A pocos días de cumplirse un año desde que Cantabria aprobara su primera Ley de Memoria Histórica y Democrática, el Gobierno autonómico ha abierto el plazo de consulta pública de la norma que regulará la organización y funcionamiento del Consejo que asesorará al Gobierno en la aplicación de esta ley.
Se trata de un ente independiente “muy necesario”, en palabras del vicepresidente y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga (PSOE). Y es que, además de “blindar los derechos de las víctimas de la persecución franquista”, servirá para fiscalizar a ayuntamientos e instituciones públicas en el cumplimiento de la norma.
“Será un órgano consultor para el Gobierno a la hora de desarrollar y hacer un seguimiento de las medidas que tengan que ver con el cumplimiento de la Ley de Memoria”, ha asegurado Zuloaga a preguntas de la prensa en la comparecencia posterior el Consejo de Gobierno de este jueves.
Y es que en la comunidad sigue habiendo ejemplos flagrantes de incumplimientos, entre los que destacan el callejero franquista de Santander, pendiente de eliminación desde hace más de una década, y el monumento al militar franquista Luis Carrero Blanco en su localidad natal, Santoña.
Para el vicepresidente, de cuya Consejería depende la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoría Histórica, este órgano supone “pasar de las palabras a los hechos”, después de que “nos hemos dotado de una ley compleja en su tramitación en el Gobierno de Cantabria”.
El plazo para la consulta pública es de 10 días y, con ello, el Ejecutivo quiere recabar la opinión sobre la necesidad y oportunidad del decreto que regula el Consejo, los problemas que resolverá, los objetivos, y las posibles alternativas regulatorias y no regulatorias a esta norma.
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