Mientras en la mayor parte de España el peligro a los incendios comienza con la temporada estival, el caso de Cantabria, junto al de Asturias y Castilla y León, va un poco al revés y tienen su auge entre diciembre y abril, aunque especialmente entre febrero y abril, meses en los que se acumulan el 90% de los fuegos de todo el año.
Además, la comunidad ya ha establecido su media anual, y pese a oscilaciones como la de 2021, año con más incidencia de lo habitual, esta se sitúa en los 800 incendios al año, algo que para el titular de Medio Ambiente, el regionalista Guillermo Blanco, supone un problema que ya es “sistémico”.
Y es que el fuego, además de afectar a la economía y la seguridad de las personas, genera graves efectos ambientales, lo que desde el Gobierno autonómico tratan de combatir con una estrategia específica desde 2017, año en el que se aprobó el Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
No obstante, esos 800 incendios siguen arrasando más de 9.000 hectáreas del suelo cántabro anualmente, principalmente de los montes, aunque parece que este 2022 el problema podría ser menos acuciante de lo habitual. O así lo dejan leer las cifras ya que en estos primeros cuatro meses del año, la comunidad ha registrado 476 fuegos, un dato que se aleja bastante del del año pasado, cuando a estas alturas ya se habían tenido que apagar 711.
Sobre los lugares afectados, la Consejería de Medio Ambiente tiene fijados los más propensos a sufrir las quemas, que se concentran en los Valles del Nansa, del Saja, del Pas, del Pisueña y del Asón por ser donde hay más superficies afectadas y donde, además, hay una recurrencia mayor. Sin embargo, aquellos fuegos que se dan entre el verano y el otoño suelen producirse en zonas como Liébana o la parte sur de la comunidad.
Por otro lado, cabe destacar que el 95% de los incendios afectan a montes y la vegetación afectada suele ser en su mayoría matorral, con el 86% de superficie quemada, mientras que el 14% restante se da en superficie arbolada. Precisamente por tratarse en su mayoría de montes, Blanco destaca que se trata de un patrimonio “de todos”, por lo que ve aún menos legítimas las actuaciones de los incendiarios, a quienes, por cierto, el Ejecutivo achaca el 81% de los fuegos.
Ese porcentaje entra dentro del 99% que son “provocados”, según la Consejería, por lo que faltan aquellos que son casos de “negligencias”, a los que se achaca el 14% de las quemas, y el 5% restante, que se asocia a orígenes desconocidos dentro de su intencionalidad.
Asimismo, el equipo que se encarga de apagar estos incendios cuando se producen está compuesto por 412 empleados entre los que se encuentran 151 agentes del medio natural y 36 cuadrillas de bomberos forestales que suman 242 integrantes, con lo que, entre unos y otros dan como resultado 393 efectivos de campo. Además, hay 12 ingenieros y siete emisoristas en la central de incendios, unos números que, según el Gobierno, son los “más altos” alcanzados hasta el momento en la comunidad.
También cabe destacar que, sobre el material que se utiliza, el Gobierno autonómico cuenta con un helicóptero de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y otro que está únicamente en las temporadas altas. Además, la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), también cuenta con otro helicóptero que solo está en los meses de mayor incidencia.
Volviendo al personal, el Ejecutivo recuerda que durante esos meses de mayor incidencia puede contar con las agrupaciones de Protección Civil, así como con los parques de bomberos de los municipios de Cantabria. De igual forma, la BRIF, que depende del Ministerio de Transición Ecológica y que tiene su base en Ruente, echará una mano también en los inviernos.
Y tal como destaca Blanco, en situaciones de especial gravedad “contamos con la intervención de otros medios movilizados por el Estado”, tal y como ocurre, por ejemplo, con las BRIF de otras comunidades o la propia Unidad Militar de Emergencia (UME).
En la misma línea de mayor inversión en incendios, se han incorporado 36 vehículos todoterreno. Por lo tanto, además de los 4x4, el Gobierno dispone de 144 coches de los agentes del medio natural y 18 vehículos autobombas. “Nunca se ha hecho una planificación y una inversión como en esta legislatura, pero es una lucha a largo plazo”, suele recordar Blanco en intervenciones como la que realizó esta pasada semana en el Parlamento de Cantabria.
Sin embargo, en ese mismo escenario y en un alegato al realismo, el consejero regionalista confesó que “mientras tengamos más de 800 incendios al año, resulta imposible derivar costes de la extinción a las labores de prevención por mucho que sea lo deseable desde un punto de vista teórico”.
De igual forma, aseguró que si sigue habiendo “desalmados” que prenden fuego al monte una noche de sur en cinco puntos diferentes de la comunidad, “seguiremos sin detraer recursos económicos a la extinción”. Y sin miramientos fue rotundo en calificar a los incendiarios, de quienes ha dicho que lo que son es “delincuentes”.
Para terminar, Blanco habló en esa Comisión propuesta por él mismo para rendir cuentas del éxito que estaban teniendo los cursos de acreditación para poder realizar las quemas, que son gratuitos y que ya tienen acreditadas a 284 personas y a otras 193 pendientes de finalizarlo.
Y es que dentro de las medidas de prevención se contemplan las quemas controladas, que se regularon el pasado mes de junio y que pueden solicitar los propietarios de los montes -las juntas vecinales en el 95%- y los ganaderos, recibiendo una formación básica para acometerlas. Así, desde que se puso en marcha la nueva normativa hace menos de un año se han autorizado 78 quemas en montes de 12 municipios, mayoritariamente Arredondo y Soba, y se han realizado 24 cursos en 14 ayuntamientos.
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