Muguruza, exalcalde de Castro Urdiales: “En mis dos legislaturas no contraté ni a una sola persona a dedo”

El exalcalde de Castro Urdiales Fernando Muguruza ha asegurado que durante las dos legislaturas que estuvo al frente de este Ayuntamiento, desde 2003 hasta 2011, no contrató “ni a una sola persona a dedo”, sino que todas las incorporaciones a la plantilla municipal en esa época se hicieron convocando oposiciones.

“En mis dos legislaturas no contraté ni a una sola persona por ese método, a dedo. Todo lo que se contrató fue por oposición” y se hizo “intentando cubrir la parte más alta” del Consistorio (personal más cualificado), ha indicado este miércoles en su declaración como acusado en el juicio por el 'caso de los sobresueldos' en el municipio.

La vista oral se desarrolla en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria con trece imputados como presuntos autores de delitos continuados de malversación de fondos públicos y prevaricación, entre ellos ocho exconcejales y el también exregidor Rufino Díaz Helguera, y que al igual que Muguruza se enfrenta a nueve años de cárcel. Finalizada la práctica de la prueba con los interrogatorios a los procesados (la gran mayoría se ha acogido a su derecho a no declarar), este jueves será el turno de las conclusiones definitivas y el informe final del fiscal, en tanto que .

Muguruza, que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha tildado de “catastrófica” la situación económica del Consistorio a su llegada, a lo que ha sumado la “escasez” de funcionarios especializados y la coyuntura “tensa” y “dudas” que generaba el pacto de gobierno (PRC, PP e Izquierda Unida en el primer mandato, y Acuerdo por Castro en vez de IU en el segundo).

Por eso precisamente, ha señalado, “todas” las decisiones, incluidas las relativas a pagos, las tomaba “desde el primer día” la Junta de Gobierno Local (integrada por los tres partidos). El entonces alcalde, médico de formación y que asumió las competencias de Urbanismo, ha apuntado igualmente que “desde el minuto uno” tenían claro en el tripartito que había que hacer una Relación de Puestos de Trabajo.

Pero desde ese mismo momento, y según ha agregado, se encontraron con la “oposición frontal” de los sindicatos, ya que había funcionarios que tenían una situación “inmejorable” y, ante eso, la negociación con sus representantes era “muy difícil”. Finalmente, y aunque “costó mucho”, la RPT se aprobó en 2009.

Muguruza, que fue expulsado del partido regionalista en 2007 y que en 2010 estuvo veinte días en prisión provisional por la investigación por irregularidades urbanísticas en La Loma (causa por la que fue condenado a ocho años de inhabilitación y uno de prisión, sustituido por una multa de 6.800 euros), se ha referido también a preguntas de su abogado a las retribuciones a funcionarios por distintos conceptos, precisando que se venían abonando cinco años antes de acceder él al cargo, en base al convenio colectivo de 1998.

El exregidor castreño ha aseverado que intentó denunciar esta situación, pero se ganó la “animadversión” de todos los empleados públicos, con manifestaciones diarias en la Plaza del Ayuntamiento, según ha comentado. Además, ha apuntado que realizó diferentes consultas, a despachos de abogados, al Consejo de Estado -que les remitió a la negociación sindical- o al secretario municipal, que dijo que era “legal”.

Pese a ello, Muguruza se ha mostrado en contra y se reivindicado como “el principal enemigo” de esa situación. “Yo soy el primero que creo que esa situación era injusta y lo sigue siendo, para un Ayuntamiento con unos sueldos que no se corresponden con el resto de administraciones de Cantabria. Pero son derechos adquiridos”, ha lamentado a la par que se justificado.

En cuanto a la residencia municipal, creada hacía un siglo mediante una herencia familiar y que funcionaba como un patronato hasta 2011, cuando se transformó en organismo autonómico, el hasta entonces alcalde castreño ha precisado que la subida salarial del 10 por ciento a los empleados se hizo para “afianzar” esos puestos de trabajo, defendiendo que era algo “legítimo” y que se aprobó “legalmente”, en una junta de gobierno del centro sanitario a la que él “no” acudió.