Se acercan las elecciones y el PP recurre al ya clásico mantra de que debe gobernar la lista más votada. Empezó tras la moción de censura que expulsó a Mariano Rajoy de la Moncloa en 2018, cuando el actualmente conocido como bloque de la investidura en el Congreso se alineó para hacer presidente a Pedro Sánchez (PSOE) tras la sentencia de la Gürtel que condenó al PP por corrupción.
A partir de entonces, distintos dirigentes 'populares' deslegitimaron al presidente socialista por estar al frente del Ejecutivo sin pertenecer a la candidatura más votada en la Cámara Baja, con calificativos como 'okupa de la Moncloa', hasta que el PSOE ganó las elecciones en dos ocasiones -en abril y en noviembre de 2019- y Pedro Sánchez volvió a ser investido presidente del Gobierno, cargo que ostenta hasta la actualidad.
Desde entonces, el PP emplea una doble vara de medir en esta materia según le conviene: carga contra el que llaman 'pacto de perdedores' en los territorios donde es la lista más votada y no gobierna, pero cuando tiene la oportunidad de formar gobierno como segunda fuerza lo lleva a cabo sin miramientos. Y en esos casos no importan los 'pactos de perdedores'.
Así ocurre en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, donde el actual alcalde, José Luis Martínez Almeida (PP), no ganó las elecciones en 2019. Fue Más Madrid con cuatro escaños más, que sin embargo está en la oposición. Lo mismo ocurrió en 2019 en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León o en Andalucía. Los líderes populares lograron entonces la Presidencia de sus territorios siendo segunda fuerza, alcanzando acuerdos con Ciudadanos y con el apoyo de la extrema derecha de Vox. Posteriormente, Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Manuel Moreno Bonilla revalidaron sus cargos, está vez sí como candidatos más votados, tras las elecciones anticipadas que han tenido lugar en esos territorios.
Ahora, a las puertas de los comicios autonómicos y municipales que tendrán lugar el 28 de mayo, el PP vuelve a pedir que los partidos faciliten el gobierno de la candidatura más votada. Lo ha hecho en Cantabria, donde su grupo parlamentario ha registrado una proposición no de ley, que se debatirá en el Pleno del próximo lunes, en la que reclama “un pacto político” que garantice esta premisa.
Esta vez, el principal motivo que ha esgrimido alude a que “la estabilidad del Gobierno no recaiga en minorías de extrema derecha y extrema izquierda”. No obstante, el documento registrado en la Cámara autonómica no hace alusión alguna a ninguna formación de extrema derecha y sí carga contra Podemos y sus “políticas de extrema izquierda” y las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí'.
En este sentido, lamenta que el presidente saliente -Miguel Ángel Revilla (PRC)- “excluya de los acuerdos de investidura a determinadas formaciones políticas” -en referencia a que el líder regionalista decidió volver a presentarse para “evitar un pacto con Vox”- y “no a otras”.
“A juicio de otros analistas, los riesgos que entraña hacer descansar la estabilidad del gobierno en acuerdos con la extrema izquierda o la extrema derecha podrían disiparse fácilmente mediante un acuerdo de los grupos políticos para facilitar la investidura del candidato que hubiera ganado las elecciones”, señala el PP en la PNL.
Así pues, propone que el Parlamento inste al Gobierno “a promover la aprobación de un pacto político con los representantes de todas las fuerzas parlamentarias con el fin de facilitar que la investidura del presidente del Gobierno de Cantabria recaiga en el candidato de la lista más votada en las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023”.
Actualmente el PP de María José Sáenz de Buruaga es el segundo partido con más representación en el Parlamento con nueve escaños, por detrás del PRC de Miguel Ángel Revilla que cuenta con 14.
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