Las plataformas contra los parques eólicos piden paralizar el complejo de El Escudo por sus daños a hábitats “prioritarios”

El Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica (FDJCC), del que es miembro la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos y con los que colabora la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha iniciado ya la preparación de las medidas cautelares contra el parque eólico del El Escudo, y contará con un equipo de peritos que analizarán “los verdaderos impactos ambientales de este proyecto”.

Así pues, las acciones legales tramitadas a través de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, se centrarán en que el espacio presenta “un conjunto ecosistémico único”, formado por turberas, brezales húmedos y cervunales, todos ellos hábitats naturales prioritarios para su conservación en la Directiva Hábitats, hábitats endémicos a nivel mundial, que están amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea, y cuya conservación supone una responsabilidad especial para la UE, tal y como recoge la Directiva.

Por tanto, y a pesar de que en el informe de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria para los proyectos de Ribota y Garma Blanca, se indica que se deben evitar complejos eólicos en espacios naturales protegidos de cualquier tipo, incluida la Red Natura 2000, y en su inmediato entorno (al menos 5 km), en el caso de El Escudo, los aerogeneradores transcurren pegados al límite suroeste de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra del Escudo, en el cordal superior de este espacio, y parte de sus infraestructuras invaden el terreno de la ZEC.

En estos informes, el Gobierno de Cantabria asevera que “la instalación de una infraestructura de la magnitud de un parque eólico choca con los objetivos de calidad paisajística contemplados en dicha Ley”, en referencia a la Ley de Cantabria 4/2014 del Paisaje, algo que parecen no recoger en sus informes la empresa promotora del proyecto de El Escudo, que intercepta tres paisajes relevantes de Cantabria: Embalse de Alsa, Monte Canales y Embalse del Ebro.

Este Fondo Jurídico se constituyó para garantizar la conservación de la biodiversidad en todo el territorio de la Cordillera Cantábrica y no sólo en los territorios protegidos, con el fin de preservar la integridad funcional de nuestros ecosistemas. Las montañas son importantísimos corredores ecológicos, y en un territorio como el cántabro, de una gran dispersión constructiva, y que tiene artificializadas todas las zonas bajas de la Comunidad, la importancia del equilibrio entre lo construido y lo natural queda sustentada, de manera muy importante, en las cumbres de estas montañas cantábricas, por lo que deberían ser excluidas en el proceso de implantación de instalaciones industriales eléctricas.

En Cantabria, más de 20 colectivos cántabros ya se unieron para reclamar una moratoria de este tipo de instalaciones hasta la aprobación definitiva del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), y exigió la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica, indicando que la transición energética prevista ha de tener como objetivo el desarrollo de un modelo energético consensuado, territorializado y distribuido, enfocado en una eficiencia energética real, que en vez de implicar una mayor despoblación en nuestro medio rural, aporte soluciones a la recuperación de la vida rural.

Diversas asociaciones, juntas vecinales y vecinos afectados, ya han denunciado públicamente que la tramitación de este proyecto, así como el resto de los proyectos que han visto la luz hasta ahora, incumple la ley y las garantías de participación ciudadana. En el caso del Escudo denunciaron, asimismo, que el Estudio de Impacto Ambiental presentado fue incompleto, y que no se permitió acceder a los informes hasta ser aprobada la Declaración de Impacto Ambiental.

Estos colectivos recriminan la participación de parte de los Directores Generales y del Consejero de Industria Javier López Marcano, a los que se les ha visto “vender las bondades del proyecto por las Juntas Vecinales afectadas”, y son especialmente críticos con la cuestionable labor de Antonio Lucio, Director General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático que, a juicio de los demandantes, no está ejerciendo su labor de garante y protector de las áreas naturales de nuestra Comunidad.  

A estas críticas se suma que recientemente dicha Dirección General ha desatendido la negativa de las Juntas Vecinales a la ocupación del suelo para la ejecución de los sondeos del proyecto constructivo. Esto permitiría al promotor comenzar con las actividades una vez concedida la Autorización Administrativa Previa, lo cual ha motivado que el FDJCC comience a trabajar de forma activa para evitar cualquier actividad que pueda afectar a los hábitats mencionados.