Las cuentas no salen en el seno del Partido Popular en la región: el gerente regional, José Ángel Cañas, que se mantiene imputado por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional (que ha sido puesto no ya en jaque sino directamente en mate, saliendo su plaza en el tribunal a concurso), cobra al año 35.000 euros (14 pagas de 2.500 euros).
El bufete de abogados que defiende a Cañas es el norteamericano Baker & McKenzie, a través de su representación en España del despacho de Ignacio Álvarez-Buylla, que es a su vez, el bufete de abogados más caro del país. El más caro del mundo y de España al servicio del gerente regional del partido que a pesar de ello tiene un muy buen sueldo, pero que cuyos honorarios de estos jueces multiplican varias veces lo que gana oficialmente Cañas en más de un año. Por lo que la pregunta que surge es, ¿quién está pagando los abogados del gerente del PP?
Desde el PSOE de la región preguntan directamente al PP de Castilla-La Mancha si son ellos los que se están encargando de pagar la defensa del imputado gerente del partido porque no encuentran otra explicación. O ellos o el PP nacional, porque es poco creíble que Cañas haya estado durante años guardando su sueldo para poder pagar a estos abogados (salvo que no sea real la cantidad de ingresos que ha dicho tener y sea mucho mayor, tanto para poder permitirse unos abogados del otro lado del charco para cubrir su caso).
A ello hay que sumar que el propio Álvarez-Buylla es el nuevo vocal del Consejo General del Poder Judicial que ha decidido sacar a concurso la plaza del juez Ruz siendo ya abogado defensor de Cañas: es decir, el abogado de un imputado ha podido decidir sobre si el juez que lo acusa puede o no continuar instruyendo el caso. Como era de esperar, así fue como se decidió apartar al juez Ruz del caso, en lo que el PSOE regional considera un claro y manifiesto “conflicto de intereses”.
No se sabe a ciencia cierta cuánto puede ser la minuta de estos abogados, si bien estarían en torno a las seis cifras. O Cañas ha estado guardando los ahorros de su vida para pagarse una futura defensa legal de sus actos (lo que tendría poco sentido ya que según el partido y el propio Cañas todo siempre ha sido legal), o alguien le está pagando su defensa ante la justicia.