El bosque de Loredo tiene una intrahistoria que refleja lo que ha sido la España del boom del ladrillo y el posterior pinchazo de la burbuja inmobiliaria. El suelo sobre el que se ha producido la tala es propiedad de Emilio Bolado, una de las constructoras más potentes que ha habido en Cantabria y que hace unos años entró en quiebra.
La empresa adquirió el terreno hace más de dos décadas con vistas a dar un pelotazo urbanístico. La finca está situada en uno de los parajes más espectaculares de Cantabria, en la localidad costera de Ribamontán al Mar, pegado a la playa, con vistas a Santander y frente a las islas de Santa Marina y Mouro. Un lugar idílico; tanto que el ladrillo fijó sus ojos en él.
Los planes de Emilio Bolado eran transformar el bosque en un espectacular complejo residencial y hotelero, que incluía un campo de golf de 18 hoyos y la construcción de 350 viviendas. En concreto, se actuaría sobre una superficie de 745.000 metros cuadrados. Así se recoge en la documentación consultada por eldiario.es.
Las normas urbanísticas aprobadas en el año 1993 por el Ayuntamiento de Ribamontán amparaban esta actuación, para el cual solo era necesario tramitar un plan parcial. Sin embargo, su desarrollo se frenó en seco con la entrada en vigor en el año 2004 del Plan de Ordenación del Litoral (POL), que calificó la zona como Área de Actuación Ambiental Integrada y restringió sus usos.
Ello fue una de las diversas causas por las que Emilio Bolado entraría años más tarde en concurso de acreedores. Compró la parcela por una buena cantidad de dinero y preveía rentabilizar la inversión a través de la construcción de la urbanización 'El Bosque'. La crisis económica y la caída de la obra pública terminaron por ser letales para la constructora, que en sus mejores años llegó a tener 300 empleados.
A comienzos de 2013, tras varios Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), Emilio Bolado entró en fase de liquidación y pasó a manos de los administradores concursales. Ellos han sido precisamente quienes han dado la orden de talar el bosque. El motivo es que desde el Ayuntamiento instaron a los propietarios a hacer una limpieza del terreno con el fin de prever posibles incendios. Como no hay dinero en caja, los administradores idearon ceder la leña a una empresa madera a cambio de que hiciera los trabajos. La falta de diligencia de las administraciones implicadas -Gobierno autonómico, Demarcación de Costas y Ayuntamiento- hizo el resto.
Demanda penal
Por otro lado, los vecinos de Loredo trabajan ya con dos bufetes de abogados para emprender “acciones legales” contra los responsables técnicos y políticos de la tala, que actualmente se encuentra paralizada de forma cautelar hasta que el Gobierno de Cantabria se pronuncie sobre su legalidad
A juicio de los vecinos, la actuación es “ilegal” al encontrarse en una zona protegida por el POL y por ello, pedirán responsabilidades penales “a todos los responsables”.
Para sufragar los costes judiciales, están trabajando en un proyecto para recaudar dinero a través de una plataforma de crowdfunding y cuentan ya con el apoyo de distintos personajes públicos a nivel nacional que colaborarán con la causa, según han informado a este medio desde el colectivo.
Solicitud a Medio Ambiente
Mientras tanto, la plataforma vecinal señala que el “objetivo inmediato” es instar a la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio) a que se pronuncie “de forma definitiva”. A este respecto, el director general de Montes, Antonio Lucio, ha indicado a este diario que su departamento ha solicitado al de Medio Ambiente que aclara cuál es la aplicación del POL en esa zona y que en base a ello determine el nivel de protección del bosque.
“Nosotros no somos competentes en interpretar el POL. Por eso, hemos solicitado que nos especifiquen cuáles son las condiciones que se derivan de esa clasificación”, sostiene Lucio, que no señala un plazo para resolver el expediente aunque manifiesta su deseo de que sea “lo antes posible, en el sentido que sea”.
En una primera valoración, Medio Natural otorgó la licencia de tala al comprobar en el Catastro que el suelo era urbano y que al tratarse de especies de crecimiento rápido -pino y eucalipto- no había impedimento legal para no hacerlo. Sin embargo, las denuncias de los vecinos, adelantadas por el eldiario.es, dejaron patente que es una zona calificada como Área de Actuación Integral Ambientada y que por tanto tiene “otras consideraciones”, aún por determinar.