El Pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado este lunes, con los votos de los dos grupos que apoyan al Gobierno regional (PRC y PSOE), la abstención del PP y el 'sí' de Podemos y Ciudadanos adoptar medidas y pedir responsabilidades políticas por el reiterado pago en sueldos superiores al límite legal establecido en la empresa pública Sogiese desde el año 2012 y hasta 2015, según pedía el Grupo Mixto-C's.
Su portavoz en la Cámara, Rubén Gómez, ha desvelado además que ha encontrado en el Portal de Transparencia de la Administración autonómica un contrato, el del gerente público de la sociedad, que se cambió a indefinido el 20 de abril de 2015, es decir, un mes antes de las elecciones (24 de mayo), por lo que, a su juicio, el PP debía tener “mucha confianza” en que “repetiría” al frente del Gobierno.
Así lo ha asegurado el parlamentario de la formación naranja en su intervención en el Pleno, en la que también ha acusado al actual consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el socialista Juan José Sota, de “mentir” en la sesión del pasado lunes, indicando que no conoció la situación de los salarios en Sogiese hasta el pasado 21 de marzo, cuando según ha dicho, “lo sabía” desde el 17 de diciembre.
En la sesión, en la que se ha rechazado la moción de C's al no aceptarse una enmienda planteada por el PSOE, Gómez ha tachado de “excusa” el que el consejero del ramo aludiera a que los sueldos fueron financiados con Fondos FEDER, y no afectaban por tanto a las arcas públicas y al déficit de Cantabria, para que se puedan exigir responsabilidades (el 97% de los sueldos están sufragados por fondos europeos que han sido acordados por los países participantes en el Programa Interreg -España, Francia, Portugal y Reino Unido- y solo un 3% por el Gobierno regional).
En este punto, el portavoz de C's ha diferenciado entre la vía jurídico-administrativa y la petición de responsabilidades políticas. De todas formas, ha manifestado que el informe emitido por la Intervención General logra “poner las cosas negro sobre blanco” y ha indicado que a todo lo ocurrido en Sogiese lo pone él un nombre: “corrupción administrativa”.
Según indicó Sota el pasado lunes en el Pleno, el Gobierno cántabro tendrá hasta finales de junio de este año para determinar si los sueldos que se abonaron entre 2012 a 2015 en la empresa pública a algunos trabajadores vulneraron la legalidad y si tiene que haber reintegro de parte de lo pagado, que iría en su mayor parte a la UE, que es la que sufraga el 97% de los salarios de dicha entidad.
Y es que Sogiese tiene hasta el 21 de mayo para presentar alegaciones al informe emitido por la Intervención en el que se determinaba que dicha sociedad había pagado sueldos por encima del límite legal vigente en la región desde 2012 y reclamaba su reintegro.
Si hay alegaciones, la Intervención tendrá que responder a ellas y, una vez dado este paso, será el Gobierno regional el que, si se mantiene la discrepancia, deberá decidir en el plazo de un mes, algo que hará el Ejecutivo en función de los informes que le remitan sus servicios jurídicos. La decisión del Consejo de Gobierno será vinculante para SOGIESE y para la Intervención General.
A la moción de Ciudadanos, --que pedía depurar responsabilidades políticas derivadas del dictamen del informe definitivo de la Intervención en Sogiese, tanto en la Consejería como en la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos y en la propia empresa, y que el Gobierno no regularice sueldos por encima de la ley en esta sociedad a través de su aprobación en el Consejo de Gobierno--, el PSOE ha presentado una enmienda de sustitución, para que las responsabilidades políticas se depuren cuando concluya el procedimiento previsto.
Esta enmienda ha sido defendida por el diputado socialista Guillermo del Corral, que ha abogado por respetar el procedimiento iniciado y dejar que éste siga su curso, para adoptar las decisiones que sean pertinentes cuando haya una decisión vinculante. La parlamentaria del PRC Rosa Valdés ha visto “acertada y ajustada a derecho” la propuesta socialista, y ha incidido en que no se puede “obviar” el procedimiento ya iniciado.
En similares términos se ha expresado la diputada del PP y exconsejera de Economía, Cristina Mazas, quien ha abogado igualmente por esperar a que se revuelva el proceso abierto ya que en dos meses habrá una decisión vinculante.
VERGÜENZA
Frente a ellos, y en línea con Ciudadanos, se ha expresado el parlamentario de Podemos José Ramón Blanco, para quien es una “vergüenza” cómo se ha actuado con las empresas públicas, tanto en Cantabria como en España, donde no ha habido “transparencia”.
“Es que manda huevos”, ha sentenciado el podemita, que ha opinado que “no tiene un pase” que el consejero Sota hable de “puntos controvertidos” entre la Intervención y Sogiese.
Blanco ha manifestado, para finalizar, que en la votación de esta moción en el Pleno -en la que PSOE y PRC han dicho 'no', el PP se ha abstenido y C's y Podemos han votado 'sí'- se ve “la diferencia entre la vieja y la nueva política”.