El Gobierno de Cantabria ha cerrado el plazo de alegaciones al proyecto del decreto por el que se regulan las viviendas de uso turístico en la comunidad autónoma. Hasta el momento, ha recibido medio centenar de escritos a los que podrían sumarse previsiblemente otros en los próximos días y que hayan podido ser enviados por correo postal o registrados en otras administraciones. La Consejería de Turismo que dirige Eva Guillermina Fernández (PP) publicó el proyecto del decreto el pasado 8 de julio, en un Boletín Oficial de Cantabria (BOC) extraordinario, y se abrió con ello un periodo de 10 días hábiles para que los particulares y las organizaciones más representativas, potencialmente afectadas por la futura norma, presentasen escritos de alegaciones.
El plazo concluyó este lunes y, a partir de ahora, la Dirección General de Turismo y Hostelería se encargará del estudio, análisis y contestación de cada uno de los escritos recibidos. Una documentación que, además, se publicará a lo largo de los próximos días en el Portal de Transparencia, junto con el resto de información del proceso, que está disponible en la web.
Objetivos de la norma
Con esta nueva norma, el Ejecutivo autonómico ha reiterado que pretende dotar de mayor seguridad jurídica la adecuación de la prestación del alojamiento de viviendas de uso turístico a la normativa que le resulta de aplicación, de manera particular a la sectorial urbanística, con una doble finalidad: primero, la de evitar un ejercicio irregular de la actividad y, en segundo lugar, la de prevenir la creación de unas expectativas de ejercicio legal por el titular de la actividad, que sin embargo pueden verse frustradas tras el procedimiento de comprobación o inspección.
Además, la nueva regulación pretende solventar aquellas dificultades que la aplicación en estos cuatro años de vigencia de la norma aprobada en el 2019 ha puesto de manifiesto, debido fundamentalmente a la extraordinaria dimensión adquirida por el mercado del alquiler de viviendas de uso turístico, y que provoca en ocasiones efectos indeseados.
Con la redacción de este nuevo decreto se busca reforzar una norma que permita, en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma, un control en el momento de comprobación del cumplimiento de los requisitos de la declaración responsable, de la adecuación de la actividad de alquiler de viviendas de uso turístico a la normativa turística y demás normativa sectorial, en particular la urbanística.
Es por ello, según dice el Ejecutivo, que resulta necesario actualizar los requisitos comprensivos de la declaración responsable. Asimismo, se pretende ampliar los sujetos que podrán tener la consideración de titulares para el ejercicio de la actividad de alojamiento de viviendas de uso turístico; y las características de tal ejercicio incluyéndose la habitualidad.
De otra parte, la declaración responsable introducida como un medio de “simplificación administrativa para facilitar el ejercicio de la actividad que se pretende”, si bien ha alcanzado tal objetivo de agilidad en la prestación de servicios no exime sin embargo de la asunción de las obligaciones que de las mismas se derivan en el momento de su presentación y respecto al contenido de estas. En este sentido, con la nueva regulación se pretende incidir en este aspecto y al tiempo definir el procedimiento de comprobación e inspección de las declaraciones responsables.