Los profesores y profesoras del Área de Historia Contemporánea y la Delegación de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria (UC) han firmado un manifiesto conjunto “desde un punto de vista estrictamente académico y profesional” a favor de mantener la Ley de Memoria Histórica y Democrática en la comunidad autónoma ante su posible derogación. Una norma que, según apuntan en el escrito, “no es ni parcial ni revanchista”, sino que se trata de “un instrumento necesario y eficaz para construir un futuro de convivencia y una sociedad apoyada en valores compartidos”.
El comunicado llega como respuesta al impulso de una iniciativa de Vox, aprobada el pasado mes de septiembre en el Parlamento cántabro con los votos del Partido Popular, para presentar “a la mayor brevedad” un proyecto de ley de derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, aprobada la pasada legislatura por el Ejecutivo PRC y PSOE. La decisión provocó la creación de una plataforma ciudadana en contra de esta propuesta a la que, en un plazo récord de 48 horas, ya se habían sumado 800 personas -entre las que destacan los últimos guerrilleros antifranquistas con vida, Francisco Martínez López 'Quico' y Esperanza Martínez-, así como los partidos políticos PSOE, Podemos, Izquierda Unida y el PRC, sindicatos y colectivos sociales.
Los docentes, en línea con lo defendido por sus compañeros de otras universidades españolas y europeas respecto al papel que deben desempeñar los poderes públicos en el desarrollo de políticas del pasado, insisten en que el propósito de la Ley es “cerrar las heridas del pasado, no mediante su negación u olvido, sino a través de un conocimiento de los hechos basado en la investigación histórica profesional y contrastada”, pues “hacer frente a un pasado incómodo con rigor refuerza la democracia de un país”.
De este modo, los profesores y profesoras de la UC junto a la Delegación de Estudiantes argumentan que “esta norma facilita el avance del conocimiento histórico sobre unos temas y problemas que han de incrementar la calidad de la cultura cívica de la sociedad” siempre que sean abordados “con normalidad y sin parcialidad”.
Así, el profesorado universitario niega que la Ley, en la que “todas las víctimas están contempladas”, sea “ni parcial ni revanchista”, tal y como se alega para su revocación por parte de la derecha y la extrema derecha. Su abolición supondría, “de facto”, la “paralización de los protocolos de reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la represión de posguerra”, sostienen.
Los docentes de la UC afirman, además, que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria “se asienta en los principios del derecho internacional de los derechos humanos (ONU) para la protección y promoción” de los mismos “mediante la lucha contra la impunidad y que viene a dotar de contenido a las obligaciones que de aquella disciplina se derivan en el marco de actuación propio de la Comunidad Autónoma”.
Igualmente, defienden que la norma encuentra amparo en el artículo 10 de la Constitución española, donde se indica que “la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son fundamento del orden político y la paz social” y que “las normas relativas a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados internacionales sobre la materia ratificados por España”.
El manifiesto también secunda la labor de estos docentes en el Área de Historia Contemporánea, quienes aseguran divulgar en las aulas “un relato estrictamente profesional y científico de lo ocurrido en el siglo XX” tanto en España como en Cantabria.
“Nuestro trabajo, que está basado en el rigor histórico y es ajeno a toda inclinación o sesgo partidista, ha pretendido contribuir, directa o indirectamente, a la recuperación de la historia y la memoria individual y colectiva de las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura franquista frente al olvido y a las tesis revisionistas y negacionistas, que carecen de rigor, prescinden de datos y documentos y cultivan visiones sectarias y partidistas”, explican en el escrito.
Además, los docentes universitarios manifiestan su preocupación por la repercusión que tendría la supresión de la Ley “en su reflejo curricular en la docencia, así como en la formación del profesorado que sufriría la privación o distorsión de una realidad histórica”.
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