Katia Barrio está privada de su libertad. Su delito es padecer parálisis cerebral infantil (PCI) desde los siete meses, que le obliga a desplazarse en silla de ruedas. Pero esta circunstancia no es su mayor problema. Con una discapacidad reconocida del 95%, sus mayores barreras son las que ha creado el ser humano. Vive encerrada en un mundo injusto, capaz de aumentar el presupuesto del AVE en 350 millones de euros para reducir en 5 minutos el tiempo de viaje entre Santander y Madrid pero incapaz de garantizar a personas con movilidad reducida el acceso a un tren de cercanías.
Esa es la idea que flota en el ambiente entre la docena de personas que han realizado el recorrido 'Una tarde insostenible', organizado por la Mesa de Movilidad del Besaya con el objetivo de visibilizar las dificultades que tienen las personas con discapacidad para realizar tareas cotidianas y para moverse con libertad.
La marcha comienza a las siete en punto de la tarde desde el apeadero de la localidad cántabra de Mar, que se encuentra a pocos metros de distancia de la casa familiar de Katia. El lugar escogido no es casual. Katia es usuaria del servicio de FEVE, que utiliza regularmente para quedar con sus amigos y acudir a Santander a un centro de día de la asociación AMICA en el que desarrolla su autonomía personal y practica la boccia, un deporte paralímpico similar a la petanca.
Durante 15 años ha podido viajar libremente gracias a la cooperación del personal de FEVE. La inmensa mayoría de estaciones de Cantabria no están adaptadas, pero primero los revisores y luego los maquinistas han estado supliendo esa falta de accesibilidad. Cuando veían en la estación a un usuario con movilidad reducida, salían de la cabina y colocaban una pequeña rampa que han de llevar incorporadas todas las unidades y que permite a estas personas subir al tren.
Sin embargo, hace aproximadamente dos años surgió “un roce” entre un usuario en silla de ruedas y uno de los empleados de la compañía, lo que terminó provocando que el resto de maquinistas dejaran de colaborar. Los padres de Katia se enteraron de lo sucedido cuando ella comenzó a quedarse en tierra. “El tren llegaba, las puertas se abrían, ella se acercaba para subir, pero entonces se cerraban y el tren se marchaba, hiciera frío, calor o lloviera”, explica su padre, Pedro Barrio.
“Ahora mismo no tiene posibilidad de acceso si no es por una rampa manual que le ha hecho su padre y que le colocamos nosotros”, continúan exponiendo. La familia ha presentado numerosas reclamaciones administrativas a diferentes instancias que han caído en saco roto. “Cuando el Defensor del Pueblo les ha pedido explicaciones, han mentido. Han llegado a decir que la estación de Torrelavega -la segunda ciudad más grande de Cantabria -está adaptada, y es falso. También dicen que esta estación lo es y ya habéis visto que no”, exclaman.
Cuando el tren llega al apeadero de Mar se queda a unos doce centímetros del andén, una distancia insalvable para una silla de ruedas. “Antes eran los interventores los que se encargaban de quitar y poner la rampa, pero como han ido prescindiendo de personal... Después pasaron a bajarse los maquinistas; surgieron una serie de problemas y de reivindicaciones laborales que hicieron que dejaran de ponerla”, incide su madre.
“La única accesible es Santander y tiene el problema para salir”, prosigue Pedro. Los tornos de entrada y salida tienen difícil uso para personas con discapacidad. “Yo he preguntado a FEVE y RENFE si había personal encargado de ayudarles a meter el billete y me han dicho que no tienen obligación”, afirma. Solo los trenes rápidos llevan rampas automáticas incorporadas en sus unidades, como los autobuses urbanos.
También han asistido, invitados por Podemos, a un Pleno del Parlamento de Cantabria en el que se debatió una iniciativa sobre accesibilidad -la puesta en marcha del programa Atendo- pero allí “vimos cómo no se arreglaba nada”.
Con el paso del tiempo, fruto del desgaste y la frustración que sienten por ver a su hija en esta situación, las relaciones con parte del personal de la empresa han ido deteriorándose, llegando a producirse algunos momentos de tensión. Su padre, Pedro, con gran indignación, bajó un día al apeadero de Mar con una docena de huevos y acabó tirando uno al tren. También hace un año en la estación de Santander tuvo que personarse la Policía Local porque “se cometió, supuestamente, un delito al impedirle el acceso a Katia por el hecho de ser una persona con discapacidad, según ellos mismos me reconocieron. Y no viajó, tuvimos que ir a recogerla ese día en furgoneta”.
“Para nosotros, FEVE era una empresa modélica. Los trabajadores eran unas personas encantadoras, conocían personalmente a Katia, la trataban muy bien, siempre la estaban ayudando y hablando con ella. Se ha pasado de eso, de un trato muy cordial y cercano, a una relación distante, a decirle 'tú aquí no puedes estar sola, deberías de estar con tu padre o con tu madre', o 'te estás acostumbrando muy mal porque viajas sola'”, relata su madre.
No obstante, Loli y Pedro dicen que son “conscientes” de que “una gran mayoría del personal no comparte eso”. “Y yo les aplaudo”, apostilla el padre, que igualmente agradece el apoyo de otros muchos pasajeros que han llegado a hacer “motines a bordo” cuando han visto que Katia se quedaba tirada en tierra.
Pedro también quiere aclarar que no han presentado ninguna denuncia en los tribunales, una cuestión que generó confusión y que ha provocado mucho malestar entre los maquinistas, según él mismo reconoce.
Pensado para el automóvil
La explicación del conflicto con FEVE ha absorbido la mayor parte del tiempo y, casi sin darnos cuenta, se ha echado la noche antes de poder llevar a cabo el recorrido previsto. No obstante, aún da tiempo para comprobar las dificultades que tiene Katia en alguno de sus itinerarios habituales, como ir a visitar a su hermana que vive en otro barrio del pueblo, acudir al supermercado o bajar al parque.
Aceras sin rebajar, interrumpidas por plazas para automóviles, pendientes excesivamente acusadas, tramos estrechos y cruces sin paso para peatones o semáforos, paneles informativos situados a una altura que hacen imposible su lectura, baches que desestabilizan la silla... La mayor parte del tiempo Katia tiene que circular por la carretera, con el peligro que eso conlleva; y en muchas de las ocasiones que puede acceder a la acera es haciendo peripecias.
“Las calles del pueblo no están diseñadas para facilitar el encuentro entre vecinos y el acceso a los servicios cercanos, sino que promueven el acceso rápido a las carreteras principales, sin medidas que protejan a los peatones, en especial a aquellos que tienen más dificultades para desplazarse”, concluye Luis Cuena, de la Mesa de Movilidad Sostenible. “En Mar, como en otros muchos pueblos de la comunidad, la movilidad peatonal es complicada y dificulta enormemente la vida diaria de sus habitantes”, reafirma.
Un problema social
Antes de la despedida, Loli da cuenta de que Katia es una luchadora nata. “No sé ni cómo se las apaña. Ha salido de unos atolladeros increíbles”, dice echándose las manos a la cabeza mientras recuerda algunas anécdotas. Pero no hace falta escuchar a su madre para comprobar su arrojo. Katia ha encabezado en todo momento la marcha; ha avanzado siempre unos metros por delante del resto del grupo, como queriendo demostrar que, sin ayuda de nadie, es capaz de vencer los obstáculos.
“Ella lo que quiere es ser lo más autónoma posible, como cualquier ciudadano”, argumenta su madre. Preguntados por una solución al conflicto, Pedro no ve otra cosa que no pase por un “cambio de actitud” de los trabajadores.
“Adif siempre nos contesta a las reclamaciones que le hacemos con las obras que ha desarrollado y con las que piensa ejecutar, pero mientras tanto podrían poner la rampita”, sostiene su padre. Por su parte, Cuena subraya que la accesibilidad “no puede estar a expensas de la voluntariedad de nadie. Tiene que ser una obligación”. “Es una cuestión de humanidad”, añade su compañero David Gutiérrez, portavoz de la Mesa.
Como Katia, en España hay 2,5 millones de personas con discapacidad reconocida superior al 33%, según datos del Imserso, que con frecuencia, no pueden participar
plenamente en la sociedad a causa de barreras físicas. Además, es previsible que estas cifras aumenten por el envejecimiento de la población.
“Todos somos potencialmente dependientes. Nacemos dependientes y morimos dependientes”, apunta David Gutiérrez, quien subraya que las trabas a la accesibilidad “nos afectan al conjunto de la sociedad y no solo a las personas que se desplazan en sillas de ruedas”. De hecho, apunta que las políticas de accesibilidad benefician directamente a una de cada cuatro personas.
“No hay una verdadera política de movilidad sostenible ni coordinación entre los ayuntamientos. Al final sale más rentable poner una fuente en una rotonda”, se lamenta, al mismo tiempo que explica que “hay cuestiones que se podrían resolver con muy poco dinero, con medidas blandas, como pintar una zona de la calzada”.