UGT Cantabria aboga por incluir en los pliegos de licitación de servicios públicos a empresas privadas una cláusula “con su propia partida presupuestaria” para realizar auditorías a las empresas concesionarias y comprobar el grado de cumplimiento de lo pactado con la Administración pública. Según recuerda el sindicato, en 2015 se inició una campaña autonómica para incluir en las licitaciones públicas ocho cláusulas para garantizar los derechos de los trabajadores de estas empresas concesionarias.
Estas ocho cláusulas se centran en el cumplimiento del convenio colectivo -indicando obligatoriamente el convenio de aplicación para los trabajadores-, en el pago de salarios -emitiendo un informe mensual del correspondiente pago-, y en no convertir el precio en el único criterio de contratación, otorgando puntos de valoración a las condiciones laborales del contrato. Asimismo, UGT considera conveniente vigilar las ofertas temerarias, aquellas con grandes ofertas económicas, para que no pongan en peligro la viabilidad de la ejecución y las condiciones laborales de los trabajadores.
En cuanto a los criterios de exclusión, UGT defiende imposibilitar la contratación de quienes hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia social, así como la subcontratación por parte de las empresas adjudicatarias. Además, el sindicato es partidario de subrogar y solicitar una relación nominal de trabajadores contratados con las condiciones laborales de los mismos. “En definitiva, la Administración debe realizar un seguimiento profundo a la licitación”, defienden.
El sindicato considera que casos como el de la limpieza de las dependencias municipales de Torrelavega “se producen por el nulo seguimiento y control que se hace sobre los pliegos de licitación”. “La Administración que paga dinero público a estas empresas concesionarias no puede mirar para otro lado y tiene la obligación de comprobar que la prestación del servicio se ajusta al pliego de licitación porque, de lo contrario, se hace cómplice de todos sus incumplimientos, que perjudican siempre al ciudadano y al trabajador que lo presta en condiciones laborales, sociales y económicas que no respetan el convenio colectivo”, agrega UGT.
El sindicato UGT Cantabria insiste en que “la conflictividad laboral y social” que generan algunas de estas empresas concesionarias de un servicio público, que empleaban en Cantabria a más de 13.000 trabajadores al término del año pasado según la EPA, “es evitable desde todos los puntos de vista si hubiera voluntad política para ello y no una connivencia descarada con aquellas empresas que ofertan el presupuesto más bajo”.
UGT subraya que “aunque algunas empresas concesionarias sí han incluido las cláusulas que se propusieron en su momento en Cantabria para garantizar los derechos de sus trabajadores y una prestación del servicio con unos mínimos requisitos de calidad, la realidad es que luego no los cumplen porque nadie les obliga a ello ni existe un seguimiento oficial a lo que hacen o dejan de hacer”.
Caso de la subcontrata de limpieza en Torrelavega
Por ello, el sindicato considera que “el problema solo se solucionaría con auditorías en condiciones adecuadas, como la que el Ayuntamiento de Torrelavega encargó para la concesionaria del servicio de limpieza de dependencias municipales, que ha provocado la apertura de un expediente sancionador a la empresa”.
“En Cantabria ha habido y hay auditorías solicitadas por la Administración pública afectada pero que son realizadas por la propia empresa concesionaria incumplidora, lo que no tiene el más mínimo sentido”, subraya UGT, que recuerda que “la experiencia confirma que muchas de estas empresas funcionan con un presupuesto que va progresivamente a la baja para garantizar sus beneficios”.