El curso escolar en Cantabria mantendrá sus 175 días lectivos y concluirá una semana antes en el mes de junio para compensar los días inicialmente previstos como no lectivos de la semana que viene que, finalmente, tendrán carácter lectivo como medida para evitar la movilidad de las familias y con ello la expansión del coronavirus. Así, el curso terminará el 15 de junio en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial y el 18 en ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
El Gobierno de Cantabria anunció el pasado jueves, además del cierre perimetral de la Comunidad Autónoma ya en vigor, la suspensión de las vacaciones de noviembre, una decisión que desató una amplia polémica y la indignación de la comunidad educativa, principalmente entre los docentes, quienes se concentraron este viernes para exigir la dimisión de la consejera.
Así todo, la Educación publicó el viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la resolución por la que se establece que el periodo del 2 al 6 de noviembre será lectivo en todos los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma.
Este cambio hace necesaria ahora una modificación de la orden de calendario vigente, que requiere de negociación con la Junta de Personal Docente. Un cambio que, como el calendario escolar mantendrá 175 días lectivos, pasa por ubicar en otro periodo del curso escolar esas cinco jornadas no lectivas.
En la Mesa Sectorial de Educación celebrada esta tarde, las organizaciones sindicales no han planteado ninguna propuesta alternativa para la ubicación de estas cinco jornadas no lectivas a lo largo del curso escolar, ya que se han abandonado el encuentro para protestar por que la decisión se haya tomado de forma “unilateral”, según han indicado.
Además de con la Junta de Personal, la consejera de Educación, Marina Lombó, se ha reunido esta tarde con el Consejo Escolar, la Mesa de las Familias (FAPA y CONCAPA) y la Mesa de la Educación Concertada. Oída la comunidad educativa, la consejera ha anunciado que la modificación del calendario, que se publicará próximamente en el BOC, contemplará finalmente ese periodo no lectivo al final del curso escolar.
“Responsabilidad”
La consejera ha reiterado de nuevo que “entiende perfectamente” el malestar que esta decisión ha generado en parte de la comunidad educativa que contaba con este descanso programado, pero ha realizado un llamamiento a la “responsabilidad individual y colectiva” para el cumplimiento de “todas y cada una de las medidas” que las autoridades adoptan para el control de la pandemia.
“Toda la comunidad educativa lleva desde marzo trabajando conjuntamente para superar momentos muy complicados y, lamentablemente, las dificultades seguirán”, ha reconocido Lombó.
Así, considera que, en medio de esta crisis sanitaria que está teniendo, además, unas repercusiones sociales y laborales “durísimas para millones de ciudadanos”, este cambio de ubicación de cinco días no lectivos decretado por el Gobierno de Cantabria es una medida más para controlar la expansión del coronavirus que constituye “un ”contratiempo que genera un enfado lógico y entendible, pero tiene, en perspectiva, un impacto mucho menor que el que están sufriendo miles ciudadanos“.
En este punto, ha apelado a la “proporcionalidad” y a “poner en perspectiva” lo que supone el cambio de ubicación de una semana no lectiva en medio de una situación “muy grave a todos los niveles”.
Servicios mínimos
Por otra parte, el Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria, ha aprobado esta mañana el decreto de servicios mínimos para las jornadas de huelga en el sector educativo convocadas por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras para el periodo comprendido entre el 2 y el 6 de noviembre, ambos días incluidos.
Tanto la Dirección General de Trabajo como los Servicios Jurídicos del Ejecutivo cántabro entienden que el preaviso presentado pudiera ser constitutivo de una convocatoria ilegal de huelga. De hecho, los Servicios Jurídicos del Gobierno plantearon ayer ante el juzgado de lo Social una demanda de conflicto colectivo para esta convocatoria.
Pese a ello, el Ejecutivo autonómico ha negociado con el sindicato convocante y ha aprobado los servicios mínimos para garantizar el derecho a la Educación y el correcto funcionamiento de los centros teniendo en cuenta el contexto de grave crisis sanitaria si, finalmente, ésta se produce.
Unos servicios mínimos que se adaptan a la situación de pandemia mundial y la necesidad de garantizar el derecho a la educación del alumnado cumpliendo con las medidas de seguridad incluidas en el 'Protocolo General de Organización para el desarrollo de la actividad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el curso 2020-2021, de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria', según ha indicado la Consejería.
Tal y como se recoge en el decreto, que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), los servicios estarán formados por el equipo directivo y un docente por cada grupo o unidad existente en cada etapa.
En el caso concreto de las etapas de Educación Infantil y Primaria, por la necesidad de no romper los grupos de convivencia estable establecidos este curso, el docente habrá de ser el tutor de cada grupo.
Además, se incluye en el decreto a la totalidad de técnicos de Educación Infantil, técnicos sociosanitarios, subalternos, técnicos y operarios de cocina y empleados de servicios.