El consejero de Sanidad, Raúl Pesquera (PSOE), ha defendido que la prórroga del contrato del transporte sanitario con Ambuibérica es algo “perfectamente legal, previsto y pactado” por las partes y, además, ha recordado que asumir dichas prórrogas es algo “obligatorio” para la adjudicataria. “Quien decide si se prorroga o no es la Administración”, ha dicho.
Así ha respondido este lunes en el Pleno el consejero a las críticas de Vox después de que el Gobierno de Cantabria decidiera prorrogar este contrato, que fue adjudicado a Ambuibérica en febrero de 2018 por cuatro años y con posibilidad de dos prórrogas, por un año cada una de ellas. Para Vox, la prórroga de este contrato a una empresa que está ofreciendo, a su juicio, un “servicio nefasto” es el “mejor ejemplo” del “caos” que vive la sanidad cántabra, recordando las penalizaciones impuestas a Ambuibérica por deficiencias y por incumplimientos del contrato.
Sin embargo, el consejero ha señalado que actualmente está en ejecución la primera de las prórrogas y ha recordado que aún existe la posibilidad de la segunda ya que ambas están previstas en el contrato. “No se está viviendo ninguna situación anómala”, ha insistido. Pesquera ha explicado que actualmente se está trabajando en los pliegos del nuevo contrato pero ha advertido que “las prisas no son buenas”. “Hay que dejar trabajar a los técnicos, que son los que saben, y al ritmo al que lo están haciendo”, ha apostillado.
Además, ha recordado que en Sanidad hay otros concursos que Sanidad tiene que licitar, estableciendo para ello sus “prioridades”. “Esta no ha sido una legislatura normal en ningún ámbito pero, si cabe, menos en sanidad porque la pandemia ha obligado a volcar gran parte de sus esfuerzos en combatir el Covid”, ha indicado. Ha afirmado que la razón de haber acudido a la prórroga es “porque es la práctica habitual de los contratos de la Administración y las empresas licitadoras cuentan con ello cuando se presentan”.
“Otra cosa es que si ahora no le salen las cuentas a la empresa ellos quieran no asumir unilateralmente la prórroga cuando es una obligación”, ha apostillado el consejero de Sanidad, que ha recordado que cuando una empresa se presenta a una licitación y presenta una oferta con una serie de condiciones lo hace “a riesgo y ventura”.
En ese sentido, ha indicado que, aunque la empresa pueda querer que se saque un nuevo contrato, lo que tiene que hacer la Administración mientras el actual está en vigor es poner “todos los instrumentos al alcance” para garantizar que se cumplan las condiciones estipuladas y facilitar las condiciones para que el servicio se preste en las “mejores condiciones de calidad posibles”. El consejero ha asegurado que desde que se está haciendo seguimiento del contrato a través de distintas reuniones celebradas --16 en esta legislatura-- y ha recordado que se han impuesto a la empresa penalizaciones, que hasta ahora ascienden a 38.000 euros.