La Consejería de Turismo de Cantabria lleva un año en el punto de mira. El departamento que dirige Eva Guillermina Fernández (PP) se ha especializado en cabalgar de polémica en polémica prácticamente desde que comenzó la legislatura en julio de 2023. Las más sonadas han sido las relacionadas con los planes de sostenibilidad turística, principalmente el de Santillana del Mar, pero la que más recorrido lleva y no tiene visos de cerrarse satisfactoriamente es la que gira en torno a la regulación de los pisos vacacionales.
La titular de este departamento ya avanzó recientemente que no pondrá limites a estos alojamientos pese a la proliferación masiva de los mismos que está afectando a los alquileres residenciales. Y es que, según dijo, poner coto al número de viviendas por titular o excluir de las personas jurídicas para frenar la especulación “choca con la directiva europea de servicios” que busca “favorecer el libre mercado”.
Fernández hizo estas afirmaciones en una rueda de prensa donde informó sobre las alegaciones presentadas al nuevo decreto regulador, muy criticado desde distintos colectivos y formaciones políticas por su laxitud frente a una problemática que está provocando un caos en materia de vivienda. Y es que la propia consejera anunció a finales del pasado año un nuevo marco normativo para este verano, puesto que “el actual se ha quedado obsoleto”.
Espoleado no tanto por las dificultades de acceso a la vivienda, sino por la patronal hotelera, el Gobierno de Cantabria decidió impulsar una norma para tratar de atajar los problemas que generan estas viviendas ilegales, pero meses más tarde, la propia consejera de Turismo reconoció que el decreto no iba a llegar a tiempo para esta época estival. El hecho de que no llegara a tiempo para este verano, y dada la situación cada vez más insostenible alrededor de este asunto, motivó críticas por parte de la oposición política.
Pero es que una vez conocido hace escasamente un mes el borrador del decreto, los reproches al contenido no se hicieron esperar y las críticas fueron a más. Y es que la Consejería decide “no imponer” a los municipios la restricción de estos alojamientos turísticos, incluso en zonas donde la oferta de los mismos supera el 80% del total, sino que descarga en los ayuntamientos la posibilidad de hacerlo, al tiempo que abre la puerta a personas jurídicas a ser titulares de estas viviendas vacacionales.
“No cambia nada”, “anima a la proliferación”, “no lucha contra el alza de precios” o “favorece la especulación” fueron algunas de las críticas que despertó el borrador, que días más tarde recibió más de medio centenar de alegaciones de asociaciones, instituciones, ayuntamientos, partidos políticos o particulares que actualmente la Consejería está en fase de análisis.
Otras polémicas
Pero si por algo estuvo semanas en el punto de mira político y mediático el departamento que dirige Fernández fue por la polémica en torno a los planes de sostenibilidad turística. De hecho, por este motivo la oposición socialista registró una moción en el Parlamento de Cantabria para reprobar a la consejera que fue rechazada con los votos de PP y Vox, formaciones que en ese mismo pleno aprobaron reprobar al Gobierno central por la ley de amnistía. Y es que la Consejería de Turismo responsabilizó al Ayuntamiento de Santillana del Mar de su retraso en la aprobación de los planes de sostenibilidad turística, dotados con fondos europeos y que tenía en el cajón desde hacía meses.
El Consistorio anunció entonces un recurso en los tribunales por la posible pérdida de los tres millones asignados, hasta que en tal solo una semana de fricciones y acusaciones cruzadas, el Ejecutivo anunció un acuerdo que daba luz verde tanto a los proyectos de Castro Urdiales, Valderredible, Medio Cudeyo y Campoo-Los Valles, que estaban bloqueados, como al controvertido plan de Santillana. Poco después, se produjo una moción de censura en este municipio que desalojó al alcalde socialista, quien no dudó en asegurar que la polémica del plan turístico “fue un movimiento político” para llevar a cabo la citada moción de censura.
Así todo, las cuestionadas decisiones en torno a los planes turísticos no acabaron ahí. Y es que la consejera de Turismo deberá dar explicaciones en el Parlamento autonómico, a petición de PSOE y PRC, sobre la paralización del plan Saja-Nansa por “riesgo de pérdida de los tres millones con los que está dotado”. Por contra, la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), aseguró que “todo es perfectamente subsanable” y que el plan “se ejecutará en tiempo y forma”.
Otros asuntos sobre los que le han llovido críticas a la Consejería de Turismo tienen que ver con proyectos que chocan con el modelo turístico que diferentes colectivos sociales reclaman para Cantabria. De ahí las dos grandes movilizaciones que han tenido lugar en los últimos meses: una en Loredo y Langre contra un macrocomplejo turístico que pretende convertir esta zona en 'la Ibiza del Norte' y otra en Puente San Miguel el Día de las Instituciones contra la “masificación turística”.
En este sentido, iniciativas como el tobogán alpino en el Parque de Cabárceno, de medio kilómetro y más de medio millón de euros de inversión ―que posteriormente el Gobierno redujo a “una idea pendiente de estudio como muchas otras que hay”―, o el teleférico del Pas, con una inversión de 30 millones y de gestión privada, encienden la llama de la crispación de los colectivos sociales y políticos que participan en las mencionadas movilizaciones, y que señalan directamente al modelo de gestión turística del Gobierno autonómico.