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El PRC alerta del “escándalo” que planea el PP: “Va a vender Cantabria a unos pocos ricos para cumplir promesas electorales”

Paisaje rústico en Cantabria.

Rubén Alonso

Santander —

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El PP ha convertido su proyecto de Ley de Simplificación Administrativa en una especie de cajón de sastre en el que, entre otras cosas, ha introducido una modificación de la Ley del Suelo para permitir la construcción de vivienda libre en zonas de especial interés público, en los conocidos como PSIR (Planes Singulares de Interés Regional). “Es el pelotazo de la legislatura”, denunció hace unos días el PRC, que este miércoles ha vuelto a la carga con este asunto, alertando de las intenciones “especulativas” del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga.

“Van a vender Cantabria a precio de suelo rústico para que unos pocos se hagan ricos y poder cumplir algunas de sus promesas electorales”, ha subrayado el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, durante una rueda de prensa ofrecida para exponer el punto de vista de su formación sobre la Ley de Simplificación, que se encuentra en pleno trámite parlamentario y cuya aprobación está ahora en entredicho, puesto que el Ejecutivo del PP está en minoría y la oposición se ha mostrado en contra de esta medida de carácter urbanístico incluida en la norma “por la puerta de atrás”.

“Las prisas y el oscurantismo que hemos visto sólo se justifican si estamos como nos tememos ante el mayor escándalo de la legislatura”, ha insistido Hernando, quien además ha alertado de que la modificación planteada por el PP supone que los terrenos expropiados mantendrán la misma calificación desde el inicio del procedimiento hasta el final. “Lo lógico es que te paguen el terreno al valor de futuro”, ha señalado, poniendo como ejemplo la tasación de los terrenos rústicos expropiados para el polígono de La Pasiega. “Los jueces, con buen criterio, obligaron al Gobierno a pagarlos como industriales”, ha recordado. Pero el PP “se ha puesto la venda” y asegura que “si el terreno del proceso es rústico, te lo pagaremos como rústico”.

“Aquí no se está hablando de vivienda, sino de especulación, de pelotazo urbanístico, de oscurantismo y de dar suelos gratis a promotores privados para que se enriquezcan”, ha denunciado el portavoz regionalista. Y es que el propio consejero de Fomento, Roberto Media (PP), ha reconocido que la intención del Gobierno es que se construyan viviendas en los PSIR, un 30% de ellas protegidas. “Como cualquier promotor que desarrolla vivienda en suelo comprado por su bolsillo”, ha apuntado Hernando.

“Ya se puede construir vivienda protegida en suelo rústico, pero eso no lo quieren porque no es un pelotazo; quieren quitarle al paisano su finca rústica y construir ahí para que otros ganen mucho dinero”, ha expresado el diputado regionalista, recordando además que el precio del metro cuadrado en los módulos de VPO -Vivienda de Protección Oficial- ha subido 500 euros en un año en municipios como Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Comillas, Suances y Laredo. “¿Me tengo que fiar de la palabra del consejero de que en esos municipios no va a haber permisos?”, se ha cuestionado.

Y es que en su opinión, el consejero de Fomento, Roberto Media, “ha metido un gol” a la consejera de Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia porque “en el primer borrador de la ley no se introducía la modificación, la introdujeron después”. Así pues, Hernando ha instado al PP a retirar los 24 cambios relacionados con la Ley del Suelo de la de Simplificación Administrativa -“si quieren cambiar la Ley del Suelo que la traigan por el procedimiento ordinario”-, así como “todo lo que no sea simplificación”, como las modificaciones de la Ley del Patrimonio, la Ley de Ordenación Sanitaria o los Albergues Turísticos.

El PRC pone condiciones

Esa es condición indispensable para que el PRC apoye la norma, pero no es la única: que se incluyan plazos y mejoras técnicas, que los silencios administrativos sean positivos, dotar de medios económicos y técnicos a ayuntamientos, y mejorar las declaraciones responsables. Y es que, según ha subrayado el portavoz regionalista, el proyecto de ley que está en tramitación “no simplifica nada, sino que modifica 19 leyes y 14 decretos en más de 100 artículos que solo generan confusión”

“No reduce para nada la burocracia; no impone el silencio positivo, que sólo se modifica en cuatro apartados; desvía la responsabilidad a los particulares y a los ayuntamientos; lo hace todo a coste cero y no sirve para salvar la brecha digital de los ciudadanos”. “Es una mala ley que el Parlamento va a tener que trabajar duro para mejorar”, ha valorado.

Hernando ha asegurado que los regionalistas van a hacer “todo lo posible” para que esta Ley de Simplificación “esté aprobada cuanto antes”, pero con los criterios citado anteriormente e intentando conseguir un acuerdo con todos los grupos. Para ello, según ha señalado, están manteniendo conversaciones tanto con el PSOE como con Vox, pero del PP aún no tienen noticias. “Estarán un poco sorprendidos, porque pretendían que esto fuera deprisa y corriendo”, ha afirmado.

El 29 de enero termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Simplificación, si bien el PRC, que cuenta con un “texto alternativo” en el que se incorporan todas esas modificaciones, está barajando introducirlas como enmiendas parciales para que la ley “no se retrase”. Además, Hernando ha anunciado que en caso de que el Ejecutivo del PP retire el proyecto de ley, los regionalistas registrarán vía de urgencia la “misma” ley pero con los cambios introducidos por los grupos.

Y es que, además, el proyecto de ley cuenta con un informe jurídico desfavorable del propio Gobierno, en concreto de la Consejería de Presidencia, cuyo asesor alertó de la posible “inconstitucionalidad” de algunos de sus artículos, especialmente en lo referente a las declaraciones responsables por “violar el reparto competencial”.

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