Humedades por todas las habitaciones, garajes y trasteros inundados, partes de la fachada que se desprenden con el viento, filtraciones de aire, deficiencias en las salidas de humos y en el saneamiento o rebaja en las calidades de los materiales son algunos de los cuantiosos defectos de construcción que están sufriendo los inquilinos de las viviendas de protección oficial promovidas por el Ayuntamiento de Santander en los barrios de Peñacastillo, Primero de Mayo, La Albericia y General Dávila.
Los problemas son tan graves y tan numerosos que dos comunidades de vecinos -ambas en Peñacastillo Sur- ya demandaron ante los tribunales a la promotora -la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) de Santander-, y otras tres -una en La Albericia y dos en Primero de Mayo- han iniciado los trámites para hacerlo. Una docena de afectados de varias promociones cuentan a eldiario.es Cantabria que están “hartos” de la “falta de respuesta” de la empresa pública, a la que acusan de “dar largas y lavarse las manos” en lugar de reclamar a las constructoras que acometan los trabajos necesarios para corregir las importantes patologías que afectan a la habitabilidad de los inmuebles.
Según ha podido saber este diario, la Sociedad de Vivienda y Suelo ya ha sido condenada en al menos una ocasión a pagar una indemnización a una comunidad de vecinos por deficiencias en la construcción del edificio. En concreto, a los propietarios de las 126 viviendas de protección oficial construidas en el año 2009 en Peñacastillo, en la calle Carmen Bravo Villasante, a los que tuvo que abonar unos 150.000 euros más las costas procesales.
Actualmente, están pleiteando contra esta sociedad dependiente del Ayuntamiento de Santander los inquilinos de la promoción de 130 VPO ubicada en esta misma zona de la ciudad y inaugurada en el mismo año que la anterior. En su caso, los vecinos demandan a SVS que cumpla la resolución judicial pactada con anterioridad.
Y es que esta comunidad ya denunció en el año 2013 ante la Justicia los problemas en sus inmuebles. En aquel entonces ambas partes alcanzaron un acuerdo judicial -que tiene el mismo valor que una sentencia- mediante el cual la Sociedad de Vivienda y la constructora se comprometían a arreglar los defectos.
Sin embargo, más de dos años después la mayoría de los trabajos de reparación no se han acometido, otros se han hecho de forma incorrecta y, además, han aparecido nuevas patologías, por lo que han decidido reclamar judicialmente la ejecución del acuerdo, explica a este diario el administrador de la comunidad, David Romero.
Defectos por valor de 675.000 euros
Según detalla Romero, ya han presentado un informe pericial con todas las defectos detectados, tanto en las zonas comunes como en el interior de las viviendas, y están a la espera de que el juez envíe un perito judicial.
A lo largo de las 135 páginas que comprenden el estudio elaborado por un arquitecto independiente se recogen abundantes daños que afectan a la estanqueidad de la cubierta y a la habitabilidad y seguridad del edificio, incumpliendo en reiteradas ocasiones el Código Técnico de Edificación, tal y como se hace constar en el informe al que ha tenido acceso este diario.
En total, los fallos de construcción en esta promoción ascienden a algo más de 675.000 euros, según las estimaciones realizadas por este perito, que enumera 40 medidas a acometer para subsanar los desperfectos.
Entre las deficiencias, señala que algunos puntos de la cubierta “carecen de aislamiento”, que la evacuación de aguas es “insuficiente y está mal ejecutada”, que los colectores colgados “producen filtraciones que llegan a inundar garajes y trasteros” y que las tuberías están “inadecuadamente protegidas pudiendo llegar a producir escapes de gas”.
En el interior de los pisos, relata, se manifiestan humedades en “gran número de viviendas”, “filtraciones de aire a través de ventanas, enchufes y persianas”, filtraciones de agua por diversos puntos dependiendo del domicilio afectado, y alicatados de cocinas y baños “incorrectamente colocados”, lo que provoca que las baldosas del suelo se hayan levantado.
“Vamos a por todas”
Los vecinos de Peñacastillo son los que más tiempo llevan bregando con SVS, pero no son los únicos. El mismo camino -el de los tribunales- llevan las comunidades de propietarios de las 78 VPO de La Albericia y otras dos promociones en el Primero de Mayo, que también han tenido que contratar de su bolsillo informes periciales después de años reclamando, sin mucho éxito, una solución a los defectos de construcción.
Un arquitecto externo ya ha revisado una a una las viviendas y los vecinos esperan que la memoria esté lista “en los próximos días”, apunta César, uno de los vecinos afectados deLa Albericia. Una vez que esté finalizada, pondrán el documento sobre la mesa de la SVS a modo de ultimátum: si este organismo municipal continúa ignorándolos, presentarán una demanda. “Ya que de forma amistosa no ha habido nada que hacer, vamos a por todas”, afirma en un palpable tono de frustración.
En esta promoción los defectos de construcción más graves están motivados por los problemas de aislamiento en las ventanas y por las deficiencias en el sistema de extracción de humos. Sobre esto último, señalan que “la normativa establece que tiene que haber un tubo para cada vivienda, pero se ha utilizado uno solo para todas, lo que provoca que los olores de una vivienda pasen a la otra”. Además, “los motores de extracción se han instalado dentro de las chimeneas en lugar de en el exterior del edificio -en el tejado-, de modo que retumban y generan un ruido insoportable, especialmente para los que viven en los áticos”.
También, y al igual que sucede en el resto de promociones de VPO del Ayuntamiento, jamás han funcionado los paneles solares. “Supuestamente íbamos a ahorrar en la factura y, sin embargo, hemos estado pagando un mantenimiento de una instalación que nunca ha funcionado y que continúa sin hacerlo”, denuncia César.
Esos son los defectos más destacados pero luego apuntan que “hay un montón de problemas más pequeños” relacionados con los remates, la fontanería o la electricidad. “Los diferenciales que han instalado son legales pero son de tan baja calidad que muchos vecinos los hemos tenido que cambiar cansados de que los automáticos se estén saltando todo el día”, apunta a modo de ejemplo José Luis, presidente de la comunidad de vecinos. “A nosotros nos dicen que al lado de los de Peñacastillo somos unos privilegiados”, apostilla.
Dos palmos de agua
Justo al lado de la promoción de César y José Luis se encuentra otro inmueble de 45 viviendas protegidas, en el que las inundaciones en los garajes llegan a alcanzar “los dos palmos”. “Sanidad e Industria no nos conceden el permiso de vado porque la planta -2 se inunda”, lamentan sus inquilinos, que el próximo mes de mayo cumplirán un año en el inmueble.
Tampoco se libran de este tipo de deficiencias las últimas promociones promovidas por SVS. En General Dávila, una de las más admiradas por su excelente ubicación en el centro de la ciudad, se les han desprendido varias plaquetas de la fachada coincidiendo con los días en los que el viento ha soplado con más intensidad. Lo último en volar de este edificio que no tiene ni un año de vida ha sido una rejilla de ventilación de tres metros de ancho por uno y medio de alto que estaba situada en el tejado. Por suerte, en ninguno de los casos los objetos impactaron contra ningún viandante.
La calefacción central también está “mal instalada”, ya que “la chimenea es demasiado corta y los áticos no pueden abrir las ventanas porque les entran las ”chinitas“ de pellets”.
Algo similar sucede con el agua caliente. En este caso señalan que la empresa encargada del mantenimiento de la calefacción les ha certificado que la distancia entre los tubos y la caja “es mayor a la reglamentaria”, de modo que “hasta que te llega el agua caliente puedes haber gastado 20 o 30 litros”. Los vecinos también se quejan de que el sistema eléctrico se cae “a poco que sube el consumo de electricidad” y de que “no hay presión suficiente de agua en los pisos más altos”.
Como consecuencia de todos estos problemas, un número considerable de vecinos ha abandonado las viviendas de protección oficial promovidas por el Ayuntamiento de Santander, poniéndolas en venta o bien renunciando al alquiler.
Todos los afectados con los que este diario se ha puesto en contacto coinciden en criticar la “falta de control” y la “desidia” de los responsables de la Sociedad municipal de Vivienda y Suelo, a cuyo frente se encuentran José Antonio Gómez Izaguirre, en calidad de gerente, y Lourdes González González, como directora técnica de vivienda, a quienes reprochan que “se laven las manos” en lugar de reclamar a las constructoras. “Nunca se han puesto del lado de los vecinos”, denuncian.
Por otro lado, destacan que cuando SVS les hace entrega de las viviendas, la comunidad de vecinos se encuentra con que la Sociedad municipal ya les ha dejado contratadas las empresas responsables de los distintos mantenimientos (ascensor, garajes, paneles solares, etcétera), de modo que les dejan “atados de pies y manos”.
Igualmente, la empresa de titularidad municipal determina quién será el administrador de fincas, en muchos casos Andraka, con el que no han tenido muy buena experiencia. De hecho, la mayoría de comunidades han cambiado el administrador tras un comprobar que no había mucho interés por exigir a la promotora que solventase los defectos de construcción. En este sentido, apuntan a una posible connivencia entre SVS y el administrador.