La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria ha denunciado “falta de transparencia” en la contratación pública del Gobierno de Cantabria para demoler la Residencia Cantabria y no descarta acudir a los tribunales para defender los intereses del sector.
La Junta Directiva de la ACP ha expresado en un comunicado su preocupación por el “sorpresivo” anuncio del “inminente” inicio de los trabajos de demolición del edificio, mediante una encomienda a TRAGSA, y solicitará oficialmente información de este proceso, avisando de la posibilidad de recurrir a la vía judicial.
“El abuso de utilización de los medios propios por parte de las administraciones públicas supone una amenaza para la competencia empresarial, que puede alejar los objetivos del plan de recuperación”, ha denunciado la asociación que representa a los constructores y promotores cántabros, y que defiende la necesidad de que las empresas compitan “en igualdad de condiciones para seguir creando riqueza, empleo y bienestar para la sociedad”.
La patronal del sector ha urgido a las administraciones a abordar la “falta de transparencia” en la contratación de empresas de capital público, como es el caso de TRAGSA, al ser un proceso que “genera dudas sobre la imparcialidad y la equidad” en la selección de contratistas: “Si no se proporciona acceso público a la información sobre los criterios de selección, los licitantes potenciales pueden cuestionar la integridad del proceso”.
Además de sin transparencia, han criticado que los contratos se otorgan “de manera arbitraria o por motivos no relacionados con la calidad o el precio de la oferta” lo que, según la ACP, conduce a “situaciones de favoritismo hacia ciertos contratistas”, algo a su juicio “injusto” y que puede suponer “un desperdicio de recursos públicos”.
Y a lo anterior, la asociación ha añadido que los encargos de obras a TRAGSA “dificultan la supervisión y el control” por parte de las autoridades competentes y de la sociedad en general. Así, “sin acceso a información detallada” sobre los proyectos y los contratos, han señalado que es “difícil” evaluar el uso adecuado de los fondos públicos o si las obras se realizan de manera efectiva.
“La falta de transparencia en los encargos de obras a TRAGSA plantea serias preocupaciones en términos de integridad, equidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos”, ha insistido la ACP, que urge medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en estos procesos de contratación y garantizar así la confianza en la administración y el uso adecuado de fondos públicos.
Por último, los constructores y promotores cántabros se refieren a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por la que se ha anulado un encargo a TRAGSA para construir un edificio de ensayos para la banda de música y coral de Candás, al concluir el TSJA que esta empresa pública no puede intervenir en ese proyecto por encontrarse fuera de su objeto social, que está limitado a sectores como la agricultura y el medio ambiente.