La precampaña electoral en Cantabria ha empezado a dejar promesas en titulares que, a veces, se topan con la hemeroteca o el archivo histórico y no dejan en buen lugar a quienes las promulgan. Ejemplo de ello pueden ser las propuestas en materia de atención a la dependencia del PP. La formación conservadora ha asegurado este miércoles que si logra gobernar tras el 28M “va a volver a colocar a Cantabria a la vanguardia de España frente al retroceso y el recorte de derechos” en esta materia que, a su juicio, se ha producido con el Gobierno PRC-PSOE.
Lo cierto es que la evolución histórica de la inversión llevada a cabo en este ámbito en Cantabria desde que en 2006 se aprobó la ley de dependencia con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) refleja una importante caída en la financiación durante los años que el PP gobernó la comunidad con mayoría absoluta, entre 2011 y 2015.
El gráfico consultado por elDiario.es muestra claramente una 'U' en ese periodo y los datos hablan por sí solos: la partida destinada a Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) fue de 12 millones en 2015 -20 euros por habitante-, a partir de entonces aumentó a 15 y actualmente se sitúa en 18 millones, lo que se traduce en 31 euros por habitante. Se trata de un convenio entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y los ayuntamientos y mancomunidades de Cantabria para el desarrollo de los servicios sociales de atención primaria.
En 2013, en un contexto de recortes sociales llevado a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) que también se aplicó en Cantabria, se alcanzó el mínimo desde que la norma estatal está vigente (11,8 millones). Y en cifras similares se mueve la serie histórica de la financiación del ICASS, que en 2015 fueron 12 millones y en 2022 se superaron los 21.
Esta realidad choca con las promesas y el discurso preelectoral al respecto de esta materia del partido conservador y de su presidenta y candidata, María José Sáenz de Buruaga (PP), que se ha reunido esta semana con empresas del sector. “Cantabria tiene que recuperar posiciones, tiene que poner al sistema de promoción de la autonomía y atención a la dependencia otra vez en la vanguardia de España”, ha afirmado la cabeza de lista del PP, que fue consejera de Sanidad y responsable de Servicios Sociales bajo el mandato de Ignacio Diego.
“Esta legislatura solo ha servido para dar pasos atrás y el único balance es la improvisación, las excusas y la imposición”, ha insistido. Lo cierto es que durante estos cuatro años, la inversión en atención a la dependencia ha crecido notablemente, tal y como reflejan los datos, y se han incrementado las plazas públicas concertadas en un 9%, superando así las 8.000 comprometidas, tal y como anunció recientemente el Ejecutivo autonómico.
“No hay ninguna situación de emergencia que se quede sin cubrir y no existe lista de espera para recibir prestaciones económicas, ni para teleasistencia, ni para centros de día; lo que provoca la lista de espera es la demanda de plazas de atención residencial en mayores y en determinadas zonas de la región”, ha apuntado la consejera de Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego (PSOE).
Asimismo, el PP ha denunciado que en Cantabria actualmente “casi 4.000 personas en situación de dependencia no están siendo atendidas”. “3.878 personas con derecho reconocido no reciben ni un solo servicio o prestación, que una de cada cuatro personas en situación de dependencia están expulsadas del sistema”, ha subrayado Buruaga.
El departamento de Gómez de Diego, cuestionado por este periódico al respecto, ha desmentido esta afirmación, señalando que son personas a las que se les ha reconocido el grado de dependencia pero que renuncian a las prestaciones que se les ofrecen. A 31 de marzo eran 3.453. “Se contabilizan como desistidos y en el momento en el que lo deseen pueden solicitar las prestaciones a las que tengan derecho”, han asegurado desde la Consejería.
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