La urbanización del Alto del Cuco, que representa una de las mayores atrocidades urbanísticas cometidas en España durante el boom inmobiliario, tiene los días contados después de que el Gobierno de Cantabria haya aprobado este jueves consignar 3,7 millones de euros para ejecutar las obras de demolición y la restauración ambiental de la zona. Los trabajos están previstos que comiencen “a finales de julio o principios de agosto”, según ha podido saber eldiario.es Cantabria.
La historia del Alto del Cuco se remonta al año 2004, cuando el Ayuntamiento de Piélagos, gobernado por el PP, aprobó un Plan Parcial promovido por la constructora Fadesa para levantar literalmente sobre el Monte Picota una urbanización con 400 chalets, pese a que la CROTU -el órgano autonómico consultivo en materia de ordenación del territorio- había emitido un informe no vinculante en contra del proyecto al advertir que tenía graves afecciones sobre el paisaje.
Ante la decisión del Consistorio de continuar adelante con el plan, la asociación ecologista Arca interpuso un recurso en los tribunales, y en febrero de 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) estimó la demanda y anuló el Plan Parcial al considerar probado que la actuación era “traumática” y producía un “importante e incontrovertido impacto paisajístico” visible “a 5 kilómetros de distancia”, vulnerando de ese modo la Ley del Suelo de Cantabria.
Las obras, que se encontraban a medio ejecutar, quedaron paralizadas cautelarmente y el Ayuntamiento y la constructora presentaron un total de 18 recursos que han ido dilatando en el tiempo la ejecución de la sentencia, hasta que en diciembre de 2011 el Tribunal Supremo ratificó el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en un dictamen demoledor contra la gestión del Consistorio, sobre el cual pesan otras tres sentencias de derribo (urbanizaciones 'L05', 'Entrelindes' y 'Cerrías') que afectan a un total de 88 viviendas.
Sobre la sentencia del Supremo no cabía recurso y el Consistorio quedaba por tanto obligado a demoler las 144 casas construidas y a devolver a su estado original el macizo de La Picota.
Asumir el coste de estos trabajos de restauración suponía para el Ayuntamiento quedar al borde de la quiebra económica. En caso de tener que afrontar ese desembolso -estimado en más de 3 millones de euros-, el Ayuntamiento se vería obligado a recortar a los vecinos servicios básicos como el abastecimiento de agua y el saneamiento; los programas de cultura, deporte y bienestar social o el servicio de parques y jardines, e incluso a crear una tasa especial, según señalaba un informe del servicio de intervención municipal desvelado por el grupo municipal socialista. Por ello, el alcalde, Enrique Torre, solicitó el rescate al Gobierno regional.
Así, en el año 2013 el Ejecutivo del popular Ignacio Diego, en contra del criterio del resto de partidos políticos, autorizó una transacción judicial mediante la cual el Gobierno de Cantabria se responsabilizaba de la ejecución de la sentencia y, posteriormente, repercutiría su coste al Ayuntamiento, de modo que según anunció el exconsejero de Urbanismo, Javier Fernández, se comenzaría a revertir el daño causado “durante el 2014”, lo cual no sucedió.
El actual Gobierno PRC-PSOE ha asumido esta herencia y ha puesto fecha a la demolición de la urbanización del Alto del Cuco, que tristemente situó a Piélagos en el panorama mediático nacional. Una vez autorizado por el Consejo de Gobierno un compromiso de gasto plurianual por valor de 3,7 millones, el Gobierno regional, a través de la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, y el Ayuntamiento de Piélagos firmarán en los próximos días un convenio mediante el cual la administración municipal se compromete a devolver a partir de 2017 y durante los próximos diez años el importe de los trabajos de demolición y restauración más un 1% de interés.
Las obras serán ejecutadas por la empresa pública Tragsa y, según ha podido saber este diario, están previstas que comiencen a ejecutarse “durante los últimos días de julio o principios de agosto”. La primera fase consistirá en la demolición de las viviendas, para lo cual se prevé un gasto aproximado de un millón de euros y un tiempo de unos seis meses. A continuación, vendrán las labores más complicadas, las de recuperar medioambientalmente el monte.
600 viviendas pendientes de derribo
En Cantabria hay actualmente unas 600 viviendas que cuentan con sentencia firme de demolición debido a que fueron construidas fuera de ordenación o sin los permisos pertinentes. Durante la anterior legislatura, el Gobierno ideó un cambio normativo para tratar de salvar de la piqueta a la mayor parte de estas viviendas, aunque el Tribunal Constitucional ha echado por tierra las primeras autorizaciones provisionales concedidas, por lo que es previsible que durante los próximos meses al actual Ejecutivo se le vengan encima una cascada de sentencias de derribo.
A diferencia del resto, en el caso del Alto del Cuco no hay compradores afectadores ya que la aseguradora de la constructora se vio obligada a devolver las cantidades aportadas por los adquirientes. Por otro lado, aun está por resolver la responsabilidad patrimonial, que podría suponer para el Ayuntamiento de Piélagos un coste de varias decenas de millones de euros que el Consistorio ya estudia saldar con Fadesa a cambio de suelo urbanizable.