El Partido Popular ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria para requerir al Gobierno de la nación que aplace hasta diciembre de 2023 la prohibición de la caza y la pesca deportivas y recreativas en los Parques Nacionales, que entrará en vigor este 5 de diciembre, una vez finalizada la moratoria establecida en la Ley de Parques Nacionales.
En nota de prensa, el diputado regional del PP, Pedro Gómez, ha explicado que la Ley de Parques Nacionales establecía una moratoria de seis años para la prohibición del ejercicio de la caza y la pesca en los Parques Nacionales, moratoria que vence mañana, sin que hasta la fecha la administración haya alcanzado “acuerdo alguno” con los propietarios de las tierras afectadas por la misma, ni se hayan resuelto por tanto las disposiciones establecidas en la ley.
Gómez ha criticado la “inacción” por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ante la proximidad de la prohibición de la caza y la pesca dentro de los Parques Nacionales, que después de seis años “no ha establecido ningún tipo de medida que evite las graves consecuencias que esta prohibición supondrá para los parques afectados”, en el caso de Cantabria el de Picos de Europa.
El diputado ha recordado que la práctica de la caza supone una actividad “crucial” del medio rural e “inseparable” de la correcta gestión de los mejores paisajes, de las especies animales que se cazan y de las demás.
También que muchos de los parques nacionales se sitúan en entornos despoblados, que han ido perdiendo población a lo largo de los últimos años, y cuyas posibilidades de desarrollo económico y social, por tradición, pero también por la propia protección del ecosistema, están directamente relacionados con las actividades que se desarrollan en los terrenos de propiedad privada que forman parte de los parques.
Y al hilo ha indicado el Parque Nacional Picos de Europa en Cantabria tiene su enclave en los municipios de Camaleño y Cillorigo de Liébana, para los cuales la caza supone “una de las principales fuentes de ingresos”, así como para el conjunto de la comarca lebaniega, porque “es una actividad que permite fijar población sobre el territorio, da empleo a muchas familias y de ello depende la supervivencia del mundo rural y, en definitiva, evitar su despoblamiento”.
En opinión de Gómez, la situación creada por la no aplicación por parte del gobierno de lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley de Parques Nacionales, adquiere una “gravedad especial” en las actuales circunstancias, derivadas de la crisis sanitaria, y justifica la necesidad de aplazar la prohibición para no añadir “más incertidumbre” sobre el medio rural.
La proposición no de ley del Grupo Popular pide modificar dicha disposición de la Ley, con el fin de incluir una prórroga hasta diciembre de 2023 y promover ante las administraciones competentes la aprobación de los acuerdos para adecuar la situación de todos los parques nacionales a las determinaciones de la ley antes de que finalice la nueva prórroga.
“Es responsabilidad de todos proteger la supervivencia de la Red de Parques Nacionales, así como la de los entornos que los hacen posibles”, ha concluido.