Las plataformas y agrupaciones conformadas para frenar las plantas de biogás en Cantabria, y más concretamente en Cabezón de la Sal y Arenas de Iguña, han denunciado que la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno autonómico ha firmado dos declaraciones de interés social para poder construir estas dos industrias a pesar de que estarían ubicadas en suelo rústico.
Esta calificación, llamada interés social o de utilidad pública, se da para expropiar terrenos que vayan a ir destinados a dar algún servicio público como unas piscinas municipales o un instituto. Jesús Vélez, el portavoz de la coordinadora de Cabezón de la Sal, destaca que “lo que no puede es darse para que una empresa privada gane dinero y además poner la planta donde te dé la gana”.
Asimismo, pone en alerta al resto de posibles proyectos que podrían llevarse a cabo y advierte que, el hecho de que se haya declarado de interés social el caso de Cabezón y Arenas de Iguña podría estar sembrando un precedente “para que se ponga una planta en cualquier terreno de Cantabria”.
De igual forma, Vélez indica que el organismo encargado de dar el permiso de construcción en un terreno rústico es la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que depende de la Consejería de Obras Públicas, por lo que no entiende si la decisión de Medio Ambiente está respaldada por el departamento de Urbanismo. Ocurre algo similar con la Consejería de Industria a la que, según aseguran desde la agrupación, la empresa aún no ha presentado nada para solicitar la licencia de actividad. “Industria debería dar el visto bueno y aquí no está participando en una instalación de este calibre que, recordemos, es peligrosa”, señala el portavoz.
En el otro caso, Alfonso Ibáñez, de la plataforma de Arenas de Iguña, añade que, en su municipio, además de querer construir la planta en un terreno rústico como en el caso de Cabezón, este es de especial protección agrícola ganadera. “Entiendo que no es un terreno en el que se puede construir una industria por más que Medio Ambiente les dé una calificación de interés social para avanzar”, asevera.
De hecho, algo a lo que apela en repetidas ocasiones Ibáñez durante su conversación con elDiario.es es a “la falta de sentido” de esa calificación “por la falta de argumentos”: “¿Quién dice que eso es un bien social? Se están aprovechando de que hay una legislación inexistente con estas industrias”, revela el representante del Valle de Iguña.
Además, Ibáñez recuerda que su municipio también es uno de los susceptibles de construir un parque eólico, algo a lo que se ha opuesto el propio alcalde, así como sus vecinos por los daños que podría generar en el territorio por el impacto ambiental y la pérdida del patrimonio identitario, que podría contribuir a la despoblación y a la pérdida de ingresos por el turismo.
Ahora, y tras conocer que también se quiere añadir una industria de biogás a Iguña, el portavoz de la plataforma se queja de que “quieran convertir el Valle en el estercolero de Cantabria”. “No decimos que no a todo porque somos conscientes de que necesitamos energía verde, pero hay que presentar alguna alternativa que no nos obligue a irnos de nuestro pueblo”, concluye.
Ambas agrupaciones se encuentran a la espera de noticias tras enviar una petición al Parlamento de Cantabria para que se debata la paralización de la plantas así como para revisar si el interés social se ha aplicado en estos casos de forma correcta.
Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Medio Ambiente y se han trasladado una batería de preguntas en relación a los motivos de estas calificaciones sin obtener ninguna respuesta hasta la fecha.
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