Ecologistas en Acción Cantabria ha acordado iniciar un contencioso administrativo contra el otorgamiento del permiso de investigación Salia, que afecta a seis ayuntamientos de la zona costera y central de Cantabria: Santillana, Suances, Cartes, Puente San Miguel, Torrelavega y Mazcuerras.
En trece meses la empresa minera Cantábrica del Zinc pretende realizar unos 145 sondeos, “la mayoría de los cuales superan los 500 metros de profundidad”, en localidades como Queveda, Yuso, Mercadal, Mijares, Ganzo o Puente San Miguel.
Entre los diversos motivos del recurso, la organización ecologista destaca la “ilegalidad manifiesta” de la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria en mayo de 2017, que facilitó la actividad minera en todo tipo de suelo rústico.
Esa modificación legislativa se aprobó con la única finalidad de dar expresa cobertura a una serie proyectos de explotación minera como el presente, a efectos de que puedan llevarse a cabo en todo tipo de suelo rústico de especial protección. “Es una norma ad hoc para esquivar cualquier obstáculo, e incluso, para esquivar la doctrina de los tribunales, tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria como del Tribunal Supremo según la cual 'la cuestión de la prevalencia de los intereses en juego debe abordarse al aprobar el otorgamiento del permiso de investigación'.
Para Ecologistas en Acción, esta modificación “se puede considerar una desviación de poder, o cuando menos, arbitrariedad, y una norma carente de la necesaria motivación conforme a derecho”. Y señala, además, que “no ha estado guiada por el interés público, ni ha respetado la ordenación del territorio, el urbanismo o el medio ambiente”.
La imagen turística y Altamira
En segundo lugar, EA cuestiona que “no se ha evaluado la compatibilidad de la actividad minera con el desarrollo social sostenible y la economía local”. “Ni Cantábrica del Zinc ni la Administración han tenido en consideración los efectos económicos y sociales que puede tener una actividad industrial y minera en las inmediaciones de un medio rural turístico como el del litoral Cantábrico y de toda el área afectada por la actividad turística generada por las Cuevas de Altamira y la localidad de Santillana del Mar”, asegura.
“Cantabria está bien posicionada como destino turístico y así lo avalan las cifras de entradas de turistas, por lo que el deterioro de la imagen asociado a la implantación de una industria extractiva en el entorno expuesto implicaría una modificación sustancial de la imagen turística”, argumenta.
En esta línea, apuntan que el área del proyecto se extiende a través de seis municipios (Santillana del Mar, Suances, Torrelavega, Reocín, Cartes y Mazcuerras) con unas actividades económicas con “alto riesgo” de verse afectadas negativamente por la actividad minera, especialmente la actividad del sector primario, por la afección a suelos de alta capacidad de uso agrícola, y la del sector servicios relacionada con el turismo.
Asimismo, en el área del proyecto de investigación se encuentra la Cueva de Altamira y su entorno preventivo, lo que deriva en un “potencial daño” al citado patrimonio cultural y la actividad socioeconómica generada por el mismo.
En Suances y Santillana del Mar el impacto negativo de dicho efecto alcanzaría potencialmente a 1.458 y 932 trabajadores, respectivamente. En total, en los dos municipios principalmente afectados por el proyecto de investigación se incrementaría la vulnerabilidad y probabilidad de desaparición de 2.390 empleos de manera directa.
“El turismo es una actividad fuertemente dependiente de la calidad ambiental, la cual ha servido de atracción de la demanda turística en la zona”, recalca.
2.000 nuevos empleos en duda
Además de alertar sobre las afecciones negativas del proyecto, desde Ecologistas en Acción también han mostrado sus dudas en torno a los datos que han aportado tanto la empresa como el Gobierno de Cantabria en el sentido de mostrar “unos supuestos beneficios económicos y laborales que se han llegado a cifrar en más de 2.000 nuevos empleos”.
“Las cifras tanto aportadas por la empresa como por el Gobierno de Cantabria sobre el impacto del proyecto minero son puramente especulativas”, aseguran.