Aprobada la propuesta de ley anti-ocupas de Castilla-La Mancha antes de su propia normativa de vivienda y sin apenas datos oficiales de incidencia

En menos de tres meses ha recibido luz verde del Consejo de Gobierno, se ha tramitado en las Cortes regionales y se ha aprobado en pleno la proposición de ley contra la ocupación ilegal de viviendas con la que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha querido izar bandera en este debate a nivel estatal. El Parlamento autonómico la ha aprobado con los votos a favor PSOE y Ciudadanos. El PP, aunque en un principio todo indicaba que la respaldaría, finalmente se ha abstenido por no haberse admitido algunas de sus enmiendas. Al ser proposición de ley dirigida al Gobierno central, ahora se remitirá al Congreso para su tramitación, ya que incluye competencias estatales. Es decir, es una propuesta que la Junta hace a Moncloa.

El propio Ejecutivo castellanomanchego reconoció en su momento que no hay cifras concretas sobre la incidencia de la ocupación ilegal en la región. Las únicas cifras oficiales las aportó hace dos meses el delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca: el 90% de las viviendas ocupadas de manera ilegal en Castilla-La Mancha son propiedad de bancos o fondos buitre y tan solo el 15% de los propietarios afectados formaliza una denuncia o manifiesta expresamente la oposición a esa ocupación.

En la propuesta aprobada se hace referencia a los desahucios y a las ayudas de acceso a la vivienda para reducir la ocupación por parte de personas en situación de vulnerabilidad, pero mientras, sigue en espera el anteproyecto de Ley de Vivienda que el Ejecutivo regional comenzó a preparar hace más de cinco años y donde se ofrecen soluciones a estas cuestiones.  

La defensa de esta proposición de ley, denominada “de medidas Integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal” la ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista por boca de la diputada María Isabel Sánchez Cerro. Entre los cambios que registra se encuentra la transformación para considerar la ocupación ilegal de viviendas un delito grave, proponiendo un endurecimiento de las penas hasta tres años -en caso de uso de la violencia o intimidación- y multa de hasta doce meses -en caso de ocupación pacífica no consentida-, así como el aumento del tiempo de prescripción del delito de uno a cinco años, ya que el actual plazo de un año acarrea en múltiples ocasiones que el delito quede sin castigo, por haber prescrito. Asimismo, recoge la tramitación por juicio rápido de las ocupaciones, la facultad de la policía para poder denunciar ante el Juzgado con el atestado de la ocupación y el ‘desalojo exprés’, con un plazo de 48 horas para que los juzgados deban acordar el desalojo del ocupa.

Aumento de agravantes

La iniciativa legislativa contempla un aumento de los agravantes con sanciones para la utilización de las viviendas ocupadas para la comisión de otro tipos de delitos graves, como puedan ser la explotación laboral y sexual de personas; actos de prostitución y de explotación sexual y corrupción de menores; la elaboración, distribución y venta de sustancias estupefacientes; la ocultación de material robado o su receptación; el uso de fuerza en las cosas; o la reincidencia del autor o autores de la ocupación ilegal. La propuesta ha incluido en su tramitación una disposición adicional para publicar ayudas públicas de acceso a la vivienda en el objetivo de evitar desahucios.

En este objetivo de combatir el supuesto aumento de la ocupación ilegal, acompañan a la Junta tanto Ciudadanos como el PP, los partidos que tienen representación parlamentaria junto con el PSOE. En Cs, su portavoz parlamentario, Alejandro Ruiz, durante su intervención en el pleno ha dicho que es un día de “enhorabuena” por la aprobación del texto, retirando parte de sus enmiendas vivas para el texto y pactando el resto con el Grupo Socialista. El diputado ha insistido en la necesidad de agravar las penas para “los jetas, los caraduras y los delincuentes” que “son aquellos que tenemos que castigar”. Ha reconocido “la ocupación por necesidad” pero también la necesidad de “luchar contra las mafias que juegan con viviendas vacías”. “La espinita que se queda clavada es que no va a ser muy bien recibida a nivel nacional debido a los socios del Gobierno central (en referencia a Podemos). Todo ello pese a que es una ley social y esperamos que esa forma de entender el socialismo se imponga a nivel nacional”, ha concluido.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, la diputada Ana Guarinos se ha mostrado convencida de que si hay un problema que preocupa a la ciudadanía especialmente en los últimos años, es la ocupación de vivienda. “Podemos pensar que hay personas que ocupan por situación de vulnerabilidad pero no podemos admitir que sea el propietario el que deba dar solución a ese problema, ya que debe ser la administración”.

Dicho esto, ha ofrecido una serie de cifras sin mencionar la fuente: ha dicho que hasta septiembre de este año se han producido 467 ocupaciones y que Castilla-La Mancha es la quinta comunidad autónoma española con mayor número de estas acciones hasta septiembre. También ha criticado que el Gobierno regional no haya dado trámite a la proposición de ley que también presentó el PP para que ambas propuestas se debatieran conjuntamente, “que hubiera sido lo deseable”. Finalmente, este partido ha optado por la abstención y no se ha sumado al acuerdo final por no admitirse las enmiendas que endurecían el texto, como rebajar a 12 horas el plazo para el “desalojo exprés” de los ocupas, el no considerarlos “moradores” de la vivienda y la ejecución inmediata de desahucio para estas personas.

Finalmente ha intervenido el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha recalcado que la aprobación del texto puede ser un paso “histórico”, situando a Castilla-La Mancha “en la punta de lanza de la defensa de la justicia, de los derechos de los ciudadanos y de los que peor lo están pasando”. “Las familias trabajadoras son las verdaderas víctimas de la ocupación ilegal, no es algo que pase en Pozuelo, en Somosaguas y en Galapagar. La defensa de la propiedad privada es especialmente progresista, porque defiende al que menos tiene”, ha subrayado. Por eso, ha defendido que tan víctima es quien sufre un desahucio injusto como quien tiene que convivir con la ocupación ilegal.

Se da la circunstancia de que, mientras, sigue en ‘stand by’ el anteproyecto de Ley regional de Vivienda que comenzó su elaboración hace cinco años: alguno de sus objetivos son frenar los desahucios, dar más competencias a los ayuntamientos para la oferta de vivienda pública y modificar el régimen de vivienda protegida. En este borrador que sigue sin aprobarse se recogen una serie de medidas que después han sido modificadas debido a la situación en el Gobierno central y a la espera del Plan estatal de Vivienda. Sus objetivos iniciales eran ofrecer más alternativas para evitar desahucios en la comunidad autónoma, modificar los sistemas de protección y dar más capacidad a los ayuntamientos para ejercer competencias en vivienda y poder aumentar su oferta pública, sin la rigidez actual.

La última mención a la misma que hizo el consejero de Fomento fue en una entrevista con elDiarioclm.es el pasado mes de julio. Afirmó que hay un equipo de técnicos trabajando sobre ello y “vamos a ver por dónde tira el Ministerio”. La propia Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha apremió en su momento a la aprobación de la misma. Consideraba, de hecho, que aunque esta ‘segunda vuelta’ tomaría su tiempo, era importante abordar y aprobar este proyecto de ley “con urgencia y cuanto antes” porque “hay muchos ayuntamientos que tienen la necesidad acuciante de empezar a regular determinadas cuestiones como el parque de viviendas vacías, especialmente en zonas como La Sagra y el Corredor del Henares”.