La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha garantizado “máxima celeridad y diligencia” para dar una solución al derribo de la depuradora de Vuelta Ostrera con “todas las garantías medioambientales y precisamente para no incurrir en los errores del pasado, respetando todas las tramitaciones, plazos y necesidades que requiere una situación como la actual, pero por supuesto abreviando los plazos al máximo y evitando, como nos pide el Supremo, que se dilaten los pasos más de lo debido”.
Tejerina ha realizado estas afirmaciones en los pasillos del Congreso, en respuesta a preguntas de los periodistas sobre la providencia del Supremo, conocida este martes, que ordena la ejecución “sin demora” de la sentencia de demolición de la depuradora, dictada por el TS en 2005, y la designa como responsable de la misma.
La providencia, dictada ante el incumplimiento por parte de la Administración de la citada orden, y ante el tiempo transcurrido sin que se haya llevado a efecto la ejecución, señala que la ministra deberá proceder a dictar cuantas órdenes considere procedentes con el fin de que la sentencia se lleve a efecto, “con expresa indicación de remover cuantos obstáculos, demoras y trámites innecesarios se hayan acordado o pudieran acordarse con el fin de alcanzar dicho cumplimiento”.
Dice también que la ministra deberá dar cuenta al tribunal cada mes de las decisiones adoptadas al respecto y de la evolución de dicha ejecución.
Tejerina ha dicho que el Ministerio ya remite mensualmente información al Supremo de la tramitación ambiental que está realizando, y ha anunciando como “inminente” la firma del contrato para el estudio de alternativas de ubicación a la actual depuradora -“se van a estudiar hasta seis”-.
“A partir de ahí tendremos el proyecto y habrá que hacer la evaluación de impacto ambiental, insisto para hacer debidamente el procedimiento con todas las garantías, esto requiere un trámite porque es una tramitación administrativa que no es sencilla pero que nosotros haremos a la máxima diligencia”, ha reiterado.
Según su interpretación, “lo que pide el Tribunal Supremo es que quitemos cualquier obstáculo que pueda ralentizar este proceso”. En ese sent5ido, ha reiterado la “absoluta colaboración” del Ministerio porque “llevamos desde que llegamos al Gobierno tratando de buscar una solución a una sentencia que es del año 2005”.
“Hasta que llegamos al Gobierno no se da ninguna respuesta”, ha afirmado la ministra, quien recuerda que el PP trató de buscar una solución para la depuradora a través de la Ley de Costas pero el Tribunal Constitucional la anuló, con lo que “no ha sido viable”.
CALENDARIO
El Supremo atendió en el año 2006 el calendario propuesto por la Administración para proceder a la ejecución de la sentencia, que establecía la demolición en el segundo semestre de 2013, pero el pasado mes de enero, mediante auto, denegó prolongar de nuevo ese plazo hasta el año 2021 como pidió el abogado del Estado.
En la sentencia de octubre de 2005, el Supremo ordenó la demolición de la depuradora al estimar un recurso de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2001 que declaró zona de reserva una parcela de terreno de dominio público marítimo-terrestre de 87.450 metros cuadrados en Vuelta Ostrera para ser ocupada por la EDAR.
El alto tribunal consideró que dicho acuerdo incumplió la Ley de Costas, en cuanto que ésta establecía que únicamente se podría permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación.