La Corporación de Torrelavega ha rechazado en el Pleno de este martes una moción que pedía paralizar la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE) en la ciudad, una medida que han abogado por desarrollar todos los partidos salvo PP y Vox, quienes han apostado por pedir al Gobierno central su exención.
La moción, impulsada por Vox, ha contado con el rechazo de PRC, PSOE, Torrelavega Sí e IU-Podemos, que han defendido la necesidad de aplicar esta medida, entre otras cosas porque es obligatoria por ley para las ciudades de más de 50.000 habitantes, además de por ser beneficiosa para la salud y el medio ambiente al reducir las emisiones restringiendo el acceso de tráfico rodado al centro de la ciudad.
Mientras, PP y Vox han insistido en que causará un “gravísimo perjuicio” a los ciudadanos y a los comerciantes del centro y han reclamado solicitar una exención del cumplimiento de la ZBE como han hecho otros municipios, argumentando que Torrelavega ya tiene unos datos de calidad del aire “excelentes”, “muchísimas” calles peatonales o un Bulevar Ronda que dirige el tráfico por fuera del centro.
Desde el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) han rebatido que es “imposible negarse” a aplicar la normativa y además confían en que será “beneficiosa”, por lo que han pedido no “jugar con la incertidumbre” que tienen los ciudadanos respecto a esta medida.
La concejala de Movilidad, la regionalista Jezabel Tazón, ha asegurado que los vehículos podrán seguir circulando por las calles integradas en la ZBE --La Llama, José María Pereda, Julián Urbina y Julián Ceballos--, ya aprobada en la comisión del área y que tendrá que ser ratificada por el Pleno.
Ha recalcado que la zona delimitada es la “mínima” que se puede implantar para lograr los objetivos de reducción de emisiones marcados, además de que el Ayuntamiento ha recibido 3,5 millones de euros para ponerla en marcha y los “pueden perder” si no se hace.
Mientras, la socialista Patricia Portilla ha añadido que la zona “deja fuera las arterias principales” de la ciudad y ha llamado a trabajar en llegar a acuerdos cuando se elabore la ordenanza que regule la ZBE, con medidas como permitir el acceso a vehículos especiales o profesionales, para hacerla “compatible con la vida de los vecinos”.
Desde Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante se ha mostrado de acuerdo con desarrollar una ZBE pero cree que habrá que complementarla con otras medidas como la mejora de los carriles bici “de hace 20 años” y de los aparcamientos disuasorios o la comarcalización del Torrebus.
Y el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, ha destacado que calles como Julio Hauzeur llegan a soportar el paso de 16.000 vehículos diarios, por lo que ha apoyado una medida que, además, considera que “no va a perjudicar los negocios”, porque “la gente compra en los comercios cuando va andando”. Además, los clientes “no van a aparcar a esas calles --las incluidas en la ZBE-- porque no hay sitio”.
Por el contrario, el 'popular' Miguel Remón ha opinado que será “la puntilla para acabar con el comercio” y ha insistido en que se solicite una exención y, en el caso de que no se conceda, se pida una prórroga para no aplicarla hasta que no se haya desarrollado la comarcalización del Torrebus y se hayan construido los aparcamientos en altura proyectados en el municipio.
Tanto él como el portavoz de Vox, Roberto García Corona, han criticado también que sin haber aprobado la delimitación de esta zona en el Pleno se hayan sacado ya a licitación medidas en torno a ella como la instalación de cámaras para su control con un presupuesto de 700.000 euros.
Amnistía
Otro de los asuntos que han protagonizado el Pleno de hoy --que ha estado marcado por el debate de seis mociones-- ha sido el independentismo catalán, ya que tanto PP como PSOE han presentado sendas iniciativas al respecto.
La de los 'populares' consistía en aprobar una declaración institucional rechazando cualquier tipo de amnistía o indulto, que ha salido adelante al contar con el apoyo de Vox y del PRC, pues los regionalistas se han desmarcado de sus socios socialistas en este asunto denunciando que las negociaciones de Pedro Sánchez a cambio del apoyo a su investidura supondrán que “20 diputados de una región de España van a condicionar el futuro del resto”, como ha dicho Pedro Pérez Noriega.
Mientras, la moción del PSOE, que no se ha aprobado al no recabar más votos a favor que el del concejal de IU-Podemos, pedía defender el diálogo dentro del marco constitucional para continuar mejorando la convivencia entre los catalanes y el resto de España. En su defensa, el concejal y secretario general del PSOE de Torrelavega, José Luis Urraca, ha manifestado que la unidad del país solo se ha puesto en peligro durante el Gobierno del PP.
Sin embargo, el 'popular' Miguel Ángel Vargas ha respondido que su partido solo ha aplicado la ley, a lo que García Corona (Vox) ha añadido que si ahora hay un mejor clima de convivencia es porque no hay diálogo sino “imposición”. “Unos imponen y otros tragan”.
Frente al rechazo de PP y Vox, los regionalistas se han abstenido al igual que Torrelavega Sí, compartiendo la idea trasladada por la portavoz, Blanca Rosa Gómez Morante --que fue alcaldesa por el PSOE--, quien ha lamentado que la figura de los históricos socialistas no tiene “nada que ver” con las prácticas actuales.
También se ha aprobado una moción de IU-Podemos para regular la proliferación de viviendas turísticas, que según el concejal del partido han crecido en los últimos años de solo 7 a 68. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de PRC, PSOE y Torrelavega Sí, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox, ya que aunque estos dos últimos se han mostrado de acuerdo con esa regulación han sostenido que este asunto “no es tan problemático” como la okupación que han acusado a la coalición de defender.
No ha corrido la misma suerte la otra iniciativa que ha presentado hoy IU-Podemos, que pedía crear una objetoteca para facilitar el préstamo de diferentes herramientas de uso puntual a los ciudadanos, pero no ha sido aprobada porque el resto de partidos han señalado que ya lo hacen algunas ONG y que entienden que el Ayuntamiento no debe asumir esa responsabilidad ni tiene medios para ello.
Tampoco se ha aprobado la última moción, una del PP que solicitaba al Ayuntamiento una bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los comercios, la renovación del Óscar Freire y apoyo al colectivo de personas sordas.
El equipo de Gobierno ha tumbado con su mayoría absoluta esta iniciativa explicando que la modificación del IBI se abordará cuando se actualicen las tasas en conjunto.
Desde el PSOE han calificado la moción como un “batiburrillo de propuestas inconexas” y han respondido que ya se trabaja en varias medidas de apoyo a las personas sordas, mientras que desde el PRC han argumentado que la medida que pide el PP de bonificar el IBI en un 25% a los negocios puede servir para beneficiar a los propietarios de los locales más que a los comerciantes.