La reforma de la Ley del Suelo aprobada recientemente por el Parlamento de Cantabria para obligar a los promotores inmobiliarios a garantizar el derecho de realojo podría acabar en el Tribunal Constitucional, ya que el Ministerio de Justicia cree que dicha norma puede vulnerar competencias exclusivas del Estado. Para intentar aclarar las “dudas” y como paso previo a un posible recurso de inconstitucionalidad, el departamento que dirige Rafael Catalá ha solicitado a los responsables del Ejecutivo cántabro la celebración de una comisión bilateral.
Según ha informado el Gobierno de Cantabria a través de un comunicado, el Ministerio de Justicia tiene “discrepancias” sobre la norma aprobada por la Cámara autonómica al considerar que el derecho de realojo es competencia del Estado y que la comunidad autónoma tampoco tiene potestad para regular el derecho de aquisición preferente.
Fue el pasado 24 de octubre cuando el Parlamento de Cantabria dio el visto bueno, con los votos a favor de PP, Podemos y Ciudadanos y la abstención de los socios de Gobierno -PRC y PSOE-, a una modificación de la Ley del Suelo que garantiza el derecho al realojo y de retorno a afectados por actuaciones urbanísticas.
La proposición de ley aprobada busca extender la garantía del derecho a toda actuación de ejecución urbanística en la que se requiera el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, tanto si se actúa mediante expropiación forzosa como a través de cualquier otro sistema de ejecución.
Para ello se obliga al promotor de la actuación a dar cumplimiento al deber de realojo y retorno ofreciendo una vivienda de sustitución a cambio de la que resulta expropiada sin que deba existir compensación económica adicional. Además, se impone como criterio de realojo el de mayor proximidad a la ubicación originaria.
El caso de El Pilón
La reforma de la ley del suelo fue una iniciativa del PP y contó con las aportaciones de Podemos y Ciudadanos. Aunque afecta a todas las operaciones urbanísticas que tengan lugar en la comunidad autónoma, fue planteada como una solución ad hoc para los vecinos del barrio de El Pilón.
En esta zona de Santander -ciudad en la que gobierna el PP-, una constructora ha comprado la mitad de los solares y ahora pretende expropiar a una veintena de familias para levantar 140 viviendas de nueva construcción. La actuación urbanística ha movilizado a todo el barrio, si bien es legal -como insisten en recalcalr desde el Ayuntamiento- al estar amparada por el Plan General de Ordenación Urbana de Santander.
No obstante, todas las actuaciones urbanísticas de la capital de Cantabria se encuentran actualmente en un limbo jurídico debido a que el pasado mes de noviembre el Tribunal Supremo anuló el Plan General ante el recurso planteado por la asociación ecologista Arca.