Satisfechos pero a medias. Así se podría describir cómo se encuentran desde la Unión General de los Trabajadores (UGT) tras la firma del convenio colectivo de la seguridad privada, y es que el aumento de salarios no se ha celebrado tanto por el contexto de pérdida de poder adquisitivo que se está viviendo en todos los sectores y, sobre todo, en los más precarios. No obstante, el lema que llevaron los trabajadores en sus reivindicaciones, 'Salario o conflicto' llegó a la patronal y fue bien recibido. Y según cuenta Alberto González, el responsable de Seguridad Privada de UGT Cantabria, ahora lo que toca es centrarse en las mesas de negociación para poner en marcha cuantos más derechos. Un trabajo arduo que realizarán con la tranquilidad de, al menos, tener cerrado un convenio para los próximos cuatro años.
¿Por qué comienzan las reivindicaciones del convenio en la seguridad privada?
El convenio caducaba el 1 de enero del próximo año y lo que queríamos era adelantarlo un poco y no llegar a diciembre sin el convenio firmado. Tenemos otras experiencias en las que hemos llegado a diciembre y el convenio se ha mantenido a cero, pasamos un año a cero y no puede ser. Venimos de perder poder adquisitivo durante mucho tiempo y necesitábamos que el nuevo convenio entrase en vigor cuando el otro venciese.
¿Y cuándo empiezan los problemas?
Hace un mes y medio hicimos unas concentraciones porque no iba bien la cosa. La patronal ofrecía un 3% para este año y entendíamos que el 3% era insuficiente para tal y como está la situación. Además, la patronal nos proponía era quitarnos la antigüedad, parte de las incapacidades temporales (IT) y la jornada de transporte garantizada. Lo que hicimos fue movilizar a la gente a nivel nacional y esta tuvo una aceptación mediana por lo complicado que es para este sector, que trabaja a turnos, poder escaparse. Tras esa concentración la patronal viró un poco el sentido de las negociaciones y se ha llegado a firmar un convenio que para nosotros se pierde en algunas cosas. El lema es 'Salario o conflicto', porque el salario era lo que más nos preocupaba porque la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ya estaba siendo muy importante.
¿Qué se ha conseguido con este nuevo convenio?
Para el año 2023 se ha conseguido una subida del 6%, para 2024 una subida del 4%, para 2025 una subida del 3% y para 2026 otra subida del 3%. Hemos firmado una subida del 16% para los próximos cuatro años y aunque parezca una subida positiva, los sindicatos estamos de acuerdo en que es totalmente insuficiente esta subida. La cuestión es que tenemos que saber dónde estamos, los tiempos que están corriendo y a quién nos tenemos que enfrentar para conseguir las mejoras. Aparte, se ha puesto una cláusula de revisión salarial del 2% que en el caso de que en 2026 se haya sobrepasado ese 16% se metería esa cláusula. El tema de la antigüedad se quitó de la mesa, y los trabajadores seguirán cobrando lo que estaban cobrando. Los quinquenios no se han tocado que era lo que pretendían. El tema de las IT, lo que se ha abordado es que hasta la tercera baja se mantiene como estaba, y a partir de la tercera baja se haría lo que determina la seguridad social. Y lo que sí que se ha aumentado es que del día 91 al 100 de la baja, se sube del 70% que está legislado al 80%. En el tema transporte de fondos ha habido más controversia porque gozaban de una jornada garantizada y con la modificación lo que pasa es que la representación de los trabajadores tendrá que negociar con cada empresa su jornada. Ahí dependerá la fuerza que tendrá cada uno para negociar unas condiciones.
¿Qué ha quedado fuera de lo conseguido?
Han quedado muchas cosas en el tintero. Desde UGT se nos pidió que mandásemos propuestas a la Mesa del convenio para poder ser tratadas y es apabullante la cantidad de cuestiones que se quieren tratar. Ahí hemos solicitado abrir dos mesas de negociación: una para vigilancia y otra para transporte de fondos. Entendemos que ahora mismo transporte de fondos tiene poco que ver con vigilancia porque la actividad que está desarrollando es totalmente distinta. Se han solicitado esas mesas, han sido aceptadas por la patronal y lo que vamos a hacer es intentar que todas las propuestas que han ido desde cada comunidad, se introduzcan en el artículo de ese convenio que, como son mesas abiertas, es probable que muchas de ellas se puedan introducir.
¿Y cosas concretas?
Ahora mismo los trabajadores hacen guardias y no las tenemos ni cuantificadas ni sabemos lo que cada trabajador ha de cobrar por estar en su casa haciendo esa guardia. Y ese era un tema prioritario porque no hay respuestas y hay que darle una vuelta. En transporte de fondos, el tema de las subrogaciones cuando se pierde parte de un servicio a favor de otra empresa, la elección de trabajadores se hace por sorteo para pasar al nuevo servicio. Y en Cantabria ahora mismo operan, principalmente, dos empresas: Loomis y Prosegur. Lo que ocurre es que Prosegur tiene base en Santander pero Loomis, no. Eso genera que el trabajador, cuando hay una subrogación se tiene que desplazar a la comunidad donde queda subrogado. Entonces, todos los trabajadores que han pasado subrogados han pedido la vuelta porque es imposible soportar los gastos con el sueldo que tiene, que no llega a 1.000 euros. Es un método que viene desde hace muchos años y hay que darle una vuelta ya.
Además, en vigilancia estamos solicitando el carácter de agente de autoridad de forma insistente. Nos vemos inmersos en muchísimos conflictos y la vigilancia es la primera fuerza de intervención antes de que llegue la Policía, cuando llega es porque ya el vigilante ha atendido el suceso y lo ha puesto a disposición. El vigilante detiene y pone al detenido a disposición de las Fuerzas y Cuerpos Generales del Estado, pero para eso tú ya has tenido que intervenir. Hay muchísimos casos de intervenciones donde los vigilantes se juegan el pellejo. Y dentro de este problema hay otro, y es que normalmente los vigilantes están solos a diferencia de la Policía, que siempre va en parejas. Aquí cuando tienes un percance te encuentras solo. En 2012 salió la nueva Ley de Seguridad Privada que venía de 1982, y ahora estamos esperando aún el reglamento que nos dice lo que entra en nuestras competencias y lo que podemos hacer, y lo que no nos compete como agentes privados. Hay más de 400 propuestas para ello e intervienen más de 12 ministerios porque es un tema muy complejo. Tiene que salir ya, pero esperamos que cuando salga, salga bien.
Otra de las cosas que estamos pidiendo es que aquellos agentes que están en servicios conflictivos y sufren servicios para la integridad física, la jubilación baje de los 65 años. Existe el contrato relevo, que ya viene en convenio pero no se respeta, que dice que el trabajador se pueda jubilar a los 62 años y dos meses, y a medida que pasen los años se van sumando dos meses más. Por el lado de la formación, estamos solicitando que se haga formación reglada para acceder a la profesión. Ahora mismo solo se hace formación en academias y después se realiza una prueba del Ministerio de Interior y ya el último paso es presentarse a los exámenes de las empresas donde quieras entrar. Lo que solicitamos es que se hagan módulos de formación profesional para acceder a la profesión. No es lo mismo tratar a un menor, a las personas con el sexo contrario al tuyo y demás.
¿Cómo está planteada la seguridad privada en Cantabria?
En Cantabria hay 1.000 trabajadores, y el grueso de la seguridad privada en Cantabria lo lleva Securitas con más de 480 trabajadores, y Prosegur que está en 300 trabajadores. La seguridad privada está donde no llega la pública, y en la pandemia ha crecido. Tenemos datos, no ya de que no fuésemos a ERTE, sino de nuevas contrataciones porque no se daba abasto a cubrir todos los servicios que se estaban generando. La gente que fue a ERTE, fueron de oficinas, pero lo que son vigilantes no fue prácticamente nadie al ERTE. Incluso la seguridad pública intentó que se cubriesen servicios de forma esporádica por parte de lo privado porque no llegaban. En transporte de fondos pasó parecido, se hicieron ERTE que duraron días porque después se rescató a todo el mundo.
Que el convenio sea plurianual de cuatro años en lugar de año a año, ¿por qué es positivo?
Por las mesas de negociación y por lo que se ha quedado fuera. Si tenemos un convenio cerrado a cuatro años ya no nos tenemos que preocupar por eso, solo de dar contenido a esas mesas de negociación. Hay que abrir esas mesas a transporte de fondos para cubrir diferentes problemáticas como, por ejemplo, la formación a los trabajadores en cajeros automáticos porque es una cuestión que están cubriendo. Aquí te van metiendo cada vez más cosas pero por el mismo sueldo, y eso hay que empezar a solucionarlo.