El derecho a la vivienda #NoSeVende. Es el lema con el que Amnistía Internacional Castilla-La Mancha ha salido a la calle para exigir al Gobierno central la adopción de un Protocolo Marco sobre desalojos orientado a asegurar alternativas de vivienda a las personas que no dispongan de recursos, tal y como Naciones Unidas le acaba de exigir.
Asimismo, reclama un aumento de recursos para ampliar el parque de vivienda social y proporcionar ayudas adecuadas a la vivienda. Los actos de calle se han realizado este sábado a mediodía en Ciudad Real y en Talavera de la Reina, mediante la recogida de firmas.
Esta movilización de Amnistía Internacional ha estado precedida por una reunión con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la que se ha analizado cómo la crisis del derecho de la vivienda no ha terminado en España.
“No solo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión”, afirman desde la organización.
Explica este colectivo que desde el comienzo de la crisis económica en 2008, cientos de miles de personas han perdido su hogar en España. Tan solo en 2016 hubo 34.193 desahucios de viviendas en alquiler en España (1.018 en Castilla-La Mancha), además de 26.397 desalojos hipotecarios (1.251 en Castilla-La Mancha), mientras que la vivienda social ocupa solo el 2% del total del parque de viviendas, por lo que en la mayoría de los casos, las personas que se enfrentan a un desalojo no cuenta con una vivienda social.
De hecho, Amnistía Internacional hace hincapié en que casi una década después del inicio de la crisis, el Gobierno español no ha adoptado medidas orientadas a reforzar las garantías de protección del derecho a la vivienda adecuada, o a garantizar los derechos de las personas afectadas, especialmente aquellas en situación de marginación y discriminación.
“En un momento de creciente demanda de vivienda social, las autoridades han procedido a adoptar medidas regresivas sin ningún tipo de justificación, con una reducción de un 70,4% del presupuesto público español para el acceso a la vivienda y fomento de la edificación desde 2009”, denuncia.