El abogado memorialista Eduardo Ranz ha denunciado al alcalde de la localidad ciudadrealeña de Almadén, Siro Ramiro, por un supuesto delito de prevaricación después del rechazo a la retirada de la medalla de oro a Francisco Franco en el último Pleno municipal con los votos del PP y PSOE. Además, se ha presentado un derecho de petición ante el Ayuntamiento, solicitando la retirada inmediata de honores y distinciones al general golpista.
Ranz explica a eldiarioclm.es que los honores y distinciones como la medalla de oro de Almadén que ostenta Francisco Franco tienen una eficacia jurídica vitalicia, es decir, mientras viven. Tras el fallecimiento de la persona, en el caso de Franco hace mas de 40 años, deben ser retirados. Por eso, explica que el Consistorio incumple el Código Civil, además de la Ley de Memoria Histórica. “Mantener los honores y distinciones, tras el fallecimiento del homenajeado o distinguido, supone una declaración de lesividad contraria a la jurisprudencia, y al Código Civil”, afirma.
Además, el abogado señala que es “impresentable” que en el año 2017 “tengamos que explicar que Francisco Franco es exaltación del franquismo, y sus honores prohibidos por ley”. Los hechos a los que señala Ranz se remontan al último Pleno municipal celebrado en la localidad, cuando Izquierda Unida Almadén presentó una moción para la retirada de la medalla de oro, que fue rechazada tanto por el PSOE como por el PP. Siro Ramiro señaló ante el Pleno que no era el momento de aprobar la propuesta porque hay “500 problemas en este pueblo antes”. No es una cuestión “prioritaria”, sostenía.
Moción por consenso
Este mismo lunes, el alcalde de Almadén señalaba que reunirá a todos los grupos municipales del Ayuntamiento con el fin de diseñar “por consenso” una moción para la retirada de los honores que Franco recibió durante la dictadura. Siro Ramiro ha defendido que ha tratado de evitar que el tema sea motivo de conflicto entre los almadenenses y lamenta que se haya “sacado de contexto” lo ocurrido en el Pleno municipal.
El socialista ha argumentado, además, que la situación se ha provocado debido a un “intento oportunista” de uno de los concejales de Izquierda Unida, “el cual no acudía a los Plenos desde hace un año”, y debido a que no hubo “intento de consenso” con el resto de grupos políticos. En este sentido, ha señalado que se organizará también un grupo de trabajo o una comisión para que Almadén cumpla con la Ley “desde el diálogo y el consenso de todos los grupos municipales”.