que contribuye a que se apliquen diferentes medidas según la zona y sus nichos de negocio. Respecto a la parte económica, el dinero invertido en políticas de despoblación fue principalmente público -al principio fueron los propios vecinos los que recaudaron dinero- y ascendió a 94,4 millones de euros.

Además, las personas encargadas de proponer y lanzar esas medidas son especialistas de diferentes ámbitos, lo que no deja de restar importancia a las propuestas ciudadanas que estos especialistas se encargan de discutir y llevar a cabo en algunas ocasiones. También disponen de una sede central y varias oficinas territoriales donde se buscan tanto proyectos como personas que puedan jugar un papel fundamental como emprendedores.

A diferencia del sistema español, en el que los planes de desarrollo rural frente a la despoblación se basan en el sector primario, para los escoceses el desarrollo rural y sus políticas se corresponden con un asunto transversal que no solo afecta a ese sector. Por ello, tienen en cuenta varios componentes para el desarrollo como la dotación de infraestructuras y equipamientos básicos.

A esto se suma la oferta de vivienda asequible y de calidad, la disponibilidad de servicios, la conectividad y comunicaciones adecuadas y un marco normativo consecuente con cada territorio. Como elemento destacable, dan especial importancia al emprendimiento y a los trabajadores especializados y la planificación a medio y largo plazo.

El resultado de todas estas políticas ha sido que su población ha vuelto a crecer después de más de muchos años de pérdidas. Concretamente, la población rural escocesa ha aumentado un 22% desde que estas medidas se están llevando a cabo.