Los grupos Socialista, Regionalista, Ciudadanos y Mixto (Unidas por Santander) han registrado en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Santander la medida cautelar en la que solicitan que se ordene a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que proceda a convocar la sesión constitutiva de la comisión de investigación de las basuras en un plazo máximo de siete días.
Los portavoces del PSOE, Daniel Fernández; del PRC, José María Fuentes-Pila; de Unidas por Santander, Miguel Saro -grupos de la oposición-; y de Ciudadanos, Javier Ceruti -socio de Gobierno del PP- recurrieron a principios de octubre el decreto de Alcaldía del 13 de septiembre que anuló definitivamente la convocatoria de la comisión de investigación del contrato de las basuras.
Ahora, todos estos grupos políticos -a excepción de Vox, que está personado en el otro procedimiento iniciado por el PP contra la modificación del Reglamento- presentan la medida cautelar en busca de una convocatoria de la comisión de investigación por orden judicial.
Así, según han explicado en un comunicado, los letrados invocan el interés general de depurar las responsabilidades en el contrato de las basuras, que “a nadie se le escapa que estuvo repleto de irregularidades”, frente al “único interés del Grupo Popular” de “evitar a toda costa que la comisión desarrolle su trabajo por motivos que no conocemos con certeza pero que se van desvelando a cada paso”.
Igualmente, observan la intención del PP de “retrasar sine die la investigación” para “evitar verse inmerso”, en detrimento “gravísimo” del interés público y del principio de transparencia.
“Están hurtando a los ciudadanos el derecho a conocer las circunstancias que rodearon la escandalosa ejecución del contrato”, advierten, lo que “perturba claramente los intereses generales porque se evita que se depuren las responsabilidades del equipo de Gobierno actual en un contrato de vital importancia para el Ayuntamiento que seguramente derivará en pérdidas patrimoniales de los ciudadanos de Santander”.
A juicio de los abogados, aquel decreto de Alcaldía fue “improcedente”, “totalmente irregular” e “injustificado”, utilizando “artificiosamente” el mecanismo del recurso indirecto de una concejala del PP -la edil de Medio Ambiente, Margarita Rojo-, que no tiene cabida en vía administrativa y, en todo caso, debía haber acudido al juzgado contencioso-administrativo, sostienen.
Los demandantes, que ya se habían referido a aquella decisión como una “cacicada” del PP, acusan ahora a la alcaldesa de “retorcer” el procedimiento para “lograr objetivos personales” y califican su actuación como “disparatada donde las haya”, por más que fuera “adornada” por un informe “ad hoc”, “extemporáneo” e “improcedente” de la Asesoría Jurídica Municipal.
El escrito de interposición de medida cautelar acusa a Gema Igual de erigirse en “juez y parte” al “utilizar con manifiesta irresponsabilidad la última arma a su disposición para evitar que se lleve a cabo la comisión de investigación”.
En consecuencia, consideran que la decisión adoptada por la alcaldesa es “de extrema gravedad”. “A buen seguro puede superar el umbral de la desviación de poder”, recriminan, porque la Alcaldía era “incompetente” para resolver el recurso contra la convocatoria de la comisión de investigación e invadió las competencias que residen en el Pleno.
Al contrario de lo que hizo, indican que debió haber dado traslado al Pleno, que es el órgano que lo había acordado de forma legal con sendos informes favorables del secretario general, y en base a una modificación del reglamento que tiene “plena eficacia” puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado las medidas cautelares que instaron en su día los 11 concejales del Grupo Popular.
Dos años bloqueada
Los grupos de la oposición acordaron por primera vez modificar el Reglamento para incluir la figura de las comisiones de investigación en octubre de 2020, después de conocer el informe de fiscalización del servicio de limpieza y recogida de basuras elaborado por el interventor que arrojaba incumplimientos valorados en más de siete millones de euros.
Después de un informe jurídico que rechazó la posibilidad de celebrar una comisión especial para la investigación del contrato, los grupos se emplazaron a la modificación del Reglamento en la Comisión de Participación Ciudadana.
Pero la alcaldesa, que preside esa comisión, no la convocó durante meses por lo que los grupos impulsaron una extraordinaria en junio de 2021 en la que se acordó la modificación del artículo 60 para incorporar las comisiones de investigación, iniciando así un expediente aprobado por el Pleno el 23 de diciembre de 2021 en otra sesión extraordinaria forzada por la oposición, por 16 votos a 11 (solo el PP)
Todos los concejales del PP, incluida la alcaldesa, demandaron al Ayuntamiento en el mes de enero de 2022 pero el TSJC desestimó las medidas cautelares, por lo que la modificación del Reglamento “tiene plena eficacia” y, de nuevo, los grupos de la oposición impulsaron la creación de la comisión de investigación de las basuras, aprobada por mayoría absoluta y con informes favorables del Secretario Municipal el 29 de julio.
La alcaldesa llegó a convocar la sesión constitutiva para el 9 de agosto, pero a las 24 horas la suspendió al aceptar un recurso indirecto de la concejala Rojo, que consideraba ilegal la propia convocatoria.
Tras rechazar el Pleno en agosto, con el informe expreso del secretario, el recurso del portavoz del PP, César Díaz -con idénticos motivos que los planteados por Rojo-, la alcaldesa quedaba emplazada a volver a marcar fecha para el inicio de los trabajos de la comisión.
Sin embargo, en un decreto de Alcaldía -que es el que ahora está recurrido por PSOE, PRC, Ciudadanos y Unidas por Santander-, Igual decidió anular definitivamente la convocatoria.