El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha emitido un expediente sancionador contra Ambuibérica, adjudicataria del transporte sanitario en Cantabria, por hasta siete incumplimientos “probados” del contrato, si bien el proceso sigue abierto después de que hace unos días la empresa haya presentado recurso de alzada contra dicha resolución al no estar de acuerdo.
Así lo ha anunciado este lunes, en el Pleno del Parlamento de Cantabria, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), quien, en una interpelación de Ciudadanos sobre este asunto, ha explicado que dicha resolución de sanción por parte del SCS se dictó el pasado 13 de julio, si bien el 30 de septiembre se recibió notificación del recurso de alzada planteado por la empresa al no estar de acuerdo con las sanciones.
Rodríguez, que ha reconocido que la empresa está ejerciendo su derecho, ha explicado que dicho proceso, por tanto, sigue “abierto” y ahora el SCS tiene que resolverlo, de una forma “garantista” y evitando errores que puedan llevar a que el proceso pueda ser declarado nulo o denunciado por la empresa. Además, ya el consejero ha advertido que la empresa podrá recurrir de nuevo la resolución final en los tribunales, acudiendo a la vía contencioso-administrativa.
También el consejero se ha referido en su exposición al conflicto laboral que mantienen empresa y trabajadores y ha reconocido que “le preocupan” las condiciones de la plantilla. Sin embargo, ha afirmado que “el conflicto que la empresa tenga con sus trabajadores lo tiene que resolver Ambuibérica, no el SCS” porque los trabajadores son de esa empresa y no del Servicio Cántabro de Salud. De hecho, considera que intervenir sería “un error gravísimo para la gestión sanitaria”. También ha advertido de que la empresa “no puede poner de pantalla al SCS para no atender las peticiones de sus trabajadores ni llegar a acuerdos con ellos”.
Rodríguez ha recordado que la empresa presentó oferta “libremente” en el concurso de transporte sanitario -convocado en 2017 y para un plazo de cuatro años- y “por el precio que estimó”, que fue inferior al precio máximo establecido.
El consejero ya ha advertido de que a Ambuibérica “no se le va a pagar un duro más” de lo estipulado en el contrato a la empresa, que, “por suerte para el SCS, no admite modificación ninguna en el tema del precio” y es “inamovible”. “En ningún caso se puede pagar más”, ha dicho el consejero. “Si la empresa considera que, por el precio que licitó no puede prestar el servicio también ya sabe lo que tiene que hacer, ajustarse a los pliegos, y nosotros, el SCS, actuaremos legalmente como tenemos que actuar y reclamaremos todo lo que judicialmente nos corresponda”, ha advertido. Sin embargo, Rodríguez ya ha advertido que el próximo contrato del servicio de transporte sanitario que se va a licitar va a ser “mucho más caro”.
Por su parte, el portavoz de Cs, Félix Álvarez, tras escuchar al consejero, ha ironizado con el número de incumplimientos probados en los que se basa el expediente sancionador a Ambuibérica, siete, según Rodríguez.
“Siete no, 700”, ha afirmado Álvarez, que ha indicado que en la auditoría que se llevó a cabo en Ambuibérica se detectaron “decenas y decenas” de “incumplimientos e irregularidades” y ello pese a que, a su juicio, la auditoría fue una “auténtica chapuza” por “sesgada”, “escasa” y “poco ambiciosa”. Así, ha denunciado que se dejaron fuera del análisis cuestiones que, en su opinión, eran “fundamentales”.
También ha acusado al Gobierno de “mirar para otro lado” en todo este tema del contrato de Ambuibérica y haber actuado solo a instancias de lo aprobado por el Parlamento y a instancias de Cs, algo que el consejero ha desmentido y ha asegurado que “no se ha parado ni un solo momento de trabajar en este asunto”. Sin embargo, ha reconocido que el proceso se vio afectado por la suspensión de plazos administrativos durante el estado de alarma.
Álvarez ha denunciado también que el SCS ha pagado a Ambuibérica 44.500 euros para dotar de una ambulancia para Noja y la empresa lo ha cobrado pero no ha puesto ese vehículo adicional sino que ha trasladado una que ya tenía en su flota y que estaba destinada a cubrir transporte sanitario. El consejero ha señalado que, de ser así, eso podría sería un “fraude de ley contra la Administración”, con lo que ha instado a Álvarez a, si tiene pruebas, denunciarlo ante la Fiscalía.