El Partido Popular, al frente del Gobierno de Cantabria desde hace casi un año, ha recuperado la presencia de simbología religiosa durante las ceremonias de entrega de títulos a los funcionarios públicos. En concreto, el Ejecutivo que dirige María José Sáenz de Buruaga, ha situado un crucifijo junto a la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cantabria durante los actos en los que se ha entregado a un millar de docentes los diplomas que acreditan su estatus de funcionarios de carrera tras haber superado las pruebas selectivas.
Y aunque la mesa sobre la que se ha hecho reposar la Carta Magna, el Estatuto y el citado emblema del cristianismo no se ha situado en ningún caso en el centro, y el juramento frente a estos símbolos de política y religión es opcional, lo cierto es que su mera presencia supone una novedad respecto a los actos de esta índole que se han desarrollado durante las dos últimas legislaturas, con el PRC y el PSOE al frente del Gobierno autonómico en forma de coalición.
Y es que entonces, ni con la cartera de Educación en manos regionalistas (2019-2023) ni en manos socialistas (2015-2019) se vio la imagen de las últimas semanas en este tipo de eventos: la mesa con el crucifijo, la Constitución y el Estatuto delante de las banderas de la Unión Europea, España y Cantabria. Por un lado, el pasado 9 de mayo, casi 340 funcionarios recibieron su titulo en el paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC) y, por otro, el 16 del mismo mes, en el Palacio de Festivales, le fue entregado a más de 600 profesores interinos que superaron el proceso de estabilización.
En declaraciones a este medio, una de las docentes que acudió al segundo acto ha destacado su “falta de organización”, pues “los funcionarios subían y bajaban a recoger el título indistintamente, y por el camino se hacían una foto con el crucifijo”. Y es que, pese a que la instantánea no era obligatoria, los docentes se cruzaban con la mesa en la que se encontraba el símbolo religioso a la hora de subir al escenario a recoger su acreditación como funcionarios de carrera de manos del consejero.
Por otro lado, poco antes de estos dos actos, la consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades encabezada por Sergio Silva (PP) también entregó los títulos a seis nuevos inspectores que se han incorporado al Servicio de Inspección Educativa del Gobierno de Cantabria. Tal y como se puede observar en una de las imágenes publicadas por el propio consejero en sus redes sociales, uno de los seis inspectores, que es el actual director general de Personal Docente de la propia Consejería -Alberto Hontañón-, recibió su titulación llevando a cabo un “acto de juramento” frente al crucifijo y con las manos sobre el Estatuto y la Carta Magna.
Desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC) consideran “inapropiado vincular un acto institucional de entrega de títulos a inspectores/as y funcionarios de carrera con juramentos políticos o religiosos se trata de algo que creían superado desde hace tiempo”.
“Nos recuerda a la peor tradición partidista del PP en Cantabria, que en materia educativa representaron Miguel Ángel Serna -consejero de Educación durante la legislatura de la mayoría absoluta del PP en Cantabria (2011-2015)- y José Luis Blanco -director general entonces y ahora-”. Además, en declaraciones a elDiario.es, el sindicato ha señalado que instará al Gobierno de Cantabria a “mantener el credo en el ámbito privado” y a “recuperar la neutralidad de los actos, para garantizar que sean inclusivos con toda la diversidad de personas que optan con los mismos derechos a estas plazas”.
Por su parte, Conchi Sánchez, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria, ha lamentado que una de las “deudas pendientes” del Estado español es la de “romper los acuerdos con el Vaticano”, todo ello para conseguir “avanzar en asuntos como la escuela pública y laica”. De la misma manera, Sánchez, cuestionada por este periódico, ha afirmado que “la simbología no es tan importante como lo que puede haber detrás”, recordando que en ocasiones las escuelas católicas a las que “se desvían” los fondos públicos “no respetan los derechos de los y las trabajadoras” que en ellas ejercen.
Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria, desde donde se ha declinado hacer declaraciones al respecto de este asunto.