El Gobierno de Cantabria ha aprobado este lunes en una reunión extraordinaria el presupuesto de 2019 que, tal y como ya había avanzado el consejero de Economía y Hacienda, asciende a 2.850 millones de euros, la cantidad más alta en la historia de la Comunidad Autónoma.
Ha sido, precisamente, el titular de este departamento, el socialista Juan José Sota, el encargado de registrar en el Parlamento regional el documento económico, un trámite que sirve a su vez para dar el pistoletazo de salida a las negociaciones que ha de abrir a partir de este momento el bipartito PRC-PSOE para sacar adelante las cuentas del próximo año.
Aunque inicialmente los miembros del Ejecutivo cántabro y el propio presidente veían “muy complicado” conseguir en la Cámara algún aliado debido a la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales, ahora son mucho más optimistas y ven en Ciudadanos una opción factible, aunque no exenta de dificultades.
La formación naranja quiere reforzar su imagen de marca como garante de la estabilidad institucional y lanzar, además, un mensaje de cara a la próxima legislatura, en la que habrá un escenario de pactos muy abierto, según pronostican las encuestas. Los primeros contactos no oficiales ya se han producido y se espera que a lo largo de estas semanas puedan dar sus frutos. El escenario que maneja el Gobierno es celebrar el debate presupuestario sí o sí antes de que acabe el año, para irse a comer el turrón con los deberes hechos.
No sería la primera vez que el partido de Albert Rivera se alinea con el Ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla y posibilita que las cuentas de Cantabria obtengan luz verde en el Parlamento. Ya en 2017, los dos diputados de Cs -Rubén Gómez y José Ramón Carrancio, hoy diputado tránsfuga- se abstuvieron a cambio de un acuerdo que, entre otras cosas, supuso echar abajo una subida de impuestos estimada en 24 millones.
Ciudadanos ya ha anunciado públicamente sus condiciones para servir nuevamente de muleta al bipartito. Son cuatro las medidas “irrenunciables”: eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y la bajada del IRPF en los dos primeros tramos autonómicos; la aplicación de las medidas recogidas en el informe de la AIREF sobre las empresas públicas, que se basan en una reestructuración y ahorro de costes; y la aprobación de la proposición de ley de protección integral de denunciantes de corrupción impulsada por Cs.
En resumen, “una bajada de impuestos, la racionalización del gasto público y la lucha contra la corrupción”, según expuso en rueda de prensa hace exactamente diez días el líder del partido, Félix Álvarez.
Más allá de Ciudadanos, a PRC y PSOE le quedan como posibles -aunque mucho menos probables aliados- a Podemos, cuya crisis interna le tiene completamente absorbido, y al PP, que también ha reclamado una rebaja fiscal. Tampoco es descartable la opción de Juan Ramón Carrancio, que ya apoyó el presupuesto del año pasado entre fuertes críticas del resto de grupos por servirse de un tránsfuga.
El presupuesto
El último presupuesto presentado por el Gobierno PRC-PSOE crece un 4,4% con respecto al del ejercicio anterior (122 millones) y vuelve a aumentar el gasto social, al que se destinan en total 1.843 millones incluyendo sanidad, servicios sociales, educación, cultura, vivienda y fomento del empleo, un 2,86% más que este año.
Sin embargo, el capítulo de inversiones reales cae un 2% y en conjunto las operaciones de capital (inversiones reales y transferencias de capital) crece un 1,3%, casi un punto y medio menos que el conjunto del gasto no financiero, que sube un 2,7%.
Según el consejero de Economía y Hacienda,es un presupuesto “realista” en la previsión de ingresos; que no sube los impuestos -aunque sí las tasas públicas un 1,8%-; “austero” en el gasto corriente, y “ambicioso” porque “revierte muchos de los recortes” de la legislatura anterior y “recupera derechos” de los empleados públicos, que el a partir de mayo del año próximo rebajarán en una hora su jornada laboral -de 37 a 36-.
Las cuentas de 2019 están elaboradas con un objetivo de déficit del 0,1%, el aprobado por el Gobierno del PP en julio de 2017, lo que según ha destacado Sota, ha obligado a un “ajuste en términos estructurales” de 42 millones. La regla de gasto es del 2,7% y la previsión de crecimiento que el Gobierno PRC-PSOE ha tomado como referencia es del 2,3%, similar a la del conjunto del Estado.