La comarca del Ducado y la zona norte de Guadalajara al fin respiran tranquilas tras cuatro años de intensa brega en contra del fracking. Luis Javier López Herguido, portavoz de la Plataforma Antifracking de Guadalajara y principal correa de transmisión de esta reivindicación en la región, sostiene que la Ley aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha para impedir esta técnica de extracción de hidrocarburos “es una noticia fantástica y un paso adelante”. Sin embargo, avisa que el paso definitivo “será cuando el fracking se prohíba en todo el país, algo que es competencia estatal”.
El pasado 9 de marzo fue un día histórico para el norte de Guadalajara, el Campo de Montiel y La Mancha, los territorios sobre los que pesaba como una espada de Damocles la amenaza de la implantación del fracking. Ese día, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron una ley que, en la práctica, impide esta técnica en la región. La votación contó con el apoyo del PSOE y Podemos, y la abstención del PP. “A partir de ahora, Castilla-La Mancha se puede declarar una tierra libre de fracking”, señaló Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
La decisión adoptada en el Parlamento regional supone un giro de 180 grados con relación a la política ejecutada durante la anterior legislatura coincidiendo con el mandato de María Dolores de Cospedal, quien nunca se posicionó en contra de un método de extracción de hidrocarburos ampliamente rechazado por la comunidad científica por sus efectos perniciosos para el entorno.
Una técnica contaminante
La fractura hidráulica es una técnica muy extendida en Estados Unidos y extraordinariamente agresiva para el medio ambiente. Su implementación le ha servido a la primera potencia del mundo para operar en el mercado del petróleo hasta el punto de abaratar las materias primas y competir con los países de la OPEP. Pero las consecuencias físicas de esta práctica son muy nocivas para el medio natural.
Ecologistas en Acción Guadalajara valora positivamente la aprobación de esta norma en Castilla-La Mancha. Su portavoz, Augusto Barcenilla, asegura que “con esta normativa nos consideramos más protegidos”. A su juicio, “el fracking supone una gran contaminación de acuíferos, la devastación del territorio por la necesidad de abrir pozos permanentemente e incluso afecciones a la salud por la acción de los contaminantes químicos. Tan importante es prohibir el fracking como invertir en energías renovables”, advierte Barcenilla. La contaminación acústica, atmosférica y el surgimiento de pequeños movimientos sísmicos completan los efectos de esta técnica, tan pingüe para las empresas del sector como repudiada socialmente.
De ahí que las plataformas contra el fracking de Guadalajara y del Campo de Montiel y La Mancha emitieran recientemente un comunicado expresando su satisfacción por el veto a esta técnica aprobado por las Cortes regionales. Ambas organizaciones animaban a “todos los partidos” a que se sumaran a esta iniciativa, al tiempo que solicitaban al Congreso de los Diputados que aprobaran una ley para prohibir el fracking “en todo el Estado”. Además, y en aras de la misma sensibilidad medioambiental que ha llevado a parar el fracking, pidieron a los grupos con representación parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha la adopción de medidas para no permitir la megaminería de explotación de las tierras raras.
La lucha contra el fracking en Castilla-La Mancha y, particularmente, en Guadalajara, se remonta al 14 de mayo de 2013. Ese día se publicó en el BOE un Real Decreto por el que el Gobierno de Rajoy concedía a la compañía Frontera Energy Corporation el permiso de investigación de hidrocarburos bajo la denominación de Proyecto Cronos. El objetivo era calibrar las posibilidades para la extracción de hidrocarburos en varias zonas de Guadalajara y Soria, y hacerlo a través de la fracturación de capas de roca a más de 2.000 metros de profundidad utilizando agua y una serie de productos químicos de alta toxicidad.
“Lo que intentamos hacer desde el principio fue aglutinar esfuerzos de colectivos de distintos signo política y que la plataforma alcanzara al mayor número de vecinos y pueblos posibles, incluidos los más pequeños”, destaca López Herguido. “En pueblos de 30 habitantes, donde a lo mejor 25 personas nos apoyaban, nos decían: ‘si es que somos muy pocos, nos da vergüenza apoyaros’ Sin embargo, para nosotros ese respaldo fue clave”, añade.
Los movimientos sociales que cuajaron desde ese momento esgrimieron contundentes argumentos de especialistas para cuestionar el fracking. Por ejemplo, según la mayoría de expertos se necesitarían entre 20.000 y 30.000 metros cúbicos de agua por cada pozo excavado, que podrían ser entre 100 y 200. Unas cifras desproporcionadas para la sierra de Guadalajara.
La Plataforma contra el Fracking en Guadalajara se creó el 25 de mayo de 2013. Sus impulsores encontraron un amplio respaldo a sus exigencias salvo en los representantes públicos, del Partido Popular, tanto del Gobierno de la nación como del Ejecutivo regional de entonces. Cabe recordar que la entonces presidenta de la Diputación de Guadalajara y del PP en esta provincia, Ana Guarinos, desdeñó públicamente a los promotores de la plataforma contra el fracking. Aseguró “no entender” sus peticiones y se limitó a recordar que lo que entonces se había autorizado no eran ni siquiera prospecciones, sino la posibilidad de estudiar su implantación.
En realidad, lo que hizo el Gobierno fue poner en el punto de mira a Guadalajara y a La Mancha para el uso de una técnica invasiva, cuyo rechazo social fue creciendo con el paso de los meses. Las movilizaciones cada vez eran mayores y encontraron un eco creciente hasta el punto de que la plataforma de Guadalajara, pese a proceder de una comarca como la del Ducado, muy afectada por la despoblación, logró recabar más de 20.000 firmas. Su lucha fue firme y tenaz. Y fue compartida por decenas de pueblos del norte de Guadalajara, como Luzón, Aguilar de Anguita, Anguita, Alcolea del Pinar, Cobeta, Estriégana, Sigüenza, Luzaga y Molina de Aragón. Sólo los ayuntamientos de Maranchón y Sigüenza, ambos gobernados por el PP, decidieron no secundar esta protesta.
En enero de 2014, los ayuntamientos afectados presentaron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el Alto Tribunal falló a favor del Gobierno en mayo de 2016. Antes, la plataforma constituida en Guadalajara acudió al Congreso para sumarse al resto de colectivos implicados en esta materia en la reunión en la que todas las formaciones del arco parlamentario –excepto PP, PNV y CiU- suscribieron un compromiso contra el fracking.
Cambio político
En todo caso, el punto de inflexión en esta larga marcha contra la técnica de fractura hidráulica llegó en la primavera de 2015, coincidiendo con la campaña a los comicios autonómicos y municipales. Emiliano García-Page, entonces candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, firmó en Sigüenza el compromiso contra el fracking en abril de ese año. Page -al igual que el candidato de Podemos- prometió tumbar esta técnica si ganaba las elecciones. Y fue el vuelco electoral que se produjo en Castilla-La Mancha en mayo de 2015 el que, precisamente, permitió empezar a desandar el camino andado en esta materia.
Ya investido presidente regional, García-Page decidió invitar a las plataformas contra el fracking, la de Guadalajara y las de La Mancha, al Consejo de Gobierno del 29 de septiembre de 2015, en el que se comenzó a elaborar el borrador del proyecto de ley contra esta técnica. Esta norma fue aprobada definitivamente por parte del Gobierno regional en julio del pasado año.
Este cambio en el marco normativo en la región culminó a comienzos de este mes, cuando el consejero de Agricultura confirmó en las Cortes que, en un plazo máximo de 18 meses, la Junta elaborará un plan estratégico que “establecerá las exigencias y la fianza para las empresas interesadas en fracking”. La ley aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha cierra el paso en la práctica al fracking mediante un paquete legislativo orientado a potenciar el uso de energías alternativas.
“Es una ley a favor del uso del agua para aquellos que en nuestra región están todos los días generando riqueza, los agricultores y ganaderos de la región”, aseguró Martínez Arroyo. Además, agradeció el trabajo de los movimientos ciudadanos en Guadalajara, el Campo de Montiel y La Mancha: “Hemos conseguido aunar esfuerzos, generar sinergias y confluir intereses entre la sociedad civil”.
Fidel Paredes, presidente de la Asociación Serranía de Guadalajara y miembro de la plataforma antifracking, advierte de que, en realidad, “no se prohíbe el fracking, sino que se endurecen las condiciones para extraer gas”. Por ejemplo, imponiendo trabas para impedir el paso de la maquinaria pesada que acarrea esta práctica o limitar la infraestructura necesaria para esta técnica en los núcleos urbanos. “La legislación aprobada en Castilla-La Mancha es óptima y está inspirada en la que ya existe en el País Vasco”, añade.
Las plataformas guadalajareña y manchegas se muestran ahora satisfechas, pero cautas. La normativa castellano-manchega colma sus aspiraciones, aunque el marco legal que rige en todo el Estado sigue dando vía libre al fracking. Por ello, las exigencias que plantean los movimientos que abanderan el veto a esta técnica en todo el territorio nacional han empezado a cuajar en el Congreso. Por el momento, dos proposiciones no de ley presentadas por el PSOE y Unidos Podemos serán debatidas en los próximos meses en la Cámara Baja. Cuentan, en principio, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP.
La culminación de los colectivos antifracking, en Castilla-La Mancha y en el resto del país, llegará cuando estas iniciativas en el Congreso terminen dando sus frutos. Pero, de momento, los miembros y entidades que han vertebrado estas plataformas en Guadalajara, Campo de Montiel y La Mancha tienen motivos para creer que su esfuerzo no ha sido en balde. Al menos por ahora, la amenaza del fracking ha sido desactivada.