El Ayuntamiento de Santander tendrá que devolver a la Fundación Caja Cantabria los 6,9 millones de euros que la entidad bancaria abonó al Consistorio por la recalifiación urbanístico de la parcela de la antigua residencia de Cazoña y que quedó sin efectos por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El Ayuntamiento ha informado en un comunicado que la voluntad de ambas partes es cerrar un acuerdo que, por un lado, permita a la entidad contar con esos fondos para el sostenimiento de su actividad social, y por otro, atenúe los efectos de la devolución en las arcas municipales repartiendo el pago en varias anualidades y sin aplicar intereses.
Tal y como ha recordado el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, el convenio urbanístico que firmaron el Ayuntamiento y la entidad en diciembre de 2010 contemplaba un cambio de usos de la parcela de Cazoña propiedad de la entonces Obra Social de Caja Cantabria para dotarla de usos residenciales en la revisión del PGOU que estaba en curso.
En virtud de aquel acuerdo, tras la entrada en vigor del Plan General de 2012, la entidad abonó al Consistorio 6.940.892 euros por la revalorización de los terrenos, un importe que ahora solicita que se devuelva, al haber quedado sin efectos el convenio urbanístico y haber perdido la parcela el uso residencial.
Nada más conocerse la anulación del PGOU, tanto el Ayuntamiento como la Fundación Caja Cantabria empezaron a trabajar en la búsqueda de un acuerdo entre ambas partes para dar respuesta a esta situación y ahora están terminando de perfilar un convenio que plantea la devolución del dinero sin intereses y en siete anualidades (entre 2017 y 2023).
En concreto, se propone un primer pago a la entidad este mismo año, por importe de 940.892 euros y con cargo a los remanentes municipales, y se prevé también ya una segunda partida de 2 millones de euros con cargo a los presupuestos de 2018.
Asimismo, se contempla la posibilidad de volver a ampliar los usos de la parcela (de carácter dotacional con el planeamiento ahora vigente) a través de una modificación puntual del PGOU en vigor, en cuyo caso se podría compensar también el importe de las devoluciones pactadas con el Consistorio.
Provisiones en 2018
A través de este convenio que prevén firmar el Ayuntamiento y la Fundación Caja Cantabria se atiende un derecho de la entidad a recuperar los recursos que aportó al municipio a cambio de unos usos sobre la parcela de Cazoña que no se llegaron a materializar.
Según ha destacado el concejal, “este caso es un ejemplo de las consecuencias directas de la anulación del Plan General de 2012 por una causa externa y sobrevenida”. Por eso, y sin perjuicio de las reclamaciones que pueda dirigir después el Ayuntamiento ante otras administraciones, en el proyecto presupuestario para 2018 ya se hacen provisiones económicas para ir afrontando algunos pagos.
Otros 500.000 euros para Mataleñas
Así, además de la partida para la anualidad de 2018 del convenio con la Fundación Caja Cantabria, las cuentas del próximo año incluyen también una consignación de otros 500.000 euros por si hubiera que hacer frente a compensaciones económicas por el convenio urbanístico que permitió la incorporación de unos 21.000 metros cuadrados de espacios públicos en el área de Mataleñas y el entorno del faro.
En este caso, se trata de un convenio urbanístico aprobado por el pleno de la Corporación en diciembre de 2010 para afrontar la obligación de expropiar dichos terrenos a instancia de sus propietarios.
A cambio de esos suelos, pertenecientes al sistema general previsto en el PGOU y valorados en casi 2,2 millones de euros por el Jurado Provincial de Expropiación, se otorgó a los titulares aprovechamientos urbanísticos en un nuevo área específica incluida en el PGOU de 2012, acuerdo que también ha quedado sin efecto por la anulación del plan.
El Ayuntamiento y los propietarios analizan en este caso el traslado de esos aprovechamientos a otro área en el marco del PGOU de 1997, pero al mismo tiempo, el Consistorio hace una provisión de fondos por si no fuera posible materializar esa opción y tuviera que afrontar la cantidad fijada por el Jurado Provincial.
Reclamación municipal
El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda ha insistido en que el Ayuntamiento está negociando estos acuerdos con los afectados sin perjuicio de las reclamaciones que pueda formular después ante otras administraciones o entidades por sus posibles responsabilidades en la anulación del PGOU y, en consecuencia, en los efectos de dicha anulación para la ciudad.
En este sentido, ha recordado que el Consistorio ha planteado ya una primera reclamación patrimonial ante el Gobierno de Cantabria, la Administración General del Estado y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) por los costes de redacción del plan, un trabajo en el que se invirtieron más de 8 años de trabajo y 3 millones de euros y que deberá rehacerse de cero tras la anulación del documento urbanístico.