El TSJC respalda al Ayuntamiento de Castro Urdiales y desbarata la vía judicial del PRC para aprobar el convenio de Lolín

Lo que no han conseguido a través de la política en legislatura y media parece que tampoco lo harán en los tribunales. Al PRC de Castro Urdiales se le agotan los cartuchos para sacar adelante el polémico convenio con Conservas Lolín, la fábrica de anchoas de su secretario general, Jesús Gutiérrez. Y es que la vía judicial, la opción que ha adoptado tras dos reveses plenarios, también se le ha desbaratado tras una sentencia demoledora que asesta un golpe rotundo a los intereses y al argumentario esgrimido durante los últimos meses por esta formación.

Así, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado íntegramente el recurso interpuesto por Conservas Lolín contra los acuerdos alcanzados en los plenos del 4 de febrero y 4 de mayo que rechazaron la modificación puntual del PGOU necesaria para la recalificación del suelo de la fábrica.

En la sentencia, sobre la que cabe recurso en un plazo de treinta días, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza todas las razones expuestas por la parte demandante y da la razón al Ayuntamiento de Castro Urdiales. En este sentido, descarta “arbitrariedad” en la dilación en la tramitación, apuntando la petición de nuevos informes como justificación de la misma.

“Esta dilación en la tramitación de la aprobación definitiva de la modificación puntual, requiriendo nuevos informes, no puede ser calificada como arbitraria, sino todo lo contrario, dentro de los límites de actuación municipal, tendentes a la acreditación del cumplimento de ciertos extremos”, recoge textualmente el texto. “La dilación en la convocatoria para la votación de la aprobación definitiva tiene justificación en aspectos importantes de la misma, de carácter sectorial, medio ambiental y económico, por lo que no se puede tachar la finalización de la tramitación de arbitraria”, incide, refiriéndose a la consulta por parte del Consistorio a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), así como a la petición de “nuevos informes sectoriales a varios organismos, sobre los nuevos compromisos relativos al pozo y a la pasarela del agua, los problemas de las partes recurrente para adquirir la parcela reservada en el polígono del Vallegón, donde construir la nueva fábrica”.

“Además, el Ayuntamiento revisó el aspecto de la suficiencia económica o posible insostenibilidad del proyecto, a la vez que surgían, en los debates plenarios, las posibilidades de nuevas alternativas en la tramitación de esta renovación urbanística de la zona”, señalan los jueces.

Por otro lado, los magistrados niegan que la Corporación esté obligada a sacar adelante este punto pese a que el convenio estuviera aprobado en la pasada legislatura. “De la literalidad de las cláusulas del convenio no se desprende obligación alguna, por parte del ayuntamiento, de tener que aprobar la modificación puntual nº 23 del PGOU, como no podría ser de otra manera, si tenemos en cuenta el principio de indisponibilidad convencional de la potestad de planeamiento”, apunta el documento, concluyendo que “se dan razones medioambientales, urbanísticas, de seguridad para las personas y económicas, a la hora de votar la no aprobación” de este trámite urbanístico.

No es la primera vez que esta formación, y en concreto su líder, recurre a los tribunales para contrarrestar la gestión del actual equipo de gobierno PSOE-Cs. En una reciente entrevista con este medio, la alcaldesa del municipio, Susana Herrán (PSOE), se pronunció sobre la actitud “radicalizada” del PRC: “Creo que todo radica en que su líder, el secretario general, Jesús Gutiérrez, no ha asumido que no ganó las elecciones, que no consiguió ser alcalde y que la democracia de un Pleno no ha apoyado una modificación puntual de un Plan General para recalificar su fábrica”, manifestó.

Y es que pese a que el pasado mes de febrero el Pleno del Ayuntamiento rechazó la modificación puntual del PGOU, la sesión se tuvo que repetir tres meses después, con idéntico resultado, por orden judicial tras una denuncia regionalista en el marco del primer estado de alarma por la pandemia. Ahora, esta sentencia judicial ratifica la posición adoptada por la Corporación municipal en ambas sesiones.