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Cuatro meses de Diavida en Cantabria: “Lo incumple todo, como nunca en 26 años de ambulancias programadas”

Ambulancia de Diavida, en Santander.

Rubén Alonso / Europa Press

Santander —
20 de enero de 2025 12:35 h

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El transporte sanitario programado lleva tiempo 'en chasis' en Cantabria, pero desde hace cuatro meses, cuando la actual empresa adjudicataria (Diavida) asumió el servicio, la situación ha empeorado considerablemente, según los propios representantes sindicales de los trabajadores: “Lo incumple todo: retraso del pago de los salarios, el pliego de condiciones, el convenio colectivo y la prevención de riesgos laborales”.

“Llevamos en este servicio esencial para la sociedad más de 26 años y nunca se había llegado a lo que está pasando hoy”, ha denunciado este lunes el comité de empresa de Diavida, concesionaria valenciana desde el pasado mes de octubre de las ambulancias programadas en Cantabria. Así, los sindicatos que integran este comité (UGT, CCOO, USO y CGT) han pedido al Gobierno cántabro del PP que “actúe inmediatamente para poner soluciones a las irregularidades y deficiencias” en este servicio.

En una rueda de prensa, el presidente del comité de empresa de Diavida en Cantabria, José Alberto Ibarguen, y el delegado del comité de empresa, Gildo Cabañeros, han avanzado que se convocarán nuevas movilizaciones si la situación “no cambia”.“La Consejería de Salud debería plantear un expediente para que Diavida no esté en Cantabria”, han señalado.

Y es que, según han indicado, “la falta de supervisión adecuada y la falta de respuestas oportunas han agravado significativamente” la situación, y es necesaria una “responsabilidad compartida” por parte de la empresa y la Administración: “La bola, conforme vayan pasando los meses, va a ser más grande”.

En concreto, se han referido a la “escasez” de personal de una plantilla compuesta por 136 trabajadores y en la que faltan 30 “mínimo”. “Los fines de semana ha habido noches de trabajar solo un conductor en toda Cantabria”, han censurado. Asimismo, han denunciado los “retrasos” en los cobros de las nóminas y en la realización de los servicios con los pacientes, que esperan horas y días para poder ser desplazados del hospital a sus domicilios.

Inspección de Trabajo

“Lo que hacen es llenar todas las ambulancias de pacientes para poder intentar llegar a tiempo y hay gente de Urgencias que se tiene que ir por sus medios, sacándoles en brazos los familiares”, han aseverado. También han informado que la última resolución de Inspección de Trabajo, recibida el pasado viernes, señala una propuesta de sanción a la empresa por “innumerables incumplimientos” en el centro de Santander.

Inspecciones que también se han interpuesto en Torrelavega, Reinosa y Laredo, donde, han destacado, en este último “no hay base” y los trabajadores “se tienen que cambiar en la calle”. “Es gravísimo que no tengamos ni dónde cambiarnos, ni dónde ducharnos, ni dónde echar la ropa”, han dicho en relación a todas las bases de la región. Además, han señalado “incumplimientos” en los pliegos de condiciones por parte de la empresa, como que los servicios en camilla “se siguen realizando con un solo técnico” y no con dos.

El comité ha criticado que tampoco ha recibido las cuentas solicitadas para conocer la liquidez de la empresa, así como las evaluaciones de riesgos laborales o el plan de formación, y “no ha habido negociación de calendarios laborales para el 2025”.

Según ha recordado, estos “problemas” no son “nuevos ni aislados”, y ya se convocó en noviembre una huelga indefinida, que no pudieron secundar más de un día porque se impusieron unos servicios mínimos de “más de un 99%”. Además, se planteó una demanda en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laboral (Orecla) porque “no cumplían” los puntos pactados para desconvocar la huelga, como el pago en plazo de las nóminas.

A juicio del comité, Diavida “no está dando un servicio óptimo a todos los ciudadanos de Cantabria” y cree que, pese a las denuncias ante Inspección y el Juzgado, su capacidad para resolver el problema es “limitada”, y es el Gobierno de Cantabria el que tiene que poner el asunto sobre la mesa y “aportar soluciones definitivas”.

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