El Parlamento de Cantabria cerró este lunes su segundo periodo de sesiones del primer año de legislatura con el último pleno ordinario del mes de junio. No obstante, antes de que sus señorías se marchen de vacaciones, los miembros de la Mesa están debatiendo una propuesta para reorganizar los plenos de cara a septiembre, cuando se reactive la actividad, con el objetivo principal de acortar las sesiones, que hasta ahora se celebran los lunes en jornadas de mañana y tarde (de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas generalmente).
Según fuentes parlamentarias consultadas por este medio, se barajan todas las alternativas posibles tomando como ejemplo la actividad de otros parlamentos autonómicos, pero la que cobra más fuerza es la de dividir los plenos en función de la naturaleza de sus iniciativas. Así, en una sesión se llevarían a cabo las de impulso, es decir, las leyes, mociones y proposiciones no de ley (PNL); y en otra sesión se tratarían las de control al Ejecutivo, como son las interpelaciones y las preguntas a consejeros y presidenta autonómica.
“El control que ahora se hace cada semana pasaría a hacerse cada 15 días”, reconocen las mismas fuentes, ya que hasta ahora se aglutinan todas las iniciativas en la misma sesión ordinaria de los lunes. De momento no hay nada acordado, las conversaciones entre los cuatro grupos representados en la Mesa del Parlamento (PP, PSOE, PRC y Vox) se están llevando a cabo con el objetivo de alcanzar un consenso que podría darse a lo largo del mes de julio, incluso la próxima semana.
Para que la propuesta salga adelante no es necesaria unanimidad, sino mayoría en el citado órgano rector, que actualmente cuenta con dos representantes del grupo popular -la presidenta, María José González Revuelta, y el vicepresidente primero, Alejandro Liz-; uno del grupo regionalista -el vicepresidente segundo, Francisco Javier López Marcano-; otro del grupo Vox -el secretario primero, Armando Blanco- y otro del grupo socialista -el secretario segundo, Joaquín Gómez-.
Así todo, se trata de un asunto complejo, puesto que esta propuesta se enmarca en el cambio de reglamento que lleva meses impulsando la Cámara autonómica con la mejora de la transparencia como principal eje. Y es que el hemiciclo cántabro es el único que todavía no hace públicos los bienes de sus diputados -junto con el de Euskadi-, una excepción que los actuales parlamentarios han acordado erradicar, pero que no termina de llevarse a cabo.
La intención fue anunciada en marzo, en plena polémica por el oscurantismo de la Cámara en torno al caso del diputado de Vox, Cristóbal Palacio, y la retirada de su dedicación absoluta por la incompatibilidad de su desempeño público con su actividad privada en una votación a puerta cerrada, sin la presencia de periodistas, público e incluso personal laboral.
Además de la aplicación de la Ley de Transparencia, “la amplia reforma del reglamento” anunciada entonces por la presidenta de esta institución aborda cuestiones como la adaptación a la administración electrónica y la supresión del sábado como día hábil. La futura normativa, según detalló, podrá beneficiarse de “ajustes y actualizaciones para asegurar un funcionamiento más eficiente y transparente de la institución legislativa”.
Y es que la última modificación extensa del reglamento se produjo en 2007, aunque posteriormente, en junio de 2012, se introdujo una reforma puntual limitada a la regulación del voto telemático. “Después de tan largo lapso de tiempo, el reglamento ha ido quedado en parte desactualizado y los grupos entienden que ha llegado el momento de una revisión”, explicó la presidenta.