La cuenta atrás para la demolición de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Vuelta Ostrera, situada sobre la marisma de Cortiguera, en el municipio cántabro de Suances, parece que ha empezado. Esta instalación medioambiental fue inaugurada hace menos de una década y su puesta en marcha tuvo un coste cercano a los 24 millones de euros públicos, pero sobre ella pesa una sentencia firme de derribo del Tribunal Supremo por estar construida en un espacio protegido.
La decisión del Alto Tribunal se fundamentó en que la depuradora invade 87.450 metros cuadrados del estuario del río Besaya de manera injustificada, ya que existían otros emplazamientos posibles en el entorno del lugar elegido y sin invadir el dominio público. Fue construida con la financiación del Ministerio de Medio Ambiente y del Gobierno de Cantabria y contó con la oposición frontal de la organización ecologista ARCA desde sus primeros pasos.
Ahora, con menos de 10 años de servicio, se comienza a trabajar en su demolición, poniendo en marcha el proceso para construir una alternativa imprescindible para el saneamiento de las aguas en esa zona. Se estudian seis posibles ubicaciones, la más cercana a escasos 300 metros de la actual localización, con la paradoja de que en este caso el presupuesto superará ampliamente los 50 millones de euros.
Primeros pasos
De momento, la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha publicado un anuncio por el que se licitan en casi 688.000 euros la contratación de los servicios de redacción del anteproyecto y estudio de impacto ambiental de la solución alternativa a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Vuelta Ostrera.
La licitación de este contrato incluye también la adaptación del proyecto del emisario terrestre y submarino de Los Locos, en Suances, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según esta documentación, las empresas interesadas podrán obtener la información hasta el próximo 25 de noviembre y, una vez adjudicado, el contrato tendrá un plazo de ejecución de 18 meses.
Los trabajos
Los trabajos a realizar consisten en el estudio y elección de la alternativa más adecuada que asegure el cumplimiento a la Directiva Marco del Agua y de los requerimientos de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la demolición de Vuelta Ostrera. Así, se estudiarán seis emplazamientos distintos, considerando en cada uno de ellos “diversas alternativas sobre depuración y vertido final del efluente”.
Una vez concluya la tramitación ambiental se elaborará el anteproyecto de la solución elegida y se iniciarán los trámites para su contratación y ejecución, según indica el MAGRAMA en un comunicado, en el que destaca que, con esta licitación, el Ministerio “avanza” en la ejecución de la sentencia del Supremo.