En un momento en el que las energías renovables están copando más espacio que nunca en la escena pública, Cantabria se ha sumado a la ola de la industria eólica con 36 posibles proyectos de parques en diferentes municipios de los Valles Pasiegos. Una propuesta sobre la que los grupos ecologistas ya se han posicionado en contra debido a los inconvenientes ambientales que podrían producir, y que coloca a los habitantes de los lugares afectados en el centro de una tormenta de acusaciones cruzadas.
Aitor Lobato es uno de los miembros de la Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos, la cual se dedica a informar a los vecinos de la situación, y que comenzó su andadura hace apenas unos meses. “En verano nos enteramos de la idea del Parque Eólico de Ribota, que nos afecta directamente a los vecinos de San Roque de Riomiera, y organizamos una reunión vecinal en Merilla en la que la gente se indignó. A partir de ahí la voz fue corriendo y la plataforma fue creciendo a medida que los vecinos querían ir reproduciendo lo mismo en su municipio”, explica.
Pero todo siguió su camino de forma más o menos relajada hasta que en febrero salió a trámite el Parque Eólico Garma Blanca , que afecta a los municipios de Miera, Riotuerto, Arrendondo, Solórzano y Entrambasaguas. Desde ese momento, como cuenta este miembro de la plataforma, todo comenzó a ir “muy en serio” y esos cinco lugares, más Matienzo, Riaño y Mirones, que están afectados por otros proyectos, ya han realizado sus propias charlas informativas para conocer los planes y debatir sobre ellos.
Por lo que en apenas un mes, este grupo de vecinos ha logrado que su movilización se compare con lo que ocurrió con el fracking en la comunidad. Y es que en ese caso, la presión popular y el ecologismo pudo con los gobiernos, que terminaron por rechazarlo, y con la Justicia, que terminó por tumbar los proyectos, algo similar a lo que podría terminar por ocurrir con los parques eólicos si los afectados consiguen que sus protestas calen en el ideario colectivo. “Ojalá estas movilizaciones terminen como las del fracking, pero esto nos da mas miedo por toda la campaña de 'greenwashing' que se está haciendo desde empresas y gobiernos… Eso no lo tuvo el fracking”, reconoce.
El término 'greenwashing' al que se refiere el ecologista hace referencia a una estrategia de marketing que consiste en dar imagen de falsa responsabilidad con el medio ambiente por parte de las empresas cuando en realidad se está perjudicando al mismo. Aunque la indignación del colectivo y cada vez de más vecinos reside, además de en lo perjudicial de una industrialización tan extensa, en la falta de información. “Llevan desde 2018 tramitando proyectos y nadie ha dicho nada”, señala Lobato. Precisamente por este motivo, otro colectivo llamado Plataforma en Defensa de los Valles del Sur ha realizado multitud de alegaciones contra esos proyectos que califican de “imposibles”.
Entretanto, una veintena de colectivos de Cantabria que abarcan desde ecologistas a partidos políticos o ganaderos, han solicitado una moratoria al Gobierno alegando que hace falta un Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) para llevarlo a cabo, y es que temen que la instalación de esos parques termine con el turismo y con la ganadería extensiva, además de provocar un aumento en la despoblación y una devaluación de las casas y los terrenos. “No estamos en contra de las renovables, ¡ni mucho menos! Pero no queremos pagar el coste del consumo abusivo de energía que se hace en otras zonas con sus sumideros energéticos”, reflexiona Lobato.
El Gobierno, a favor
El presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla (PRC), no ha tardado en responder al auge de estos movimientos y ha declarado que el Ejecutivo está “a favor” de las energías renovables. “Quien no lo esté, con todos mis respetos, no está en el futuro”, alegó hace unos días sin entrar en el impacto ambiental de los mismos.
Por su parte, el nuevo responsable de Industria, el también regionalista Francisco Javier López Marcano, consideró durante la celebración del pleno del pasado lunes que “el progreso siempre se había encontrado con reparos como el impacto paisajístico”. Asimismo, aseguró que Cantabria tiene la legislación “garantista” suficiente como para fiscalizar el proyecto de Garma Blanca presentado ante el Ministerio de Transición Ecológica, el más avanzado de los muchos que están estos días sobre la mesa.