Asaja Castilla-La Mancha ha exigido este martes que se elimine la expropiación de tierras de la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra de la Comunidad Autónoma cuyo proyecto aprobó hace unas semanas el Consejo de Gobierno.
Así lo han indicado en rueda de prensa el presidente regional de Asaja en funciones, José María Fresneda, junto a la secretaria provincial de Asaja Toledo, Blanca Corroto, y María Ángeles Rosado, del Comité Ejecutivo regional de Asaja.
Fresneda ha detallado que Asaja se ha reunido con los partidos políticos con representación en el Parlamento regional con el fin de que se modifique esta ley vía enmiendas puesto que la organización no está dispuesta a que recoja “ni una sola medida” que atente contra la propiedad privada de los agricultores.
“Estamos en unos tiempos modernos y no podemos echar mano de las políticas que se hacían hace 50 años en este país porque la sociedad es otra”, ha indicado el presidente regional de Asaja en funciones.
El banco de tierras no es de aplicación
De su lado, María Ángeles Rosado ha subrayado que ante los problemas “muy graves” por los que atraviesa el sector agrario, esta ley viene a crear otros nuevos, por lo que considera que una parte de la misma, la que se refiere al banco de tierras, “no es de aplicación”.
En este sentido, ha argumentado que la ley plantea la creación de un banco de tierras para incorporar a jóvenes agricultores y a mujeres al campo pero ASAJA no está de acuerdo “en la forma y el fondo” por el que se plantea, ya que defiende la propiedad privada frente a las expropiaciones que recoge el texto.
En concreto, apunta la norma que las tierras que no tengan un aprovechamiento agrario óptimo pueden pasar a ese banco mediante una expropiación y de ahí a otras personas, algo que para Asaja lleva consigo “contradicciones insalvables” de las que se deriva “una gran incertidumbre”.
Así, apunta que este hecho atenta contra la Ley de Seguridad Jurídica que recoge la Constitución, socava el derecho a la propiedad privada que también establece la Carta Magna y no tiene en cuenta la Ley del proceso administrativo común porque “obvia” el tramite de audiencia.
Estatuto de la Mujer Rural
Por otro lado, la presidenta de ASAJA Toledo y Asaja Mujeres, Blanca Corroto ha pedido medidas para conciliar y educar en corresponsabilidad en el campo antes que imponer cuotas en los órganos de dirección de asociaciones y empresas agrarias de la Comunidad Autónoma.
En este sentido, han criticado que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, anunciase la semana pasada que quiere modificar la próxima legislatura la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales.
Una modificación que recogerá que asociaciones y empresas se verán en la obligación de incorporar al menos un 40 por ciento de mujeres en sus órganos de dirección, en los consejos rectores de las Cooperativas o en los consejos de administración de las empresas particulares; si no, al menos, el mismo porcentaje de mujeres que tienen en su base social.
Corroto se ha mostrado de acuerdo con el Estatuto de la Mujer Rural pero ha señalado que en la organización tienen problemas y les cuesta mucho conseguir un 40 por ciento de mujeres en órganos de gobierno. “Queremos que se nos considere igual que a otros, en este caso como en las cooperativas”, ha indicado.
En este sentido, ha señalado que están trabajando para incentivar y motivar a que las mujeres den ese paso. “Pero no se puede apuntar a nadie con una pistola sino que tienen que dar el paso voluntariamente”.
Bajo su punto de vista, con la propuesta de Martínez Arroyo lo único que se consigue es que no sea una realidad la incorporación de las mujeres a los órganos de gobierno. “Nosotras no somos mujeres cuota, sino que libremente hemos acudido a los órganos y a los cargos”.
Así, tras dejar claro que en la organización “no hay machismo”, ha considerado que cambiar el Estatuto de las Mujeres Rurales tal y como ha propuesto el consejero es “matar moscas a cañonazos”. “Habrá que ir poco a poco para conseguir esa realidad”, ha agregado.