La Junta Vecinal de Mioño (Castro Urdiales) ha recurrido la absolución de la expedánea Susana Herrán (PSOE), en la actualidad alcaldesa del municipio, por parte del Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades contables en esta entidad local menor.
El recurso ante la Sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador se interpuso hace un mes, tras la sentencia de la misma sala que en mayo desestimó la demanda de la Junta contra quien había sido su presidenta (de 2017 a 2019) y un antecesor suyo en el cargo, el también socialista Víctor Echevarría (2008-2015) por supuesta responsabilidad contable en base a la gestión que ambos llevaron a cabo desde 2010 y hasta 2019.
La apelación, a la que ha tenido acceso Europa Press, fue admitida a trámite y todavía no se ha resuelto, y ha coincidido en el tiempo con una denuncia presentada por los mismos hechos ante la Fiscalía de Cantabria, que abrió diligencias de investigación preprocesal, según constató esta agencia, aunque tras comparecer ante el ministerio público a principios de este mes el actual pedáneo de Mioño, Asier Laforga (PRC), la práctica de otras declaraciones y el análisis de la documentación se han archivado, al no haberse acreditado los posibles delitos denunciados.
El Tribunal fiscalizador de la gestión y cuentas públicas investigó a raíz de la demanda, interpuesta en febrero de 2023 -tres meses antes de las elecciones autonómicas y municipales-, si se había producido quebranto en los fondos de la entidad castreña por impago de deudas adquiridas -en base a una presunta falta de justificación de facturas- por la gestión de ayudas del Consistorio, en concreto de una subvención por importe superior al medio millón de euros recibida en 2008 y destinada a inversiones en la pedanía.
Pero Cuentas determinó en su sentencia que una incorrecta justificación de los fondos percibidos no supone que haya habido menoscabo de los mismos o perjuicio al patrimonio de la Junta Vecinal, que empleó el dinero en fines de interés local. Así, desestimó la demanda y, en consecuencia, absolvió de toda responsabilidad contable a Echevarría y Herrán.
La actual alcaldesa castreña encabezará la delegación cántabra al Congreso Federal del PSOE tras presentar una lista alternativa a la del secretario general del partido de Cantabria, Pablo Zuloaga, e imponerse en las votaciones celebradas el pasado 20 de octubre.
El resultado fue impugnado por el también portavoz parlamentario, por una incidencia registrada en la mesa de Cartes durante la jornada electoral, y aunque el Comité Regional de Ética dio la razón a Zuloaga, finalmente el mismo órgano de Ferraz ha avalado los resultados iniciales y ha ratificado la victoria de Herrán.
Argumentos del recurso
En cuanto a la resolución del Tribunal de Cuentas, que impuso las costas a la pedanía, se dictó el 17 de mayo y no era firme, toda vez que cabía apelar, recurso que ha presentado Mioño. En el mismo, consultado por EP, la Junta Vecinal solicita una corrección y ampliación de los hechos probados en la sentencia apelada, ya que a su juicio se “omiten algunos”.
También se cuestiona el fin de la subvención que, en opinión del pedáneo recurrente, “no solo no se destinaron a las inversiones exigidas por el Ayuntamiento de Castro Urdiales”, sino que fueron “a pagos ajenos al interés de la Junta Vecinal”.
El regionalista alude igualmente en la apelación a “un descubierto que se ha tratado de tapar con facturas anteriores, duplicadas y no pagadas”, por montante superior a los 250.000 euros, aunque cifra el alcance de la cuantía en más de 400.000 euros.
Para esta parte, que censura la “falta de colaboración” del secretario interventor, “las facturas contienen conceptos de servicios y materiales impropios o innecesarios en la Junta Vecinal”, como materiales de construcción “imposibles de controlar”, playas, policía o vinculadas al contrato de arrendamiento de terrenos, se indica en el recurso.
En él se acusa al expedáneo de disponer de fondos “a su antojo, sin justificación alguna, eludiendo los controles administrativos y en beneficio propio o de terceros pero no de la Junta Vecinal”, y se considera acreditada una gestión irregular de subvenciones, que ha provocado daños en el patrimonio municipal, cifrado en cerca de 600.000 euros.
Inadecuada gestión
En cuanto a la absolución de Herrán, porque “su conducta no supone vulneración alguna”, en el recurso se considera que esa sentencia desestimatoria “no es conforme a Derecho” y que “Susana, en tanto responsable de la Junta Vecinal, debía haber dispuesto del pago de la deuda, del reconocimiento de la misma en el presupuesto y articular una forma de cumplimiento o del pago mediante petición de aplazamiento o suspensión”.
“La omisión de cualquier actuación en relación a la deuda contraída con el Ayuntamiento de Castro Urdiales sobre devolución de subvención e intereses no solo constituye una inadecuada gestión financiera sino que ha supuesto un quebranto patrimonial para la Junta Vecinal que reúne los requisitos para que concurra responsabilidad contable” de la Ley del Tribunal de Cuentas, se concluye en el recurso.