“Somos una microsociedad de personas muy diversas, pero muy resilientes y con firmes convicciones tanto del poder de la educación como del poder de una sociedad implicada y organizada”. Este es el espíritu y la fuerza que mantiene con vida la llama de la protesta en forma de encierro que están llevando a cabo desde hace ya una semana los ocho profesores de la enseñanza pública cántabra en el 'cuartel' de la presidenta autonómica, es decir, en la sede del Gobierno ubicada en la calle Peña Herbosa de Santander.
Y es que los docentes de Cantabria han dicho 'basta' y se han puesto en pie de guerra exigiendo una adecuación salarial que se les niega desde hace nada menos que 16 años. Se trata, por tanto, de una reivindicación tan legítima como justa, y que cuenta con un amplio respaldo tanto entre los propios profesionales como fuera de este colectivo, en otros sectores y ámbitos políticos y sociales.
La campaña de lazos verdes en apoyo a la causa, tanto en redes sociales como en centros educativos y en la propia sede del Ejecutivo que encabeza María José Sáenz de Buruaga (PP), se ha extendido como tinta en papel mojado y la reivindicación que defiende ya es un clamor cuyo máximo exponente es ese encierro protagonizado por ocho sindicalistas, representantes de la Junta de Personal Docente, que evoca a batallas sindicales del pasado.
Pero la retórica belicista se queda únicamente en eso, en el lenguaje, ya que la fórmula por la que han optado los sindicatos para tratar de que el Gobierno se abra a negociar una adecuación retributiva con cifras y plazos concretos se está desarrollando de forma pacífica en todo momento. Tanto es así, que el Ejecutivo ha llegado a pedir que los saquen por la fuerza y la Policía Nacional se ha negado a intervenir precisamente por el carácter no violento e inofensivo de la protesta.
Pese a ello, los inicios no fueron fáciles, ya que, según denunciaron 'los nueve de Peña Herbosa' -ahora son ocho- padecieron “un inhumano endurecimiento de las condiciones” de su encierro, con dificultades para recibir alimentos y ropa de recambio. Días más tarde, se estableció un horario para hacerles entrega de ello. Y así han transcurrido ya siete días con sus siete noches.
“El día a día está yendo muy bien, tenemos organizadas unas rutinas que nos ayudan y nos facilitan la convivencia y el trabajo desde dentro”, aseguran a este medio los sindicalistas 'atrincherados'. Así pues, se levantan temprano, desayunan juntos y proceden al aseo, recogida y limpieza general. Posteriormente, atienden a los medios de comunicación, hablan con afiliados de sus respectivas organizaciones sindicales y dedican dos horas para analizar la situación y organizar ideas y propuestas, con el objetivo de que el esfuerzo invertido pueda “dar sus frutos”.
Pero los días son largos ahí dentro, más aún teniendo en cuenta que ha habido un fin de semana de por medio, por lo que también buscan momentos de ocio para “mantener la cabeza fría y despejada, y generar equipo”. “Tenemos un horario aproximado de comidas y cenas y desde que nos permiten meter avituallamiento nos encargamos de tener una lista de las cosas que necesitamos”, relatan.
Pero lo más importante es apoyarse las unas en los otros, para hacer de este confinamiento reivindicativo lo más llevadero posible. “Hemos decidido cuidarnos entre nosotras y cada persona tiene asignada a otra -ninguno sabemos cuál es- para hacer de este encierro un lugar agradable”, explican a este periódico los representantes sindicales.
Y es que reconocen que son personas con “distintas sensibilidades e ideologías”, pero que tienen “un nexo muy fuerte en común”: “Queremos reivindicar respeto por los docentes de la educación pública y el papel negociador y de lucha sindical”, aseguran.
Y en este contexto, sin duda para ellos y ellas, los momentos más emotivos se producen cuando se acercan a la puerta de la sede del Gobierno sus familiares y amigos. “Como si fuese un correo humanitario, vienen a traernos cosas, a colgar lazos o a animarnos y corear cánticos de protesta”, subrayan. Desde dentro son conscientes de la campaña de respaldo que tienen fuera, y que esperan se vea reflejada en la concentración que han convocado para este miércoles, a las 18.00 horas, frente a la sede de la Consejería de Educación.
Antecedentes
El conflicto entre Administración y representantes sindicales estalló el pasado martes por la tarde tras la primera reunión negociadora para tratar entre ambas partes una reivindicación que llevaba meses en la agenda sindical. Sin embargo, STEC, ANPE, CCOO, TÚ y UGT -los sindicatos que integran la Junta de Personal Docente- consideraron “una tomadura de pelo” que el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), no presentase una contrapropuesta a su planteamiento trasladado en octubre.
Ahí comenzó el encierro, que no se levantó tras la celebración de una segunda reunión en la que el consejero rechazó llevar a cabo la adecuación salarial en los presupuestos de 2025, ahora en tramitación, y fijó el horizonte de un posible acuerdo a principios de ese año que, en todo caso, estaría supeditado a las cuentas de 2026.
A partir de entonces, la campaña #EsAhora promovida por los sindicatos ha ido a más, no solo en redes sociales, también mediante pancartas en espacios públicos. Y precisamente este martes, representantes sindicales han hecho entrega al consejero de 3.000 firmas de apoyo a la causa recogidas en más de un centenar de centros educativos.
Lo que reclama la Junta de Personal Docente es una subida salarial para recuperar poder adquisitivo de 325 euros al mes de manera escalonada de 2024 a 2027. De hecho, en los presupuestos de 2025 reclaman un aumento de 40 euros pendiente de 2008, y aseguran que la cuantía que supone ese incremento corresponde aproximadamente al aumento que el Ejecutivo del PP ha destinado en esas cuentas a la educación privada y concertada.