El Comité de Empresa del Gobierno de Cantabria ha denunciado lo que en su opinión es una privatización encubierta del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana, y ha advertido que, en caso de confirmarse sus temores, convocará movilizaciones hasta revertir la situación.
Los sindicatos temen que, con la excusa del tratamiento para extinguir una plaga de termitas detectada en el centro, que tiene una duración de un año, y de realizar unas obras de acondicionamiento, el Gobierno seguirá la línea, también del anterior Ejecutivo, de “ir desmantelando los centros públicos de atención a la dependencia”.
En este caso, el ICASS evacuará a 25 residentes del CAD de Sierrallana de los más de 90 con que cuenta actualmente, que serán trasladados a la Fundación Asilo San José, donde ya existen plazas concertadas. Para el comité, se trata de dar “un pellizco” a la Fundación para que empiece a arrancar “a costa de las plazas de los centros públicos”, que, en su opinión, debería defender la Consejería de Política Social, que depende de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos.
Además, este traslado supondrá que se acabarán las sustituciones en el CAD. “Y tememos que, poco a poco, se amorticen las plazas vacantes. Ellos (el Gobierno) aseguran que no se moverá nada pero nosotros no lo creemos”.
Así lo ha dicho el presidente del comité de empresa del Gobierno de Cantabria, Carmelo Renedo (CCOO), en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado de representantes del resto del sindicatos integrantes del mismo (UGT, SIEP, TU y CSIF), quien ha exigido un acuerdo “escrito y firmado” entre el comité y la Consejería en el que figure la fecha de vuelta de los residentes “porque no nos fiamos”.
El pasado mes de noviembre se detectó una plaga de termitas que afecta al exterior y un módulo del CAD de Sierrallana. El 30 de enero, la directora envió un informe al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) dando a conocer la situación y con directrices para solventarlo de una empresa especializada.
La decisión política de la dirección y la Consejería es realizar el tratamiento, que supondrá evacuar a 25 residentes a la Fundación Asilo. Sin embargo, Renedo ha denunciado que no se han aportado informes técnicos del tratamiento, el tiempo que lleva,, etcétera.
El comité sospecha que el ICASS “disfraza” la decisión de trasladar a los 25 residentes, algunos de los cuales residen en el CAD desde hace más de 20 años, en la realización del tratamiento contra la plaga y las obras, de las que los sindicatos no conocen el proyecto.
Renedo ha subrayado que el comité de empresa se opone “por unanimidad” a que el Gobierno “siga privatizando servicios públicos”, y ha advertido que no desistirán hasta que no revierta el traslado a la Fundación. En caso contrario, iniciarán movilizaciones que no cesarán hasta alcanzar el objetivo.
El presidente del comité ha aclarado que sí están a favor del tratamiento contra las termitas, que es “inocuo para las personas”, y de las obras siempre que desde el Gobierno se aporten los correspondientes informes técnicos. Su postura es que “no salga un solo residente” porque ya se han realizado obras en otros módulos y no han sido necesarios los traslados y “se pueden tomar medidas para acometerlas” sin llegar a esta situación.