Reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, “la más importante para el sector de esta legislatura”
El Congreso ha aprobado unos cambios muy demandados por los productores entre los que destaca la prohibición de la venta a pérdidas para todos los eslabones
El Congreso de los Diputados aprobaba esta semana definitivamente la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria, una modificación muy demandada en especial por la parte productora, el eslabón más débil de esta cadena, y “la reforma más importante para el sector agroalimentario de toda la legislatura”, según el ministro de Agricultura, Luis Planas.
La modificación introducía una serie de cambios para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para mejorar su efectividad tras varios años de funcionamiento, así como para transponer la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agroalimentario.
Entre estas modificaciones se ha adoptado la prohibición de la venta a pérdidas en todos los eslabones, incluida la venta final, con la obligatoriedad de recibir un precio superior al coste efectivo de producción, incluyendo todos los costes asumidos para desarrollar su actividad, desde el coste de las semillas, fertilizantes y la energía, hasta trabajos contratados y mano de obra asalariada o aportada por el productor o familiares.
El ámbito de aplicación de la norma abarcará a toda relación comercial mantenida entre operadores establecidos en España que intervengan en la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución, pero también cuando uno de ellos esté en un Estado miembro y no resulte de aplicación otra legislación.
Ganaderos pidiendo precios justos para la leche. FOTO: Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Asimismo, se aplicarán todas las prohibiciones contenidas en la ley, y su correspondiente régimen sancionador, cuando un operador se esté establecido en España y la otra parte en un Estado extracomunitario.
La norma abarca también al canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), que queda sujeto a las nuevas obligaciones, incluyendo a actividades de hostelería y restauración con un volumen de facturación superior a 10 millones de euros, y a partir de 50 millones en el caso a los servicios de alojamientos.
Registro de contratos
Otras de las novedades que impulsa la ley es la creación de un registro digital en el que inscribir los contratos alimentarios que se suscriban con los productores primarios y sus agrupaciones, así como sus modificaciones.
De esta forma, los operadores que compren a los productores estarán obligados a inscribir cada contrato y sus modificaciones antes de la entrega del producto, pudiendo acceder la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y el resto de autoridades competentes al registro para realizar sus comprobaciones pertinentes.
Además, se habilita a las autoridades competentes a acordar y ejecutar medidas provisionales que considere necesarias para asegurar la eficacia de una resolución en caso de detectar indicios claros de vulneración de la ley y un perjuicio constante.
Además. se mejora parcialmente la figura del mediador y se potencia el Observatorio de la Cadena, que ahora recogerá entre sus funciones la de generar informes sobre la formación de precios de los alimentos, especialmente para eslabones distintos al del productor, o la de elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y costes de producción.
También se han introducido algunas otras mejoras como, por ejemplo, una definición concreta del concepto “coste efectivo de producción” en la que se contempla la mano de obra familiar, entre otros aspectos, o la nulidad de las cláusulas de los contratos que se sitúen en fraude de ley.
Planas: “Un antes y un después”
El ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguraba en el Congreso que la reforma de la cadena alimentaria supone “un antes y un después” en la regulación y defendía el avance que supone la reforma, “probablemente la ley más importante para el sector agroalimentario de esta legislatura”, señalaba.
Planas reconocía “por sí sola no va a garantizar que todos los problemas queden resueltos, pero es un instrumento prioritario para garantizar relaciones comerciales a la altura del siglo XXI”.
"Por sí sola no va a garantizar que todos los problemas queden resueltos, pero es un instrumento prioritario para garantizar relaciones comerciales a la altura del siglo XXI"
El ministro de Agricultura ha asegurado que la reforma persigue dar más transparencia a la formación de precios y a las transacciones comerciales en la cadena, lograr un equilibrio entre los tres eslabones --producción, industria y distribución-- y que los productores dispongan de mejores instrumentos de apoyo y protección en sus negociaciones.
Archivo - Votaciones - EUROPA PRESS - Archivo
Así, ha puesto en valor que toda transacción por encima de mil euros esté sujeta a un contrato escrito, se impulse un registro de contratos para ello y se obligue a cubrir los costes de producción de los productores en todos los eslabones, consagrando la prohibición de la venta a pérdidas.
No obstante y aunque se trata de “una modificación profunda” de la ley, el ministro ha advertido que “los efectos tardarán”. “Es un cambio de cultura, es un cambio profundo y necesitaremos tiempo para ver sus primeros efectos”, ha asegurado, señalando por otro lado que existe también “urgencia” ante situaciones como la del sector lácteo, con el que ha dicho que mantiene un diálogo con la confianza de que puedan elevarse los precios que perciben los productores que hagan rentable su actividad.
Los consumidores piden más
Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha lamentado que la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que fue aprobada ayer en el Congreso de los Diputados, no haya introducido la obligatoriedad de que se deba informar del precio de origen de los productos de campo, según un comunicado.
En concreto, la asociación de consumidores había reclamado en varios ocasiones al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Gobierno que regulara un doble etiquetado obligatorio que indicara el precio en origen de los alimentos, además del de venta al público, para permitir a los consumidores conocer bajo qué condiciones y cuánto se está pagando a los productores y así fomentar una compra informada y responsable. En sus aportaciones al anteproyecto de ley, volvió a insistir en la necesidad de esta medida, entre otras.
En este sentido, Facua ha vuelto a incidir en la necesidad de que se dote a los consumidores de mecanismos que les permitan intervenir de forma efectiva en la cadena alimentaria, al poder tomar decisiones informadas sobre los productos que consumen.
Los productores aplauden y exigen
También la parte productora, a través de las organizaciones agrarias, ha celebrado esta aprobación pero piden también acciones concreta.
Así COAG, que ha recalcado la importancia de esta aprobación, señalaba que “estos avances y mejoras no han de quedarse en el papel o en un cajón bajo llave. La situación actual es insostenible, el incremento de costes y la falta de rentabilidad es acuciante para muchas explotaciones y el sector no tiene un minuto más”.
La Coordinadora quiere pide que todas las administraciones implicadas en la aplicación de la ley, tanto a nivel estatal como en los territorios, trabajen para su completo despliegue. “Las personas del sector primario debemos percibir un precio por encima de nuestro coste de producción, como marca la ley y de manera necesaria para poder seguir adelante con nuestras eficientes y sostenibles explotaciones”, subrayaba Miguel Padilla, Secretario General de COAG. “Por ello, además del refuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios, que es crucial y debe seguir produciéndose, así como de los órganos de control de las comunidades autónomas, se deben articular medidas rápidas y urgentes para salvar al sector”.
COAG sostiene que se deben potenciar las inspecciones de oficio por parte de las administraciones frente a las prácticas no permitidas, en el marco de un plan de inspección y control que asegure el cumplimiento inmediato de la ley y que agilice la tramitación de expedientes y la imposición de sanciones, en su caso. El Observatorio de la Cadena estatal y las comunidades autónomas deben implicarse en la realización de estudios de cadena en los distintos sectores y realizar los informes y estudios de cadena recogidos en la ley, así como identificar los índices de precios y costes medios de producción y su evolución.
También UPA ha aplaudido la aprobación de la Ley: “Es un logro histórico de los agricultores y ganaderos de toda España que, con su esfuerzo, sus demandas y sus reivindicaciones durante los últimos años logran así una protección legislativa sin precedentes y que sitúa a España a la vanguardia de la protección del sector productor en Europa”.
Para UPA la clave ahora estará ahora en la labor de vigilancia, control y aplicación de la Ley. Y señalan al sector lácteo como uno de los más críticos en este momento: “Con la nueva Ley los comportamientos de determinados operadores están radicalmente prohibidos. ”Se debe iniciar de inmediato una campaña de control en las industrias lácteas para comprobar que cumplan con el pago de los costes de producción de los ganaderos y verificar que el incremento de precios al consumidor se ha trasladado a los productores“.
UPA ha pedido poner en marcha una campaña de explicación de la nueva Ley, con una campaña de concienciación de todos los agentes de la cadena alimentaria y ha apuntado a la AICA y a las Comunidades Autónomas: “son ellas las que deben vigilar y hacer cumplir la Ley. Ahora tenemos los mecanismos, es el momento de ponerlos a prueba y proteger de una vez por todas a los pequeños y medianos agricultores en España”.