El PRC ha decidido guardar silencio sobre el escándalo político que ha estallado en Castro Urdiales a las puertas del 28M y que afecta a su candidato y a la vez integrante de la lista autonómica, Jesús Gutiérrez. Para la formación regionalista, una presunta fortuna en Suiza o la retirada de casi ocho millones de euros sin declarar a Hacienda, tal y como desveló su hermano en una entrevista en Onda Cero el pasado viernes, son hechos que se limitan “al ámbito familiar” y no requieren más explicaciones que esa, según ha asegurado a preguntas de elDiario.es.
Pero es que las supuestas maniobras o irregularidades del líder del PRC en Castro Urdiales no terminan ahí, y las declaraciones de su hermano narrando al detalle cada una de ellas han puesto patas arriba la precampaña electoral en el municipio que aspira a dirigir.
Fernando Gutiérrez acusó a su hermano de querer utilizar el Ayuntamiento para hacer negocios inmobiliarios y denunció que participó en una operación del PP nacional -con el entonces número dos del partido, Teodoro García Egea- para hacerle alcalde a través de una moción de censura. También le acusó de haber “malgastado el dinero de los cántabros”, en referencia a una ayuda pública de tres millones que le fue concedida a su empresa -Conservas Lolín- para abrir una línea de túnidos que terminó con los trabajadores despedidos y la maquinaria pagada con dinero público vendida.
El escándalo de estas acusaciones se produjo el mismo día en el que el líder regionalista, Miguel Ángel Revilla, tenía previsto visitar Castro Urdiales para presentar oficialmente la candidatura de su partido, encabezada por Jesús Gutiérrez, a los comicios del 28 de mayo. Y ello no impidió que el acto se celebrase con total normalidad sin mención alguna a las mismas pese a su gravedad.
Sin embargo, la ciudadanía castreña no es ajena al que es el tema político del momento. Tampoco los demás partidos, que en su mayoría coinciden en pedir explicaciones al candidato del PRC. El PSOE, que actualmente ostenta la Alcaldía del municipio, ha expresado “sorpresa y preocupación”. “Un candidato que aspira a ser alcalde de Castro debería al menos aclarar si de lo que le acusa su hermano es cierto o no”, ha manifestado su secretario general, Pablo Antuñano, cuestionado por elDiario.es, remarcando, en referencia a la supuesta cantidad millonaria no declarada, que “no es bueno para la comunidad política que personas que participan en ella estén inmersas en esos asuntos aunque sean del ámbito privado”. “No deberían participar de la política”, ha incidido.
Respecto al intento de moción de censura que pretendía desbancar a la actual regidora y candidata a la reelección, Susana Herrán, en el PSOE ponen el foco en un posible tercer partido implicado -además de PRC y PP- cuya participación era necesaria para que hubiese salido adelante si el PP municipal hubiera votado a favor. “Hacen falta 11 concejales, lo que nos hace pensar que el PRC ya tenía el apoyo de CastroVerde, porque si no, no se hubieran puesto en contacto con el PP nacional”, señalan los socialistas, quienes también piden a esta formación que “aclare si estaba detrás de esta maniobra junto al portavoz regionalista”.
Cabe recordar que CastroVerde gobernó Castro Urdiales la pasada legislatura y firmó entonces con el PRC el polémico convenio de Conservas Lolín para el traslado de la fábrica de anchoas de Jesús Gutiérrez a las afueras de la ciudad con un cambio en el uso del suelo de la actual parcela de industrial a comercial para posibilitar la instalación de un Mercadona. Según su hermano, esta operación reportaría al líder del PRC en el municipio un alquiler de 600.000 euros durante 12 años. No obstante, el Ayuntamiento tumbó el convenio en esta legislatura hasta en dos ocasiones -con el equipo de gobierno PSOE-Ciudadanos al frente- y posteriormente lo hizo la Justicia, que dio la razón al Consistorio tras un recurso presentado por la empresa conservera.
Cuestionado por este periódico sobre las polémicas declaraciones del hermano del candidato regionalista en Onda Cero, CastroVerde ha asegurado que son “afirmaciones muy graves sobre malversación de subvenciones públicas y evasión de impuestos”. “Si bien cuesta creer que una administración pública no exija garantías de uso correcto de las ayudas otorgadas, y que al mismo tiempo el 'denunciante' también habla de millones regularizados en Hacienda, las acusaciones debieran ser aclaradas, ya que de ser ciertas sería gravísimo por constituir un delito, y de ser falsas también ya que además de difamar, intentarían influir en las elecciones municipales”, ha expresado la candidata de esta formación, Elena García Lafuente.
Por su parte, PP, en el ojo del huracán de la polémica por su implicación en la moción de censura, ha declinado hacer declaraciones al respecto de este tema. No obstante, la que hasta ahora ha sido portavoz popular en el Ayuntamiento, Ana Urrestarazu, dio recientemente una rueda de prensa -tras haber sido apartada de la carrera electoral en favor del actual cabeza de lista, Cristian Antuñano- en la que apuntó en la dirección que posteriormente ha confirmado el hermano del líder del PRC. En este sentido, denunció “artimañas” del que entonces era su partido -ahora es la número dos de la candidatura de Vox- para dar la Alcaldía a Jesús Gutiérrez mediante una moción de censura. “Las circunstancias me resultaron desleales, inaceptables, extrañas y dudosas”, argumentó para no seguir las directrices populares y no apoyarla.
Por otro lado, la coalición Podemos-Izquierda Unida también ha pedido explicaciones a Jesús Gutiérrez por el “mal uso del dinero público de los castreños y de los cántabros que suma casi tres millones de euros”, explicaciones que “clarifiquen y demuestren que no tiene ninguna relación al respecto ya que si no las da o surge la mínima duda en ellas le inhabilita de por vida gobernar Castro Urdiales”, han exigido en un comunicado los candidatos Alberto Martínez y Pablo Villasante.
En una línea similar se ha mostrado el candidato de Ciudadanos, que actualmente comparte equipo de gobierno con el PSOE, José Mari Liendo. “No nos sorprende y condenamos el intento de uso de la Administración para obtener su propio beneficio”, ha declarado a este medio. “Este uso deslegitima a cualquier persona para representar a la ciudadanía de Castro Urdiales. Entendemos necesaria la investigación del Parlamento de Cantabria y de la Fiscalía ante los indicios de delitos”, ha sentenciado.
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